"ARMAMENTO PARA DEFENDER SOBERANÍA ES PRIORIDAD PARA COLOMBIA"

El “centro de pensamiento estratégico” del Ministerio de Defensa de ese país se ocupó de analizar los retos y amenazas para la Fuerza Pública en los próximos años

El diario colombiano El Tiempo, publica este lunes un informe de la Dirección de Estudios Sectoriales del Ministerio de Defensa de ese país, donde este organismo expone que para la defensa de la soberanía nacional la prioridad es la adquisición de armamento.

El documento, de acceso abierto, promete generar polémica porque dice que hay "aspiraciones expansionistas ideológicas y territoriales" que amenazan a Colombia, sin mencionar directamente a ninguno de los vecinos.

Fue entregado en octubre pasado y refleja hasta dónde llega la preocupación del Gobierno por la posibilidad de una agresión externa. A ese tema, mencionando en concreto a Venezuela, se ha referido el ministro Gabriel Silva en entrevistas y declaraciones públicas en el último mes.

"Teniendo en cuenta el cambio en el entorno estratégico regional, la tendencia a la polarización política y las aspiraciones expansionistas manifestadas por algunos países, tanto en términos ideológicos como territoriales, surge la necesidad de hacer un mayor énfasis en la protección de la soberanía nacional", dice el informe.

Y agrega que "es previsible que actores externos aprovechen elementos remanentes de la confrontación armada interna para adelantar sus acciones" en contra de la soberanía colombiana.

Según los analistas del Ministerio de la Defensa, si la inversión en seguridad cae o no se hacen de aquí al 2014 las adquisiciones necesarias para enfrentar los que llaman "cambios en el escenario regional", el peligro es latente: "Frente a un contexto hemisférico cambiante, el país asume un riesgo al no fortalecer su capacidad disuasiva. Los costos de un conflicto externo son mucho más altos que el costo de esa capacidad".

Una de sus proyecciones calcula que si hubiera guerra con un vecino, en un solo año el gasto en seguridad se dispararía al 11,5% del PIB (unos $25 millones del 2007), sin tener en cuenta los costos colaterales, mientras que una estrategia de disuasión efectiva costaría una tercera parte de esa plata.

Se trata de un documento académico en cuya elaboración tomaron parte "destacados representantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional". Lo hizo la misma Dirección encargada de consolidar las estadísticas oficiales del sector de la Defensa.