EL CONFLICTO MAPUCHE: EL DESCONTROL DE LAS REIVINDICACIONES ÉTNICAS

*Ena von Baer

El recrudecimiento de la violencia volvió a atraer el interés de la opinión pública a la Araucanía. Sin embargo, aunque no sea mencionado en los medios de comunicación, la violencia ha asolado la zona permanentemente desde principios de los 90. Cabe preguntarse entonces por qué los gobiernos de la Concertación, que han entregado más de 650 mil hectáreas a las comunidades indígenas, no han logrado reestablecer el Estado de Derecho. La respuesta está en la actual política indígena y específicamente en la política de entrega de tierras.
Según el enfoque actual de la Ley, la conservación de la cultura indígena se basa en la tenencia de tierra por parte de las comunidades. La consecuencia de esta visión ha llevado a una política pública altamente ruralizante, y a la segregación de las comunidades indígenas. Durante los gobiernos de la Concertación más de la mitad del gasto público se ha concentrado en el Fondo de Tierras y Aguas, lo que es contradictorio con el hecho de que 65% de los indígenas vive en zonas urbanas. A esto se suma que según la Encuesta Mapuche del Centro de Estudios Públicos, la mayoría de los mapuches no liga la cultura a la tierra, sino que a la lengua (57%) y a los apellidos (49%). Por otra parte, si bien los mapuches consideran que la recuperación de tierras debiera ser una de las tres preocupaciones más importantes del Estado respecto de los pueblos indígenas (35%), esta inquietud empata con la pobreza (34%) y es seguida de cerca por la educación (30%). Lo interesante es que en zonas rurales la pobreza ocupa el primer lugar (37%), produciéndose en el segundo lugar un empate entre la recuperación de tierras y el empleo (32%). Frente a estas contradicciones cabe preguntarse si estamos en el camino correcto.
Podemos hacer la misma pregunta respecto a la implementación de la compra de tierras. La Ley Indígena establece dos mecanismos para acceder a tierras por parte de las comunidades indígenas. El primero es el subsidio, según el cual debiera adjudicarse las tierras a aquellas comunidades que obtengan mayor puntaje según mecanismos de evaluación objetivos. Sin embargo, actualmente el Consejo de la Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) puede reordenar la lista de comunidades favorecidas. El segundo es la compra directa, que según el espíritu de la Ley Indígena debiera haber sido utilizado sólo para aquellos casos en que las comunidades hubieran perdido las tierras por conflictos jurídicos. Sin embargo, la propia Conadi reconoció en el documento "Política de Tierras" de 1999 la inexistencia de una cuantificación objetiva de las tierras en esa condición y por lo tanto la existencia de un espacio para que la demanda por tierras fuera infinita. El mismo documento plantea que esta situación generó "grandes presiones hacia la Conadi y una gran frustración de las comunidades y personas al no tener respuesta a sus expectativas". Sin embargo, aún no se ha realizado una cuantificación objetiva de las tierras que serán adquiridas por compra directa. Mientras no se establezca con claridad cuántas son las tierras que el Estado va a entregar por compra directa, las comunidades nunca verán satisfechas sus expectativas, porque la demanda por tierras obviamente no acaba.
Adicionalmente, como ambos mecanismos de compra de tierra son discrecionales, abren espacios para que las comunidades opten por la violencia para presionar a las autoridades para acceder a tierras. A esto se suma que las tierras adjudicadas no se acompañan por programas eficientes de producción, por lo que las comunidades no logran salir de la pobreza.
La violencia de esta semana refleja justamente la problemática descrita. La comunidad Requem Pillán de la cual era miembro el joven mapuche Jaime Mendoza que falleció en un enfrentamiento con Carabineros esta semana, en donde el policía fue herido en su rostro por un disparo de escopeta por parte de los atacantes mapuches, reivindica el fundo San Sebastián, siendo que recibió 910 hectáreas de la Conadi el 2001.
El Gobierno sostiene que la violencia en la Araucanía se debe al éxito de la política indígena. Sin embargo, los logros de una política no se miden según la cantidad de fondos invertidos, sino que respecto a los resultados y el panorama actual muestra hechos de violencia que afectan hace 20 años las posibilidades de desarrollo de una de las regiones más pobres del país.