Ante la polémica en Argentina por la aprobación de la nueva ley de medios audiovisuales, la Sociedad Interamericana de Prensa repudió el “clima politizado”, además criticó de la legislación, la entrega al Estado de un amplio poder discrecional
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lamentó este martes el "clima polémico y politizado" que rodeó este fin de semana en Argentina la aprobación de la nueva ley de medios audiovisuales de ese país.
En ese sentido, la SIP, con sede en Miami, se quejó de que no se haya legislado sobre el abuso del Estado en materia de distribución de publicidad oficial como había demandado la Corte Suprema de Justicia en un fallo.
La SIP expresó su solidaridad con las "entidades periodísticas y medios que criticaron varias normas de la nueva legislación", especialmente aquellas que entregan al Estado un amplio poder discrecional para controlar la actividad del periodismo.
El Estado, continuó la SIP, dispondrá de un "órgano con la mayoría de representantes del poder ejecutivo" y tendrá la "potestad de revisar las licencias cada dos años".
Entre otros puntos polémicos de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales, aprobada el 10 de octubre con 44 votos a favor y 24 en contra en la Cámara del Senado, figura la regulación de los canales de televisión por cable y el otorgamiento de parte del Gobierno de licencias en aquellas ciudades con poblaciones mayores a 500.000 habitantes del interior del país.
El "apresuramiento" y la politización en torno a la aprobación de la nueva norma podría ser la razón de la "inexistencia de un diálogo profundo entre los políticos y los dirigentes gubernamentales", dijo el presidente de la SIP, el colombiano Enrique Santos Calderón.
En su opinión, se observó mucha diligencia para "castigar" a los medios, pero "muy poca para que se visualice el papel del Estado en el manejo de la información y en su papel de ordenador".
Santos Calderón, del diario El Tiempo de Bogotá, hizo así referencia a la exclusión de normas que regulen en materia de publicidad oficial, algo que desconoce las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia.
En un fallo de 2007, la Corte Suprema estableció que el Gobierno no puede utilizar los recursos públicos para premiar o castigar a los medios de comunicación, pidiendo legislación al respecto.
Santos Calderón agregó que es "triste que el clima polémico y politizado haya desvirtuado el sentido de una legislación, que terminó siendo revanchista, olvidándose de la pluralidad pregonada".
Así, aseguro que queda la sensación de "ésta fue una legislación contra los medios, no una regulación que defienda el derecho a la comunicación del público".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, del periódico estadounidense San Antonio Express-News, mencionó que la SIP se mantendrá "alerta sobre la situación".
Adelantó que representantes de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA), y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otras organizaciones nacionales, podrán seguir debatiendo este tema en la asamblea general que la institución hemisférica realizará del 6 al 10 de noviembre próximos en Buenos Aires.
"No puede haber verdadera pluralidad si no se incluye la libertad de empresa y otros estándares internacionales en materia de libertad de prensa", concluyó Rivard.
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