CHILE: "GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN NO QUERÍAN TENER A IMPLICADO EN ASESINATO DE SENADOR, POR LA INFORMACIÓN QUE MANEJA"

Afirma el Senador y vice-presidente de la Union Democrata Independiente Andrés Chadwick,  que la confesión del frentista es clave para descubrir al resto de los autores del crimen del senador Jaime Guzmán y eventuales obstrucciones a la justicia. Y está convencido de que se atrevió a hablar ahora porque "tenía claro que mientras estuviese la Concertación en el gobierno, él no volvía al país".

*Gabriel Pardo

El senador Chadwick, ha seguido por 20 años el caso del asesinato del fundador de su partido, el senador Jaime Guzmán.

Él sigue el caso. Y el caso lo sigue a él. Año tras año. Tanto que sentado en una oficina, relatando los hechos, a ratos parece abatido al recordar los mismos nombres, los mismos sospechosos, el mismo escenario del crimen. Y en otros momentos argumenta como un enérgico litigante que maneja al detalle un caso que no lo deja dormir tranquilo.

Guzmán fue asesinado el 1 abril de 1991 por miembros del autodenominado Frente Manuel Rodríguez a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica en Santiago. Pero sólo esta semana, casi 20 años después, uno de los autores intelectuales, Mauricio Hernández Norambuena, el "comandante Ramiro", confesó su participación públicamente.

Hernández Norambuena permanece recluido en Brasil, condenado a 30 años por el secuestro del publicista Washington Olivetto. Desde ahí dio una entrevista a CHV y reveló antecedentes sobre la participación de la cúpula del Frente en el asesinato. Y también de supuestos informantes de la entonces Oficina de Seguridad Pública -dependiente del Ministerio del Interior- que a la par seguían participando en el grupo terrorista.

-¿Cómo se tomó en la UDI y en la familia del senador Guzmán la confesión de Hernández Norambuena?

-Lo que hubo fue un impacto muy fuerte. Luego de 20 años, en los que tanto la familia como la UDI han buscado la verdad del caso teniendo que enfrentar a adversarios muy, muy poderosos, estremece ver que un comandante del Frente, un autor intelectual del asesinato del senador Guzmán, confiesa y da pistas y antecedentes importantes que nosotros habíamos conocido o escuchado en su momento, pero que él los da a conocer sobre eventuales vínculos entre personas que tuvieron participación en el crimen y al mismo tiempo tenían la calidad de informantes de la Oficina de Seguridad Pública. Yo tengo la convicción de que fue un crimen evitable y que terminó siendo un crimen detestable.

-¿Por qué diría que él decidió, casi veinte años después, habiendo un gobierno de centro-derecha en el país, hacer su confesión? ¿Por qué no hacerlo antes?

-Mi impresión es que Hernández Norambuena es alguien que quiere, fundamentalmente, poder volver a Chile. Él está en un escenario en Brasil muy duro y alejado completamente de su familia. Y para poder volver a Chile necesita de un acuerdo o de ciertas condiciones que se tienen que dar de gobierno a gobierno, entre Brasil y Chile, por los elementos y condicionantes que tienen las extradiciones en este caso. Yo creo que él tenía perfectamente claro que mientras estuviese la Concertación, él no volvía a Chile, porque obviamente los gobiernos de la Concertación no lo querían tener en el país por la información que él tiene, por los conocimientos que él maneja de esa época y del asesinato de Jaime Guzmán. Yo creo que Hernández Norambuena se está jugando sus cartas para ver si puede volver a Chile, precisamente viendo el cambio político que se ha producido en el país. Creo que él está poniendo un planteamiento sobre la mesa.

-¿Cuáles son los aspectos más relevantes de sus revelaciones que a ustedes les ayuden a acercarse a esclarecer el caso, particularmente sobre informantes?

-Él señala que la decisión de asesinar al senador fue colectiva, y que fue tomada por el órgano máximo del Frente, que son los comandantes. Dentro de esos comandantes sabemos que se encuentran Galvarino Apablaza ("Salvador"), Juan Gutiérrez Fischmann (el "Chele") y el propio Hernández Norambuena ("Ramiro"). Además, agrega a Enrique Villanueva Molina, hecho que nosotros no teníamos tan claro ni confirmado. Con respecto a Villanueva Molina, señala dos cosas: uno, que expresamente fue uno de los comandantes que participan en la decisión de asesinar al senador, con lo cual podría tener responsabilidades como autor intelectual del asesinato. Y dos, que en ese tiempo él también participaba eventualmente como informante de lo que era la dirección de la Oficina de Seguridad Pública.

