El Gobierno estadounidense mostró este martes su preocupación por las denuncias procedentes desde Nicaragua de que Daniel Ortega ha recurrido a "maniobras legales" para conseguir la aprobación de su reelección.
"Estamos preocupados por los reportes desde Nicaragua de que ha habido maniobras legales que podrían dificultar que la población nicaragüense considere de manera abierta y transparente la posibilidad de la reelección presidencial", dijo un portavoz del Departamento de Estado.
El portavoz, destacó que para el Departamento de Estado "es importante que las decisiones que tienen impacto en el gobierno democrático sean tomadas de manera que se fomente la legitimidad entre aquellos que son gobernados".
La decisión fue suscrita por seis magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y acatada de inmediato por el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, lo que ha provocado las críticas de la oposición.
El fallo fue emitido de manera expedita y sin la presencia de los tres magistrados liberales que integran esa sala, junto a igual número de jueces sandinistas, que fueron sustituidos por suplentes oficialistas.
Los magistrados liberales Sergio Cuarezma e Iván Escobar alegaron que no fueron convocados con tiempo, mientras que el otro juez liberal de la sala constitucional, Damisis Sirias, está fuera del país.
Aunque inicialmente se informó que para ser vinculante el fallo debía ser ratificado por el pleno del Supremo, compuesto por 15 magistrados, el vicepresidente del tribunal, el sandinista Rafael Solís, indicó que la de ayer es una "sentencia firme, es cosa juzgada".
El ex presidente nicaragüense y líder del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán, calificó la sentencia de la Corte Suprema como un "golpe de Estado"
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