Los guerrilleros usaron explosivos para derribar la puerta e ingresar a la vivienda del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar. En una de las paredes pintaron un grafito que dice “comando james”, en referencia al “James Pata mala”, segundo comandante de la Teófilo Forero abatido por la fuerza pública en noviembre
Parecía una noticia del pasado. Un comando de las Farc, disfrazado de Ejército, ingresó a Florencia, Caquetá, y a punta de bala y dinamita franqueó la seguridad de la casa del gobernador, Luis Francisco Cuéllar, en el corazón de la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, y sin que las autoridades pudieran reaccionar, las Farc se lo llevaron secuestrado en una camioneta hacia las selvas tupidas del Caguán. La temeraria incursión urbana recordó la capacidad de daño que tiene todavía la guerrilla, y dejó al desnudo una gran fisura en la seguridad del departamento. Esta es la acción más desafiante que han perpetrado las Farc durante el gobierno Uribe, después del atentado al club El Nogal en la capital del país.A las 10:30 de la noche de ese 21 de diciembre, minutos después del secuestro, se inició la movilización de tropa más grande de los últimos meses. Apenas el presidente Álvaro Uribe fue informado del ataque guerrillero ordenó que se hiciera una operación candado. Cerrar todas las salidas de Florencia usando, de ser necesario, todos los militares y policías de Caquetá y departamentos cercanos, así como comandos especializados en rescates y misiones antiterroristas. La cúpula militar y la de Policía en pleno se pusieron al frente de las operaciones.
Los detalles de lo ocurrido esa noche eran una especie de déjà vu para muchos de los oficiales que estaban al frente de la persecución. Esa noche el gobernador estaba junto a su esposa, Imelda Galindo, en la habitación principal de su casa, en el barrio Pablo VI en el centro de Florencia. La pareja estaba en pijama y se alistaban para dormir cuando sintieron un fuerte estruendo que sacudió la vivienda de tres pisos y quebró todas las ventanas. "Es un atentado mija, tírese al piso", fueron las últimas palabras que Cuéllar le alcanzó a decir a su mujer, antes de que dos hombres irrumpieran violentamente al cuarto en donde estaba la pareja. Sin mediar palabra, uno de ellos levantó al gobernador y, aún descalzo, a empellones, dando tumbos por las escaleras, se lo llevaron. Algo muy similar a lo que la columna móvil Teófilo Forero de las Farc había hecho en 2001 en el Edificio Miraflores, de Neiva, cuando secuestró a 12 personas. Los guerrilleros habían llegado hasta la vivienda del gobernador en una camioneta blanca, impecablemente vestidos con camuflados nuevos y con insignias del Gaula del Ejército. Una estratagema que habían usado en otras ocasiones, como en el secuestro de los 12 diputados del Valle en 2002, en pleno centro de Cali. Los secuestradores mataron a sangre fría al policía que estaba apostado en la entrada de la casa e intercambiaron algunos disparos con otra patrulla. No hubo más resistencia en su retirada. Los guerrilleros escaparon con su 'botín'. En una de las paredes de la vivienda quedó pintado un grafito que decía "comando james", como reivindicación de 'James Patamala', segundo comandante de la Teófilo Forero, muerto a mediados de noviembre durante un asalto de las fuerzas militares y la Policía a su campamento. Cuéllar era un hombre de 69 años de edad que tenía serios quebrantos de salud: sufría de diabetes y tenía una lesión en la columna y en una de sus piernas, lo que le dificultaba caminar. La presión de las tropas complicó el repliegue, por lo que los insurgentes decidieron abortar el secuestro y matar al gobernador. Lo degollaron, para no llamar la atención con los disparos. A las 6 de la tarde del martes, el cuerpo del gobernador yacía sin vida en un camino, con explosivos amarrados alrededor. Pero el hallazgo del cadáver no significó el fin de la operación. El presidente Álvaro Uribe les ordenó a altos mandos de policía y militares mantener la presión hasta dar con los responsables.
Iván Márquez, miembro de las Farc, durante un encuentro a finales del año pasado con el presidente Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores, en Venezuela.
Las Farc le dieron una puñalada en el corazón a la Seguridad Democrática. Pero también mostraron que no tienen el margen de maniobra que tuvieron en otros tiempos. Tuvieron la audacia de incursionar en una capital y atentar contra una de las instituciones políticas más importantes del Caquetá, pero no lograron su cometido, que era mantener al gobernador en cautiverio.