-¿Qué vuelco pueden provocar estos antecedentes?

-Primero, nos permiten poder reabrir el proceso en cuanto a determinar a los autores directos del asesinato. Y, segundo, ver qué relación pudo haber existido entre quienes eran informantes de la Oficina de Seguridad Pública y que, a la par, tenían la condición de haber participado en el asesinato.

-Usted ha señalado que hay claras sospechas de que hubo un sistema de protección para comandantes del Frente.

-Porque hay dos casos que se revelan también de los dichos de Hernández Norambuena. Uno es el de Villanueva Molina, comandante e informante. Cuando el abogado Luis Hermosilla pidió que fuera citado a declarar a los tribunales, en menos de 24 horas de haber pedido la solicitud al tribunal, Villanueva Molina estaba fuera de Chile, fue sacado de Chile. Yo mismo fui a La Moneda a hablar sobre el tema con el ministro del Interior Carlos Figueroa.

-Al parecer, Villanueva estuvo un tiempo escondido en Cuba, después en Venezuela, y ahora nos encontramos con que está en Chile, que está viviendo en Concón en una casa acomodada. Eso revela que hubo una protección especial, una información que se le entregó, que se le advirtió de la citación al tribunal. No cualquier persona puede irse, armar una vida afuera y después volver y vivir cómodamente.

-Se ha mencionado el caso de Juan Gutiérrez Fischmann, el "Chele", como otro comandante que habría recibido protección, quien además fue pareja de la hija de Raúl Castro, actual gobernante cubano.

-Claro. El otro caso es el de Gutiérrez Fischmann, el "Chele". Hernández Norambuena relata en su entrevista que estaba en Argentina luego del crimen de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards. Y desde Argentina el Frente le obliga a volver a Chile y lo envía a una casa de seguridad del Frente, que está en Curanilahue. Él llega a Curanilahue, está en la casa con el "Chele", casa que era dirigida o que pertenecía a Agdalín Valenzuela, otro miembro del Frente. En esa casa, y consta en el proceso, estaban las huellas del "Chele" en vasos. Hernández Norambuena lo ratifica ahora y señala que Valenzuela, además de ser miembro del Frente y de hacer la cobertura de seguridad de esa casa, era informante de la Oficina de Seguridad. Y es el propio Valenzuela el que organiza un operativo con la Oficina de Seguridad y con las policías para detener a Hernández Norambuena, pero que sólo lo detienen a él, y no al "Chele". Imagínese la protección que debe haber tenido el "Chele" que se hace un operativo y no lo detienen a él y nunca le pasó nada. Nunca ha sido detenido en Chile.

Persecución del "Chele": "Políticamente hablando creo que se privilegió la relación con Cuba"

-Respecto de la vinculación del "Chele" a altas autoridades del gobierno cubano, ¿cree que hubo responsabilidad de los gobiernos de la Concertación en no iniciar su búsqueda exhaustivamente?

-El "Chele" era casado con una hija de Raúl Castro. Políticamente hablando, uno se hace un cuadro. Es decir, me imagino que para el gobierno de la época, que estaba buscando establecer relaciones diplomáticas con Cuba y que tenía en la Concertación a un sector de la izquierda que lo presionaba en ese sentido, que el gobierno chileno apareciera deteniendo por participación en un acto terrorista y un asesinato a un senador al yerno de Raúl Castro, echaba todo eso al suelo. Además, el "Chele" era miembro de las Fuerzas Armadas cubanas. Entonces, políticamente hablando -yo no quiero hacer ninguna imputación judicial en esto-, me da la impresión de que se privilegió eso, las relaciones con Cuba, y no se buscó al "Chele".

-Y respecto particularmente de la Oficina de Seguridad, ¿qué responsabilidades creen que le puede caber al organismo si tenía informantes que pertenecían a la cúpula del Frente?

