CON LA NUEVA LEY DE EXPROPIACIÓN CUALQUIER VIVIENDA, TERRENO O EMPRESA PUEDE SER DECLARA "OBJETIVO DE LA REVOLUCIÓN" PASANDO A MANOS ESTATALES SIN COMPENSACIÓN PARA SUS DUEÑOS LEGALES, COMO LOS CAMPOS DE CLUBS PRIVADOS QUE HUGO CHÁVEZ HA DECLARADO "TENER EN LA MIRA".
La directora de políticas públicas de Cedice, Isabel Pereira consideró este jueves que la recién aprobada Ley de Tierras Urbanas es un ataque a la propiedad privada porque "expropia el ahorro de los venezolanos".
Dijo Pereira que con la Ley de Tierras Agrícolas, la Ley de Tierras Urbanas y la Ley de Propiedad Social "se cierra un círculo negativo en contra de la propiedad privada y por eso es que Cedice tiene ahora mayor razón para extender su campaña".
Este jueves Cedice fijó su posición ante la decisión del TSJ contra la campaña de Asoesfuerzo, calificando como una abritrariedad del máximo ente judicial la medida cautelar dictada.
Rafael Alfonso, presidente de Cedice, señaló que "todos los venezolanos tienen derecho a establecer su opinión" y precisó que la medida es una clara señal de intimidación, "es un atropello". "Existe un cerco al sector privado. Aquí se está implantando todo lo que se votó en contra en el referéndum constitucional", advirtió.
Alfonso señaló que "en esa minoría que es la Asamblea Nacional, en esa minoría del Presidente, no está representada la voluntad de los venezolanos".
El presidente de Cedice indicó que la campaña de Asoesfuerzo en ningún momento pretendió atropellar ni denigrar a la mujer. Además precisó que quienes laboran en Cedice continuarán con sus funciones fundamentales "luchar por la libertad y los derechos de los venezolanos".
"En nuestra campaña está el alma de todos los venezolanos que sienten miedo, que se sienten amenazados por un Estado que les quiere quitar lo que tienen", sentenció.
MARCHA CIVIL EN RECHAZO A LAS EXPROPIACIÓNES DE VIVIENDAS Y TERRENOS PRIVADOS POR PARTE DE LOS COMITES DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.Dijo Pereira que con la Ley de Tierras Agrícolas, la Ley de Tierras Urbanas y la Ley de Propiedad Social "se cierra un círculo negativo en contra de la propiedad privada y por eso es que Cedice tiene ahora mayor razón para extender su campaña".
Este jueves Cedice fijó su posición ante la decisión del TSJ contra la campaña de Asoesfuerzo, calificando como una abritrariedad del máximo ente judicial la medida cautelar dictada.
Rafael Alfonso, presidente de Cedice, señaló que "todos los venezolanos tienen derecho a establecer su opinión" y precisó que la medida es una clara señal de intimidación, "es un atropello". "Existe un cerco al sector privado. Aquí se está implantando todo lo que se votó en contra en el referéndum constitucional", advirtió.
Alfonso señaló que "en esa minoría que es la Asamblea Nacional, en esa minoría del Presidente, no está representada la voluntad de los venezolanos".
El presidente de Cedice indicó que la campaña de Asoesfuerzo en ningún momento pretendió atropellar ni denigrar a la mujer. Además precisó que quienes laboran en Cedice continuarán con sus funciones fundamentales "luchar por la libertad y los derechos de los venezolanos".
"En nuestra campaña está el alma de todos los venezolanos que sienten miedo, que se sienten amenazados por un Estado que les quiere quitar lo que tienen", sentenció.
"El pueblo cada vez tiene menos y el Gobierno es más poderoso"
El abogado Gerardo Fernández opina que la ley de propiedad social es un paso más en la tendencia a reducir la propiedad privada a la personal, en los términos establecidos en la Constitución cubana.
Para instaurar un sistema socioeconómico socialista, el Gobierno planteó la diversificación del derecho de propiedad en la reforma constitucional que fue rechazada por la mayoría de los electores el 2 de diciembre de 2007. Sin embargo, ahora insiste en darle respaldo jurídico a la idea de propiedad social, en desmedro de la propiedad privada, a pesar de que la mayoría del electorado rechazó la reforma constitucional. El abogado Gerardo Fernández advierte que tal insistencia constituye una violación de la voluntad popular, de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fernández compara la ley de propiedad social que actualmente se discute en la Asamblea Nacional con el ordenamiento jurídico cubano: "Los artículos 14 y 15 de la Constitución cubana señalan expresamente que en la isla rige el sistema de economía basado en la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, y que los más importantes de ellos son de exclusiva propiedad estatal". El término "propiedad socialista de todo el pueblo" sería un eufemismo explica el abogado pues el gobierno de los Castro administra todo, y sólo se admite la propiedad personal sobre los ingresos, ahorros, vivienda y bienes indispensables. Fernández opina que la ley de propiedad social es un paso más en la tendencia a reducir la propiedad privada a la personal, en los términos establecidos en la Constitución cubana. "Todos los Estados comunistas, como el que nos ofrece Chávez, son iguales: promueven la propiedad socialista del pueblo, pero administrada por el régimen. En definitiva, el pueblo cada vez tiene menos y el gobierno es más poderoso, propietario de todos los bienes y de los más importantes medios de producción", insistió. ¿Cómo se puede lograr una distribución equitativa de la riqueza sin afectar la propiedad privada? Si se afecta la propiedad privada, no hay riqueza. La única forma de distribuir riqueza es generar prosperidad. La única forma de generar prosperidad es promover y respetar la propiedad, incentivar la inversión, crear empleos y garantizar la seguridad jurídica e institucional. El Gobierno parece superponer los intereses colectivos a los individuales. Ello, por sí solo, parece lógico. Los atentados a la propiedad privada comenzaron con vías de hecho y actos administrativos, como la promoción de las ocupaciones, invasiones, las confiscaciones de hecho y la expropiación como instrumento de amedrentamiento. Durante años se ha mantenido un proceso de estatización de grandes empresas e industrias. Luego de la fallida reforma constitucional, se ha impuesto un paquete de leyes que pretenden controlar los bienes y servicios de los particulares, con normas intervencionistas, controladoras y punitivas, que favorecen la ocupación, el comiso, y desalientan la inversión. En todo momento, el Gobierno ha negado la eliminación de la propiedad privada. El régimen siempre negará la eliminación de la propiedad privada. No va a asumir ese costo, dijo el constitucionalista.
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