La nueva ley de Aduanas impulsada por el Gobierno boliviano ha desatado una fuerte protesta en todo el país por una causa insólita a considerar en todo estado de derecho. Es que en Bolivia las cosas no suelen ser tan lógicas bajo los parámetros y valores occidentales. Bolivia tiene la lógica, al igual que algunos países vecinos altiplanicos, de la informalidad. La razón de tanta agua agitada social y políticamente es porque la Ley de Aduanas endurece las penas por contrabando.
En un Estado donde la economía informal supera el 55%, el contrabando es un pilar para el sustento de miles de familias ocupadas en el comercio minorista y mayorista. El propio Gobierno ha cifrado en 1.500 millones de dólares (1.150 millones de euros) el volumen que mueve la actividad ilegal cada año, casi un 10% del PIB.
Pero a pesar de las violentas protestas callejeras en al menos cuatro grandes ciudades bolivianas, la ley fue aprobada en la madrugada de ayer y su promulgación por el presidente Evo Morales es inminente, pese a que afectará a una decisiva porción de su electorado, casualmente la mayor parte del sector informal de la economía, que genera el 55% del empleo, según los expertos.
Oruro, desde cuyos mercados se distribuyen las grandes líneas del contrabando, fue el epicentro de la violencia, hasta el punto de que, según sospecha la policía, fueron rudimentarias bombas molotov las que ocasionaron un gran incendio en los almacenes aduaneros de esa ciudad. Menos violentas pero más vociferantes fueron las manifestaciones de miles de pequeños comerciantes en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz para rechazar la nueva normativa.
El Senado ratificó el texto de la ley - ahora en la Cámara de Diputados para su aprobación- que modifica el código tributario y el régimen legal de Aduanas y los convierte en los más duros instrumentos de lucha contra el contrabando, por detrás de la ley contra el tráfico de estupefacientes. La normativa no reconoce inocencia alguna y obliga a los presuntos culpables a defenderse desde la cárcel. Las penas han aumentado de tres a cinco años la mínima y de seis a diez años la máxima, y la dirección de Aduanas puede convocar a las fuerzas armadas y a la policía para participar en operaciones para incautar mercadería que ingrese ilegalmente en el país. Todos "los instrumentos de delito", como mercaderías, depósitos, propiedades y medios de transporte, podrán ser confiscados a favor del Estado.
La fuerza de la nueva ley pretende controlar una evasión fiscal que supera los 200 millones de dólares al año. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) calcula que las pérdidas tributarias se han incrementado de 167 millones de dólares en 2001 a 267 millones en 2007, con una marcada tendencia al crecimiento a través de los 26 puntos geográficos en la extensa frontera boliviana que están fuera del control aduanero o donde este es deficiente o derechamente reina la corrupción.
La actividad del contrabando mueve por lo menos 1.500 millones de dólares al año, según aseguró el ministro de Finanzas y Economía, Luis Arce Catacora, al justificar la urgencia de aplicar la ley, que representará importantes ingresos para el Tesoro General de la Nación.
La Fundación Milenio, dedicada al análisis de la gestión económica, destaca como positiva la medida, pero hace notar que la disposición no toma en cuenta "la realidad del país: el sector no formal de la economía genera el 55% del empleo, y gran parte del sector informal es el comercio en las ciudades, comercio grande y pequeño, que se alimenta del contrabando".
Esta es una de las razones por las que la gente que vende en las calles -en la mayor parte de las calles de todas las ciudades del país- ha salido a expresar sus temores ante la promulgación de la nueva ley, pese a que los senadores oficialistas, entre ellos David Sánchez de Chuquisaca, aseguraron que el objetivo son los grandes contrabandistas, que mueven millones de dólares en el ingreso ilegal de mercaderías desde Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú.
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