¿Qué significa este ataque?
Lo sorprendente de este episodio no puede llevar a análisis extremistas. A pesar del triunfalismo que se ha expresado en algunos sectores, es claro que se han hecho enormes avances en seguridad, pero las Farc no están derrotadas, y que a lo largo de la era Uribe han hecho atentados esporádicos de mediana envergadura. Prueba de ello han sido el asesinato de Liliana Gaviria en Pereira, hermana del ex presidente Gaviria, el secuestro a varios concejales y las emboscadas a varias unidades militares y de policía.
Con estas acciones las guerrillas buscan mantenerse vigentes y demostrar que están vivas y siguen siendo una amenaza. Por eso acuden a golpes urbanos de alto impacto mediático, que cambien la percepción de que son una guerrilla debilitada. Debido a su acorralamiento estratégico y militar han tratado de acudir a golpes sicológicos que afecten el estado de ánimo de los colombianos, como secuestros o asesinatos de personalidades, contra ministros o periodistas, pero no han logrado llevarlos a cabo gracias al buen trabajo de inteligencia de las autoridades en los grandes centros urbanos. Sin embargo, seguirán intentándolo.
El secuestro y la muerte del gobernador Cuéllar no prueban tanto la fortaleza de las Farc, como las fisuras en su modelo de seguridad.
Varias alarmas quedan encendidas.
La primera es que una semana antes del secuestro de Cuéllar varios organismos de inteligencia tenían información de que la guerrilla estaba planeando una acción terrorista en Florencia. Los análisis se encaminaron a creer que se podría tratar de un atentado durante el consejo comunitario que se realizaría en esa ciudad el sábado 19 de diciembre, al que asistiría el Presidente. Una vez pasó ese evento, las autoridades se 'relajaron'.
Igual de inquietante es que, a pesar de haber sido secuestrado en cuatro oportunidades y ser el gobernador de un departamento, Cuéllar contaba con un precario esquema de seguridad por parte de la Policía, el cual terminó reducido a un patrullero de esa institución que cuidaba la casa del mandatario en las noches. Tampoco parece haber una buena coordinación entre Policía y Ejército. Sin duda, si algo hicieron bien las Farc fue estudiar las debilidades.
Pero quizás el mayor interrogante es sobre la consolidación de la Seguridad Democrática. Caquetá ha sido el epicentro del Plan Patriota desde 2004, cuando llegaron 17.000 soldados, dotados con todos los recursos aéreos y tecnológicos para disputarle a la guerrilla el Caguán y los Llanos del Yarí. Un lustro después, el balance tiene luces y sombras.
Si bien las Fuerzas Armadas tienen fuerte presencia en la zona, la guerrilla mantiene un acoso que en 2009 se agravó. En este año, por ejemplo, fue asesinado un ex alcalde de Puerto Rico a unos cuantos metros del comando de la Policía; hace pocas semanas el comandante de la Policía de Solita fue asesinado por un sicario que incluso se llevó su arma de dotación; en San Vicente del Caguán hace cuatro meses intentaron secuestrar al alcalde y han vuelto los retenes de la guerrilla en la carretera principal; en todo el departamento las Farc declararon objetivo militar a los concejales, y por primera vez en décadas la multinacional Nestlé tuvo que restringir sus actividades por los atentados de la guerrilla. "La gente ha vuelto a hacer las romerías de antaño a pagar la vacuna", dijo además un habitante de la zona.
La pregunta de fondo es si se está revirtiendo la tendencia de seguridad que se vivió en años pasados, tal como lo señaló la Corporación Nuevo Arco Iris en su informe de este año. Si se llegó a un punto en el que la presencia militar en sí misma, y la captura, la desmovilización y la muerte de guerrilleros no significan el fin de la insurgencia. Quizás hay un déficit mayor de otras instituciones -como la justicia- o el Estado no ha logrado suficiente conquista de 'las mentes y corazones' de la población. En todo caso, hay un interrogante de fondo que le queda planteado al gobierno, sea que logren o no dar con el comando que secuestró y mató al gobernador, y es que no sólo hay que recuperar el monopolio de la fuerza sino la legitimidad del Estado.
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