-Yo no quiero pronunciarme sobre responsabilidades judiciales porque eso lo tienen que determinar los tribunales. Pero aquí ha habido un planteamiento por parte de algunos sectores de la Concertación, de que así se combatía el terrorismo y se desmanteló al Frente y al grupo Lautaro. Y que la acción de la Oficina de Seguridad y de su secretario ejecutivo, Marcelo Schilling, se cumplió con eficacia. El punto es averiguar si para lograr ese propósito se tuvo que proteger a personas que habían cometido delitos, o hacer vista gorda en la comisión de algún otro delito, o si se desarrollaron acciones para la obstrucción de la justicia. En el fondo, si ellos en esa lucha estuvieron guiados por el principio de que el fin justifica los medios. Y en esa perspectiva, yo creo que hoy día se abre una posibilidad de que la justicia pueda, con independencia -subrayo, con independencia-, hacer las investigaciones para determinar si en esa lucha que dio la Oficina de Seguridad Pública en contra de las acciones extremistas se cometieron o no se cometieron ilícitos, u otras formas de irregularidades. Pero nosotros no hacemos ninguna imputación.

Ex director de la Oficina de Seguridad Pública y actual diputado del Partdo Socialista, Marcelo Schilling

-Ya en un momento, en 1996, hubo un juicio por obstrucción a la justicia donde estuvieron procesados el ex director de Investigaciones, Nelson Mery, y el ex integrante de la Oficina y actual diputado del Partdo Socialista, Marcelo Schilling.

-En ese momento, la ministra (jueza) Raquel Campusano llegó a la conclusión de que sí había una obstrucción a la justicia, al punto de dictar el procesamiento de Marcelo Schilling y de Nelson Mery. No era una decisión menor para un ministro de la Corte de Apelaciones dictar una resolución de esa envergadura. Recordemos tan sólo que una vez que se dictó esa resolución, presenciamos un hecho inédito: una marcha de las distintas autoridades de la Concertación -presidentes de los partidos de la Concertación y parlamentarios- desde La Moneda hacia los Tribunales de Justicia, a manifestar su reclamo y oposición por los autos de procesamiento que se habían dictado. Posteriormente, cuando se alegan esos autos de procesamiento por parte del Consejo de Defensa del Estado, quien alega es el abogado Davor Harasic. Él llega a la misma convicción de la ministra Campusano, y pide que se ratifiquen. Sin embargo, el CDE decide no participar en el recurso que se presenta posteriormente ante la Corte Suprema. Y el abogado Davor Harasic, un abogado de gran reputación, se vio obligado a renunciar al CDE ante el escándalo que estaba presenciando. Entonces, nosotros esperamos que ahora los Tribunales de Justicia, en otro escenario, puedan actuar con independencia real, sin presión política.

-Hay una prueba particular que ha causado mucha polémica que es el video grabado por Investigaciones en 1991, en Collihuay, donde aparecen frentistas sindicados como autores intelectuales y materiales del asesinato. Sin embargo, nunca fueron detenidos.

-Ahí hay elementos importantes. Creo que ese video dio la posibilidad de que por primera vez existieran imágenes que posibilitaran la identificación de los miembros del Frente, pues estaban cercados por la policía. Y con ese video pasó de todo. Ahí surge un episodio que es poco conocido, pero que estaba en el proceso, y es que sin que existiera antecedente previo alguno, llega un auto de la dirección de Investigaciones, haciendo un operativo de drogas en el sector de Collihuay. Según lo que afirma el ex comisario Jorge Barraza, esa situación genera la alerta en los frentistas y se produce la dispersión. En razón de eso, el comisario Barraza no logra hacer las detenciones que hubiese correspondido hacer, pero sí entrega el video al director de Investigaciones, con nombres e identidades. Ese video, debió haber estado en menos de 24 horas en manos del ministro que llevaba la causa. Y se demoró más de un año en llegar a manos del ministro, porque se guardó en la caja fuerte de la oficina de la dirección de Investigaciones. Ese video fue un elemento muy clarificador de las irregularidades y de las obstrucciones que tuvo el caso de Jaime Guzmán por parte de la policía.

-¿Cómo se explican hoy, a la luz de los nuevos antecedentes, que se haya culpado a un delincuente común como Sergio Olea Gaona, del crimen del senador Guzmán?

