La Justicia argentina accedió a la declaración que realizó en Alemania, como testigo encubierto, un ex directivo de Ferrostaal, empresa que supuestamente le habría pagado sobornos a funcionarios argentinos para obtener contratos.
Según la denuncia, Ferrostaal, una compañía constructora de barcos y submarinos, pagó una comisión de 3,5 millones de euros (US$ 4,5 millones) para acceder a un contrato de diseño de lanchas patrulleras. En el proyecto para la construcción de los buques intervinieron la Marina (tiene tres funcionarios imputados en la causa) y el Ministerio de Defensa, que -según fuentes judiciales- no se sabe aún si tuvo responsabilidad en el caso.
De acuerdo con el diario argentino La Nación, el testigo protegido declaró en la fiscalía de Munich que "para gestionar el contrato de licencia se sobornó al funcionario Osvaldo Parrinella, colaborador de la Marina, al que el Ministerio de Defensa le asignó la función de preparar las decisiones del Ministerio, especialmente en el área de compras".
"El señor Parrinella -añadió- recibió un porcentaje de aproximadamente 6% del volumen de la compra. El dinero fue transferido por el imputado a una cuenta de Gustavo Frers (ex presidente de Ferrostaal en Argentina) y entregado en efectivo a Parrinella. Este, a su vez, tras descontar el porcentaje para él, entregó el dinero del soborno a otros funcionarios con poder de decisión de la Marina, como por ejemplo el almirante Leprón y Palma".
El documento con la declaración de este testigo se lo entregó el Ministerio de Defensa al juez federal argentino Ariel Lijo. Según el rotativo, en esa cartera, a cargo de Nilda Garré, dijeron haber "hallado" los papeles en la Dirección Nacional de Transparencia. Nadie explicó cómo se accedió a una copia de un expediente que se tramita en Alemania. El juzgado la mandó traducir y llegó a la conclusión de que, efectivamente, se trata del documento que dio origen a este caso.
El escándalo estalló primero en Alemania. Lo reveló la revista Der Spiegel con datos de la declaración del testigo encubierto. Según esa publicación, Ferrostaal pagó a "un empleado del Ministerio de Defensa" argentino una suma "de seis cifras en euros", dinero "que al parecer compartió con otros dos oficiales de la Marina de alto rango". En un primer momento, el Ministerio de Defensa desmintió esa publicación y dijo que la operación era "correcta". Pero luego fue esa misma cartera la que realizó la denuncia que investiga Lijo.
Defensa declaró entonces que, en base a los informes periodísticos, había realizado una "breve investigación interna que completó las que venía desarrollando" y que, como conclusión, hizo la denuncia penal, que incluyó, entre otros, a las tres personas mencionadas por el testigo protegido: el vicealmirante (R) Gustavo Leprón, el contraalmirante Juan Carlos Palma y el abogado de la Armada Osvaldo Parrinella.
El diario trasandino informó que se comunicó con fuentes de la Armada, que informaron que no les constaba la existencia de los sobornos y dijeron que iban a "seguir colaborando con la Justicia para que el caso sea investigado".
Al principio el Ministerio de Defensa negó toda posibilidad de que hubiera irregularidades, pero luego fue la misma cartera quien exigió la investigación.
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