El argentino Marcelo Alvarez, jefe de la misión de la OEA que brinda apoyo al proceso de paz con los paramilitares colombianos, denunció el miércoles alianzas entre la narco-guerrilla marxista de las FARC y bandas criminales de ex paramilitares para lucrarse del narcotráfico.
``Hemos observado alianzas en términos de economías ilícitas y no enfrentamientos entre las bandas emergentes [remanentes de los ex paramilitares] y las FARC'', dijo Alvarez al diario El Tiempo de Bogotá. El delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA) explicó que se trata de alianzas ``coyunturales en términos de narcotráfico y, de otro lado, pactos de no agresión y delimitación de zonas de control de cultivos'' ilícitos. De acuerdo con Alvarez, esas alianzas se dan especialmente en los departamentos de Meta, Chocó, en el sur de Bolívar y Córdoba, y en la costa delPacífico.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla del país, ha sido el principal blanco de la política de mano dura del gobierno del presidente Alvaro Uribe, a la que le ha propinado duros golpes militares y reducido su accionar violento. El diplomático indicó que, pese a que los grupos paramilitares en Colombia ``dejaron de ser una realidad política'', antiguos miembros de esos grupos ``han regresado a la ilegalidad'' para integrar las nuevas bandascriminales. El gobierno de Uribe concluyó en el 2006 un proceso de desmovilización del grueso de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha armada). Según cifras oficiales, al menos 30,000 paramilitares se desmovilizaron como parte de una ley especial que les garantiza penas de ocho años de cárcel como máximo, incluso por delitos de lesa humanidad, pero si confesaban todos los crímenes cometidos y reparaban a sus víctimas. Alvarez destacó ese proceso, al señalar que gracias a esas confesiones ``más de 20,000 víctimas [de los paramilitare] sabe qué sucedió con sus familiares''. ``Más de 2,900 fosas han sido descubiertas'', dijo.
Por su parte, el jesuita colombiano Javier Giraldo consideró el miércoles que las nuevas amenazas de muerte que ha recibido son parte de una serie de acciones contra defensores de los derechos humanos y comunidades vulnerables.
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