-Sólo se puede explicar como una estrategia de encubrir a los verdaderos autores. Pensar que un delincuente común, como era Olea Gaona, iba a desarrollar una acción de carácter extremista con arma pesada para asesinar a un senador, es un insulto a la inteligencia. Las pruebas que lo inculpaban eran completamente falsas. Mientras el ministro en visita de la época señalaba que no había elementos para procesarlo, el gobierno insistía en Olea Gaona, al punto de solicitar su extradición desde España. En tanto, el ex comisario Barraza había ya logrado determinar el grupo que había actuado en el secuestro de Cristián Edwards, había logrado filmarlos, había entregado la filmación de ese grupo y ya había entregado distintos informes a la dirección de Investigaciones y a la Oficina de Seguridad Pública del ministerio del Interior. Y mientras tanto, ese video, que era una prueba sustancial, era guardado más de un año en la caja fuerte de la dirección de Investigaciones.

Contactos con la familia del comandante Ramiro

-¿La UDI ha mantenido algún contacto previo con Hernández Norambuena?

-Ha habido dos contactos de distinta naturaleza. Hace algunos años, y con acuerdo de la señora Carmen Errázuriz, madre de Jaime Guzmán, que en ese momento estaba viva, el abogado de la familia Guzmán, Luis Hermosilla, fue a Brasil. Fue a la cárcel y tuvo una entrevista con Hernández Norambuena. Y en el caso mío, la hermana de Hernández Norambuena me pidió una reunión. En una de esas conversaciones estuvo presente el ex senador PS, Jaime Naranjo. Fundamentalmente, la hermana quería conversar conmigo para plantearme el interés de la familia de que él cumpliera su pena en Chile. Yo fui franco y le señalé que nosotros no éramos obstáculo para esa decisión, que esa era una decisión de los gobiernos. Tengo la impresión de que en los gobiernos de la Concertación le decían que no se accedía a esto por que la UDI o porque la familia de Jaime se negaba. Nosotros no somos obstáculo, no somos impedimento. Si esto se da como acuerdo de los gobiernos, a nosotros nos interesa que cumpla su condena por el asesinato del senador Guzmán en Chile.

-¿Cuál diría que es la disposición del gobierno frente al tema después de la reunión que sostuvo la UDI con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter?

-Estamos en absoluta coordinación y coincidencia. Lo que hemos conversado con el gobierno es que es un tema que hay que estudiar, ver las opciones existentes, las condiciones que impone Brasil y cómo se ha manejado el tema en el pasado. Nuestro interés es que Hernández Norambuena pueda cumplir la condena en nuestro país. Ahora, si hay obstáculos, en el sentido de que eso podría implicar una rebaja de pena, obviamente tenemos que evaluar qué significa eso y qué elementos pueden estar condicionando una posible extradición. Durante veinte años, en distintas oportunidades, he ido a La Moneda por este caso y, por primera vez, siento que estoy con un gobierno que está absolutamente comprometido en hacer el máximo esfuerzo para esclarecer el crimen y terminar con la impunidad.

-¿Esperan que el Presidente Piñera tome alguna determinación o haga alguna gestión particular respecto del gobierno de Lula Da Silva?

-No, por el momento no es necesario ni le solicitamos ninguna acción en ese sentido. Lo que sí esperamos y estamos seguros de que se va a hacer es que el Gobierno pueda activarse en algo que se ha dejado de lado desde hace algún tiempo: que es en la extradición del frentista Galvarino Apablaza desde Buenos Aires a Chile.

"Chele": El eslabón perdido del FPMR

Cuando, en 1987, muere el líder histórico del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Raúl Pellegrin (comandante José Miguel), intentando huir tras el ataque al retén de Los Queñes, el poder quedó en manos de tres comandantes: Galvarino Apablaza (Salvador), Mauricio Hernández (Ramiro) y Juan Gutiérrez Fischmann (el "Chele").

Apablaza está en Argentina, viviendo en Moreno, luego que la justicia decretara que no lo extraditaría a Chile. Hernández, condenado en Brasil a 30 años de prisión, tiene dos cadenas perpetuas pendientes en Chile. Pero del "Chele" nada se sabe.

Nacido en 1957, es hijo de Lisímaco Gutiérrez, fallecido guerrillero boliviano que peleó junto al Che, y de Beatriz Fischmann, también participante en esa guerrilla. Su hermana, Juanita Paz, fue pareja de Silvio Rodríguez.

Escapó de Chile en 1973 y vivió en varios países. Su periplo comenzó en Holanda, y luego pasó a Bulgaria, donde recibió entrenamiento militar. Más tarde llegó Cuba, donde alcanzó el grado de teniente primero y se casó con Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro, de la que se divorció en 1989. Su principal destinación militar fue la guerrilla sandinista.

