Las últimas acciones del Presidente de Venezuela sacan a flote que su relación con las Farc va más allá de un simple interés humanitario. De hecho, esta situación es la amenaza más grave para los Estados democraticos de los últimos años
Hugo Chávez dando un recibimiento a nivel de jefe de Estado al Jefe de las FARC Iván Márquez, a su izquierda, en Caracas, al cual mantiene dirigiendo las operaciones criminales de la guerrilla, desde las oficinas del Ministerio de Defensa de Venezuela, con todo el apoyo del gobierno.
Ivan Marquez, al centro de barba y sin boina, en una reunión de comandantes de las FARC
La realización del socialismo del siglo XXI depende de la capacidad de la revolución bolivariana de construir un mercado y “un bloque regional de poder”. Para lograrlo, Hugo Chávez parece estar dispuesto a todo, desde la financiación clandestina de campañas electorales y movimientos sociales, hasta el empleo de su aparato militar dentro y fuera de sus fronteras. Su obsesión por edificar la “Patria Grande”, la misma a que se refieren las Farc, lo convirtió en una grave amenaza para la seguridad nacional de Colombia y la paz para todos los países de la región.
Las supuestas ‘gestiones humanitarias’ para que esa guerrilla liberara 47 personas secuestradas por años, terminaron por confirmar, no sólo las afinidades ideológicas, las denuncias de complicidad y de tolerancia en su territorio, sino la existencia de una verdadera confabulación con esa organización terrorista. Horas después de que las Farc reclamaran el estatus de beligerancia y de que el ministro del Interior venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, dijera a los guerrilleros que “en nombre del presidente Chávez… estamos muy pendientes de su lucha. Mantengan ese espíritu, mantengan esa fuerza y cuenten con nosotros”, Chávez propuso reconocerles dicho estatus y solicitó a la comunidad internacional que les retire la calificación de terroristas.
Es evidente que cada movimiento de las Farc y Chávez alrededor del acuerdo humanitario obedece a una partitura cuidadosamente escrita, con la diligente asistencia de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien hace una década confesó, después de haber visitado al jefe guerrillero Manuel Marulanda, que su vida “se partió en dos”, además de estar “muy bien impresionada por su frescura intelectual” y su “compromiso y capacidad de lucha”. Así, cada puesta en escena de este macabro juego busca legitimar la injerencia chavista en los asuntos internos de Colombia y legitimar el terrorismo fariano. En el horizonte se cruzan el logro de la beligerancia y la ejecución del plan estratégico de toma del poder de las Farc con la integración de esta nación al bloque bolivariano.
Esto no es nuevo. Las Farc vienen trabajando desde hace varios años por conseguir la beligerancia y avanzar en lo que Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, definió como un “Estado en formación”. A eso obedece que en 1998 se condicionara el inicio de diálogos con el gobierno de Pastrana a la desmilitarización de 42.000 kilómetros cuadrados en el sur del país, de los que intentaron desplazar al Estado. Eso explica la insistencia en que la liberación de los secuestrados sólo es posible si se repite el mismo modelo en los municipios de Pradera y Florida, y exigir, para un nuevo proceso de paz, el despeje de los departamentos de Caquetá y Putumayo, cuya extensión supera la de Guatemala, Costa Rica, Panamá, Cuba, El Salvador, Honduras y Nicaragua, entre otros países.
El apoyo de Hugo Chávez a la guerrilla en Colombia, las FARC, como también a todo grupo marxista que se alce en armas contra los regímenes democráticos en Sud América, es parte de la estrategia de Chávez, vía la Coordinadora Continental Bolivariana, para no solo propagar su revolución, si no también construir su "Gran Patria Bolivariana" en todo el continente, bajo su control y mando. Es un alerta para todas las democracias Latinoamericanas.
Para el mismo fin las Farc se valen de un discurso bolivariano, definido antes de la primera elección de Chávez y aprovechan cualquier escenario para tejer alianzas con partidos y movimientos políticos que en el continente se declaran antiimperialistas y seguidores del teniente coronel. En la misma línea procuran hacer presencia en eventos internacionales, dirigen cartas a la Unión Europea y a los No Alineados, suelen saludar la elección de mandatarios de Latinoamérica, entre ellos la de su “hermano” Daniel Ortega, y dicen tener contactos secretos con gobiernos de la región.
Pero la acción más macabra para conseguir beligerancia es chantajear con la vida de militares, policías y dirigentes políticos encadenados en la profundidad de la selva, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo que despierta repudio es que las “gestiones humanitarias” fueran empleadas a manera de camuflaje por Chávez y Córdoba para seguir ese juego y pedir al presidente Nicolas Sarkozy que la Unión Europea excluyera a las Farc de la lista de organizaciones terroristas, lo que fue en su momento un velado chantaje a Francia a cambio de la libertad de Íngrid Betancourt. El chantaje ahora se repite al supeditar la normalización de las relaciones con Venezuela a que Uribe acepte las exigencias que sobre las Farc efectúa el gobierno venezolano.
El estatus de beligerancia no allana la paz pero sí escala el terrorismo. Si en teoría se obliga a las Farc a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH), en la práctica se impondrán las palabras de Raúl Reyes: “mientras exista la confrontación es imposible humanizar la guerra”; mucho menos cuando el terrorismo caracteriza los enfrentamientos asimétricos.
Lo que realmente obligará a ese grupo a respetar la dignidad humana es la vigencia plena del Estatuto de Roma y la certidumbre absoluta de justicia ante sus crímenes.
Chávez asevera que dicho estatus acaba con el secuestro. ¡Mentira! Le da legitimidad como arma contra el orden político. A partir del reconocimiento de beligerancia será legítimo asesinar y secuestrar soldados y policías con base en otra mentira: que estamos en un conflicto armado no internacional, del cual se desprende otra: son prisioneros de guerra. Alienta asimismo la continuación de la violencia de las Farc, pues ratifica que sus planteamientos político-militares consiguen los objetivos propuestos.
El proyecto ‘farchavista’ necesita de un gobierno en Colombia “cuya divisa en política internacional sea la Patria Grande y el socialismo”, en términos del manifiesto de las Farc del pasado 1 de octubre. A eso se orientan en primera instancia los esfuerzos del grupo subversivo y la revolución bolivariana. Se trata de quebrar la política de seguridad democrática en las urnas, elegir un presidente que lleve a cabo un acuerdo humanitario bajo las condiciones de las Farc y despeje los departamentos mencionados para diálogos de paz. Todo concluiría en una Asamblea Nacional Constituyente que implemente en Colombia el socialismo del siglo XXI.
Pero el escenario puede ser peor. El reconocimiento de beligerancia que eventualmente haga Venezuela, implica comenzar relaciones diplomáticas con un pretendido gobierno que encabeza el secretariado de las Farc, que bien podría instalarse en Caracas o por lo menos tener una delegación permanente. Del mismo modo, la posibilidad de conceder asilo político a los terroristas y apoyo económico y militar a sus acciones, finalmente, como el propio Chávez lo dijo, ellas tienen un proyecto bolivariano. Una decisión de ese tipo sería una declaración de guerra a Colombia.
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