Con 93 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación a las enmiendas que el Senado introdujo en segundo trámite a la iniciativa legal presentada por el Gobierno y que respondía a una de las exigencias de los comuneros mapuches en huelga de hambre para deponer su movimiento.
El texto legal reforma el sistema imperante en materia de justicia militar delimitando su ámbito de aplicación, de manera que la competencia de los tribunales castrenses alcance únicamente a los militares, excluyendo de ella a los civiles.
Con tal objeto se excluye totalmente a los menores de edad, civiles o uniformados, de la competencia de los tribunales militares y se establece que en los casos de coautoría o coparticipación en que aparezcan involucrados civiles y uniformados, los primeros quedarán sujetos a la justicia ordinaria y los segundos a la militar.
Se dispone, asimismo, que los juicios seguidos actualmente ante la justicia militar en que se persigue la responsabilidad penal de personas que no tienen la calidad de militares sean traspasados a la justicia ordinaria, para lo cual se da un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.
El diputado Jorge Burgos (DC) anunció el voto favorable de la bancada DC, señalando que las enmiendas introducidas por el Senado eran más bien de carácter formal y destacando que el proyecto constituye el primer paso para poner a la justicia militar en su exacta dimensión jurídica en el país, que a su juicio hoy está más bien hipertrofiada.
El diputado Pedro Araya (Indep) también anunció su voto favorable arguyendo que el Senado perfeccionó la redacción de parte del articulado. Destacó en particular los cambios en los artículos octavo y noveno transitorios relativos a la valoración de la prueba que se haya rendido ante las fiscalías militares respecto a los nuevos procesos penales en la justicia ordinaria.
El diputado Alberto Cardemil (RN) expresó su conformidad con las modificaciones del Senado, particularmente aquellas que definen quienes quedarán bajo la jurisdicción militar -específicamente el personal de planta de las FF.AA. y de Carabineros y el personal de reserva que sea llamada al servicio activo en dichas instituciones- y la legitimación de lo obrado por la justicia militar en materia de prueba cuando se traspasen las causas a los tribunales ordinarios. Menos entusiasta, pero igualmente en disposición de apoyarlo, se manifestó frente a la norma que excluye al auditor general del Ejército de la integración de la Corte Suprema cuando a ésta le corresponda zanjar contiendas de competencia entre tribunales civiles y militares.
El diputado Guillermo Ceroni (PPD) confirmó su voto favorable valorando que los civiles sean sustraídos de la jurisdicción militar y que el auditor castrense sea excluido de la máxima corte cuando ésta deba dirimir contiendas de competencia. Aunque lamentó que no hayan quedado excluidos de los tribunales militares los conscriptos, cadetes o grumetes que recién ingresan al servicio, el parlamentario respaldó la norma que excluye explícitamente a todos los menores de edad.
El diputado Marcelo Schilling (PS) sostuvo que su bancada apoya la iniciativa en el entendido de que acogía parcialmente las demandas de los comuneros mapuches en huelga de hambre y que próximamente vendría una reforma más integral a la jurisdicción castrense, que el Gobierno ha comprometido para mediados del próximo año. Subrayó que la reforma más satisfactoria hubiera sido un artículo único donde se estableciera que sólo pueden ser juzgados por tribunales castrenses y el Código de Justicia Militar los delitos militares, cometidos por militares y en tiempos de guerra.
La Cámara remite ahora el proyecto al Ejecutivo para que proceda a su promulgación o eventualmente le formule observaciones.
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