En 1983 fue uno de los fundadores del Frente, aunque no habría vivido en Chile hasta 1985. Su ascenso llega en 1987, cuando se alinea con la facción de Raúl Pellegrin, quien opta por independizarse del Partido Comunista de Chile para continuar con la vía armada. Al morir éste, él y Hernández tomarían posturas radicales, oponiéndose a "Salvador". Se cree que habría planificado, con Hernández, el asesinato de Guzmán.

La razón por la que nunca se le capturó es un misterio. Según las declaraciones de esta semana de Hernández Norambuena, el "Chele" fue el único rodriguista que se quedó en Chile tras el secuestro de Cristián Edwards, permaneciendo en Curanilahue, en la casa de Agdalín Valenzuela, quien supuestamente era un espía del gobierno. En ese mismo lugar, en 1993, atraparon a "Ramiro". Según Hernández, el "Chele" habría gozado de impunidad porque su detención, como agente del gobierno castrista (G5 cubano), habría complicado las relaciones con Cuba que el Presidente Aylwin quería mantener en buen estado.

Gutiérrez habría vivido en Chile hasta 1996, año en el que habría organizado el rescate de sus camaradas presos en la CAS (Cárcel de Alta Seguridad). Luego, desaparece otra vez.

Hoy, se cree que Gutiérrez estaría en Cuba. Esto, no obstante, es negado por el gobierno de la isla y por su abogado Alberto Espinoza.

En septiembre del año pasado, la Corte Suprema dejó sin efecto la orden de captura sobre él. La razón: al no ser capturado, nunca fue procesado por el caso Guzmán. Se cree que el "Chele" aún está en Cuba, donde goza de una situación privilegiada, ya que tiene un hijo que es nieto de Raúl Castro.

Ricardo Palma Salamanca

Ingresó al FPMR en 1986. Es considerado autor material del asesinato de Jaime Guzmán. Fue uno de los cuatro frentista que huyeron en helicóptero desde la CAS en 1996. Está prófugo por homicidio e infracción a la ley de armas. Sobre él recaen tres condenas a cadena perpetua. Participó en el secuestro de Cristián Edwards y en la muerte del coronel Luis Fontaine.

Desde la clandestinidad escribió "El gran rescate", un libro sobre la operación que le permitió escapar desde la Cárcel de Alta Seguridad en un helicóptero.

Agdalín Valenzuela Márquez

Era militante y ayudista del FPMR desde 1984, donde participó en diversos actos de sabotaje. En 1991 habría sido "reclutado" como informante de "La Oficina", aunque siguió militando en la organización. El 5 de agosto de 1993, la policía lo detuvo en Curanilahue junto con Mauricio Hernández Norambuena.

La casi inmediata puesta en libertad por falta de méritos de Valenzuela hizo sospechar al Frente que éste colaboraba con La Oficina. Aunque Hernández Norambuena escribió una carta exculpándolo, el 11 de octubre de 1995, Valenzuela fue asesinado de cuatro disparos a corta distancia.

Enrique Villanueva Molina

Fue militante del FPMR desde 1983. Según ha afirmado, participó en éste hasta 1989. Llegó a ser uno de los comandantes del FPMR. En 1997 surgieron antecedentes de su eventual participación en el homicidio de Guzmán, por lo que Villanueva salió del país rumbo a Cuba. Esta semana "Ramiro" afirmó que Villanueva participó en las reuniones de la cúpula del Frente en que se acordó el asesinato de Guzmán y deslizó que Villanueva colaboró con La Oficina, lo que fue negado por su familia, la que esta semana pondrá una querella por injurias, y daño moral contra "Ramiro" y López Candia.

Galvarino Apablaza

Desde 1988 tuvo el mando militar del FPMR. El ministro en visita Hugo Dolmestch procesó a Apablaza como autor intelectual del homicidio del fundador de la UDI, que en 1992 reivindicó a través de una entrevista. En el programa especial de Chilevisión, Mauricio Hernández Norambuena no se refiere al supuesto quiebre entre ambos. Se limita a manifestar que la Dirección del Frente mantenía reuniones semanales hasta 1991. Hasta hoy, Apablaza permanece en Argentina, y la justicia trasandina rechazó su extradición a Chile.