La unidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) parece haber sufrido un notable quiebre este lunes al no llegar a un acuerdo sobre si reconocer o no el resultado de las venideras elecciones en Honduras.Tras varias horas de discusiones, el Consejo Permanente de la OEA no pudo suscribir una resolución expresando su posición sobre los últimos acontecimientos en la crisis política de Honduras.
La sesión especial del Consejo fue convocada originalmente para rechazar la expulsión de varios integrantes de una avanzada de la OEA que debía preparar una eventual visita de una comisión ministerial del organismo.
Pero la reunión, que se esperaba que durara pocas horas, terminó mostrando algunas diferencias entre los países sobre qué pasos tomar para manejar la crisis hondureña y, sobre todo, el resultado de las elecciones convocadas para noviembre.
En la sesión de este lunes se cuestionó incluso la capacidad de la organización de mantener un rol decisivo en la situación.
Al final, los 33 países miembros no pudieron llegar al consenso pese a que todos expresaron tanto su rechazo a la expulsión como su "preocupación" por las medidas de excepción adoptadas por el gobierno interino que preside Roberto Micheletti.
Algunos países como Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú rechazaban que en la resolución que discutían quedara explícita una posición respecto al resultado de las elecciones programadas para noviembre y que ya muchos miembros han asegurado que no reconocerán.
El embajador de Argentina, País aliado diplomática y comercialmente de la Venezuela de Hugo Chávez, Rodolfo Hugo Gil, dijo que su gobierno no convalidaría que las elecciones fueran organizadas por un régimen golpista y pidió a la OEA enviar un mensaje “muy claro”.
Países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela cuestionaron que la organización estuviera siendo “tímida” en la manera como se había redactado el texto.
En un punto el embajador de Nicaragua, Dennis Moncada, cuestionó lo que llamó la “doble diplomacia” de EE.UU, país al que acusó de alentar al gobierno interino de Roberto Micheletti.
Previamente el representante de EE.UU., Lewis Amselem, había cuestionado a Micheletti por “insultar a la comunidad internacional”, pero también cuestionó por “irresponsable” el que Zelaya regresara a Tegucigalpa.
Las divisiones empezaron a aflorar de tal manera que el presidente del Consejo, el embajador Pedro Oyarce, tuvo que recordar a los delegados la importancia de no perder el momento político y ofrecer una posición que no comprometiera la unidad de la organización.
La OEA aspiraba emitir un texto que advirtiera a Tegucigalpa que el estado de excepción resta aún más legitimidad a las elecciones convocadas para noviembre, con las que algunos esperan resolver la crisis política.
Las diferencias forzaron a que se reuniera en privado una comisión delegada para hacer las reformas al documento. Cuando se reanudó la sesión al final de la tarde, la delegación de Brasil lamentó lo que consideró un documento “con buenas intenciones” pero que “no aporta nada nuevo”.
Adicionalmente Brasil, en cuya embajada está “refugiado” desde la semana pasada el depuesto Zelaya, pidió que se convoque a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.
El gobierno brasileño considera que la “amenaza” que existe de una posible irrupción en su embajada en Tegucigalpa constituye una “amenaza a la paz internacional” y que el gobierno de Micheletti “no tiene ninguna disposición de negociar”, según dijo el embajador brasileño ante la OEA, Rui Casares e Silva.
“No me cabe duda de que existen las condiciones para decir que hay una amenaza a la paz internacional y en este contexto la comunidad internacional debe responder de manera inequívoca, de forma absolutamente tajante”.
Sin embargo, el secretario Insulza aseguró que la crisis hondureña es una problema de restablecimiento de la democracia, para lo cual considera que la OEA es la “única” organización de su tipo que tiene mecanismos para su manejo.
Al final de la jornada la OEA presentó a la prensa una “declaración” del presidente del Consejo Permanente y el Secretario General asegurando que “se mantienen atentos a la evolución de la crisis política en ese país” y exigieron “respeto” a la integridad de la embajada de Brasil.
El embajador Pedro Oyarce y el secretario Insulza "deploraron" el rechazo sufrido por su delegación en Honduras, en una declaración que coincidió con el texto de la declaración que había discutido el Consejo.
Durante un receso en los contactos diplomáticos del lunes, el secretario Insulza reconoció a la prensa que la vuelta de Zelaya a Honduras “aumentó la tensión”, pero afirmó que al mismo tiempo abrió un camino para negociar la salida a la crisis.
“Hay un camino de ruptura, reconozcámoslo, no es una buena situación, pero espero que esa situación se rompa bajo la base de que las partes busquen una negociación”, afirmó Insulza, quien aceptó que esa última alternativa estaba en punto muerto.
Más temprano, el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, había dicho que el regreso de Zelaya había sido una movida “irresponsable”.
Pero para Insulza la tensión es buena, y aseguró que “esta situación no va a durar así dos meses más”, afirmando que el gobierno interino cederá a la presión internacional y al hecho de que ninguna otra nación lo ha reconocido.
También desde Washington, el grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch exigió al gobierno interino de Honduras “derogar de inmediato” el decreto de emergencia y eliminar las trabas a la libertad de prensa.
Dos medios considerados como favorables al depuesto presidente Manuel Zelaya, la emisora Radio Globo y el canal de televisión Cholusat Sur, fueron ocupados en la mañana del lunes por fuerzas de seguridad y ordenaron el cese de sus transmisiones.
