VENEZUELA: LAS PRUEBAS DE LA INFAMIA

La confrontación de Hugo Chávez contra Colombia tiene varias dimensiones. Además de las de índole bélica y diplomática, que combinan diversas formas de apoyo a la guerra irregular de las Farc, existe un frente, menos vistoso y espectacular, que puede llegar a ser muy eficaz: las jugadas políticas destinadas a crear un ambiente favorable a la “revolución bolivariana”.
Son por lo menos cinco las maniobras empleadas. Primero, se trata de capitalizar y profundizar las contradicciones en el seno de la democracia colombiana, para eso Chávez procura estrechar vínculos con los sectores más radicales de la oposición a Uribe y transmitir un mensaje: los problemas con Venezuela se resolverán cuando éste salga del gobierno y se desmonte la Política de Seguridad Democrática. Cuenta con la ayuda del Polo Democrático y un amplio sector del Partido Liberal.
Segundo, las medidas que afectan principalmente a quienes residen en la frontera se acompañan de discursos orientados a levantar a los colombianos contra su propio gobierno. El trabajo que durante años hacen los chavistas en la línea que separa a ambos países tiene entre sus objetivos una situación similar a la actual y busca ejercer presión desde adentro contra Uribe. La misma lógica asiste a las restricciones que impactan negativamente en sectores de la industria y a empresarios impulsados a elevar reclamos a la Casa de Nariño y no al Palacio de Miraflores.
Tercero, el anuncio de la instalación de setenta “bases de paz” en territorio colombiano, organizadas y financiadas por el gobierno venezolano, es una variante de las Casas del Alba señaladas por Alán García de instrumento de la expansión “bolivariana” en Perú. La iniciativa depende de la organización “Colombianos y Colombianas por la Paz” que sigue el juego planteado por las Farc, mientras busca convertirse en un movimiento político aliado de Chávez.
Cuarto, movilizaciones populares. Ya se propuso una marcha por el acuerdo humanitario, que no es otra cosa que legalizar el secuestro y un paso en el estatus de beligerancia que reclama las Farc. En los años ochenta la consigna de movilización fue inicialmente el reclamo de amnistía, en los noventa la desmilitarización de territorios y ahora el acuerdo humanitario. En ese contexto, deben interpretarse la entrega a cuentagotas de “pruebas de supervivencia” de los secuestrados, acompañadas de absurdos reproches que culpan al gobierno de que estén confinados en la selva.
Quinto, quienes estudian a las Farc saben que desde los años ochenta la “negociación de la paz”, ideada inicialmente por el Partido Comunista, la incorporó la guerrilla como elemento táctico y estratégico. Coincidente con esa línea, se pretende una papeleta electoral para que en los comicios de marzo de 2010, en los que se escogen los integrantes del Congreso, los ciudadanos exijan una “salida negociada al conflicto”.
Chávez sabe que su llave de entrada a Colombia pasa por un proceso de paz, por eso, Piedad Córdoba ha dicho que “la paz pasa por Chávez”. Ambos tienen claro que deben “repolitizar” a las Farc y que las actuales condiciones de la región favorecen sus objetivos.
Ninguna de tales acciones esta desarticulada, por el contrario, hacen parte de un plan cuidadosamente diseñado con el fin de abrir el camino al socialismo del siglo XXI en Colombia, punto de encuentro entre las Farc, el Ejercito de Liberación Naconal, Chávez, el Polo Democrático y un amplio sector del liberalismo. Para lograrlo actuan sobre el imaginario colectivo y doblegan la voluntad de lucha de los ciudadanos contra el terrorismo.
La Política de Seguridad Democrática debe irse como llegó, plantean en su estrategia: a través de las urnas, así, es imperioso conseguir la elección de un gobierno que consagre las “causas objetivas del conflicto”, desdeñe el ejercicio legítimo de la autoridad del Estado y propugne por el “diálogo”, envíe a los cuarteles a las tropas militares, desmonte la política de seguridad, reconozca a las Farc carácter político y suprima la cooperación con Estados Unidos.
A pesar de la denuncia ante la OEA sobre injerencia del gobierno venezolano y que el presidente Álvaro Uribe la describiera como una amenaza ante Unasur, el tema sigue sin tener la atención de los diferentes organismos de la región. Más aún, el silencio con que se responden tales reclamos es la licencia que necesita la expansión de la “revolución bolivariana”. Las manifestaciones en contra de Chávez, que se realizaron el 4 de septiembre, son un buen comienzo para decirle no más a su patrocinio al terrorismo y al asedio que hace a la democracia colombiana.

*Rafael Guarín es analista político, HACER ORG