La medida de excepción dictada por el gobierno hondureño prohíbe la incitación a la violencia, la ofensa a los funcionarios públicos y autoriza el uso de la fuerza pública para lograr su acatamiento.
La sesión especial del Consejo fue convocada originalmente para rechazar la expulsión de varios integrantes de una avanzada de la OEA que debía preparar una eventual visita de una comisión ministerial del organismo.
Pero la reunión, que se esperaba que durara pocas horas, terminó mostrando algunas diferencias entre los países sobre qué pasos tomar para manejar la crisis hondureña y, sobre todo, el resultado de las elecciones convocadas para noviembre.
En la sesión de este lunes se cuestionó incluso la capacidad de la organización de mantener un rol decisivo en la situación.
Al final, los 33 países miembros no pudieron llegar al consenso pese a que todos expresaron tanto su rechazo a la expulsión como su "preocupación" por las medidas de excepción adoptadas por el gobierno interino que preside Roberto Micheletti.
Algunos países como Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Costa Rica y Perú rechazaban que en la resolución que discutían quedara explícita una posición respecto al resultado de las elecciones programadas para noviembre y que ya muchos miembros han asegurado que no reconocerán.
El embajador de Argentina, País aliado diplomática y comercialmente de la Venezuela de Hugo Chávez, Rodolfo Hugo Gil, dijo que su gobierno no convalidaría que las elecciones fueran organizadas por un régimen golpista y pidió a la OEA enviar un mensaje “muy claro”.
Países como Guatemala, Nicaragua y Venezuela cuestionaron que la organización estuviera siendo “tímida” en la manera como se había redactado el texto.
En un punto el embajador de Nicaragua, Dennis Moncada, cuestionó lo que llamó la “doble diplomacia” de EE.UU, país al que acusó de alentar al gobierno interino de Roberto Micheletti.
Previamente el representante de EE.UU., Lewis Amselem, había cuestionado a Micheletti por “insultar a la comunidad internacional”, pero también cuestionó por “irresponsable” el que Zelaya regresara a Tegucigalpa.
Las divisiones empezaron a aflorar de tal manera que el presidente del Consejo, el embajador Pedro Oyarce, tuvo que recordar a los delegados la importancia de no perder el momento político y ofrecer una posición que no comprometiera la unidad de la organización.
La OEA aspiraba emitir un texto que advirtiera a Tegucigalpa que el estado de excepción resta aún más legitimidad a las elecciones convocadas para noviembre, con las que algunos esperan resolver la crisis política.
Las diferencias forzaron a que se reuniera en privado una comisión delegada para hacer las reformas al documento. Cuando se reanudó la sesión al final de la tarde, la delegación de Brasil lamentó lo que consideró un documento “con buenas intenciones” pero que “no aporta nada nuevo”.
Adicionalmente Brasil, en cuya embajada está “refugiado” desde la semana pasada el depuesto Zelaya, pidió que se convoque a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.
El gobierno brasileño considera que la “amenaza” que existe de una posible irrupción en su embajada en Tegucigalpa constituye una “amenaza a la paz internacional” y que el gobierno de Micheletti “no tiene ninguna disposición de negociar”, según dijo el embajador brasileño ante la OEA, Rui Casares e Silva.
“No me cabe duda de que existen las condiciones para decir que hay una amenaza a la paz internacional y en este contexto la comunidad internacional debe responder de manera inequívoca, de forma absolutamente tajante”.
Sin embargo, el secretario Insulza aseguró que la crisis hondureña es una problema de restablecimiento de la democracia, para lo cual considera que la OEA es la “única” organización de su tipo que tiene mecanismos para su manejo.
Al final de la jornada la OEA presentó a la prensa una “declaración” del presidente del Consejo Permanente y el Secretario General asegurando que “se mantienen atentos a la evolución de la crisis política en ese país” y exigieron “respeto” a la integridad de la embajada de Brasil.
El embajador Pedro Oyarce y el secretario Insulza "deploraron" el rechazo sufrido por su delegación en Honduras, en una declaración que coincidió con el texto de la declaración que había discutido el Consejo.
Durante un receso en los contactos diplomáticos del lunes, el secretario Insulza reconoció a la prensa que la vuelta de Zelaya a Honduras “aumentó la tensión”, pero afirmó que al mismo tiempo abrió un camino para negociar la salida a la crisis.
“Hay un camino de ruptura, reconozcámoslo, no es una buena situación, pero espero que esa situación se rompa bajo la base de que las partes busquen una negociación”, afirmó Insulza, quien aceptó que esa última alternativa estaba en punto muerto.
Más temprano, el representante alterno de EE.UU. ante la OEA, Lewis Amselem, había dicho que el regreso de Zelaya había sido una movida “irresponsable”.
Pero para Insulza la tensión es buena, y aseguró que “esta situación no va a durar así dos meses más”, afirmando que el gobierno interino cederá a la presión internacional y al hecho de que ninguna otra nación lo ha reconocido.
También desde Washington, el grupo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch exigió al gobierno interino de Honduras “derogar de inmediato” el decreto de emergencia y eliminar las trabas a la libertad de prensa.
Dos medios considerados como favorables al depuesto presidente Manuel Zelaya, la emisora Radio Globo y el canal de televisión Cholusat Sur, fueron ocupados en la mañana del lunes por fuerzas de seguridad y ordenaron el cese de sus transmisiones.
La medida de excepción dictada por el gobierno hondureño prohíbe la incitación a la violencia, la ofensa a los funcionarios públicos y autoriza el uso de la fuerza pública para lograr su acatamiento.
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