ESCANDALOS DE CORRUPCION DE ARMADA Y FUERZA AEREA URUGUAYA VAN A LA JUSTICIA

Ministro de Defensa del Uruguay Luis Rosadilla

Después de que el pasado martes el ministro uruguayo y ex guerrillero tupamaro, Luis Rosadilla, confirmara, no sólo el relevo de 4 altos oficiales de la Armada Nacional, uno de ellos Agregado Naval en Brasil, sino la ampliación  de la acción judicial en torno a diversas irregularidades en materia de compras no concretadas pero pagadas, sobrefacturadas, viáticos excesivos, cuentas bancarias europeas ignoradas y luego clausuradas sin retorno de los dineros, entre otros casos, se han exigido responsabilidades a los secretarios de la cartera del gobierno anterior, especificamente a Azucena Berutti y a José Bayardi, titulares emblemáticos del Ministerio de Defensa durante la presidencia de Tabaré Vazquez. Sin embargo, de hecho, tanto los ex jerarcas navales como los ex ministros de Defensa anteriores, están siendo objeto de investigaciónes judiciales y administrativas, las que llegarían hasta gobiernos anteriores al 2004, como el ex ministro y legislador Yamandú Fau, quien ha aseverado,que, de continuarse con las actuaciones "tendrá mucho que decir", aunque otras fuentes apuntan lhacía las responsabilidades y mal manejo de la cartera hacia Berutti, y como excesivamente tolerante hacia este tipo de situaciones cuya contabilidad final, de confirmarse todos los extremos, podría elevarse a decenas de millones de dólares.

Legisladores opositores, como el senador Tabaré Viera o el diputado Javier García-ambos integrantes de sus respectivas comisiones de Defensa-han elogiado la actitud del actual Secretario de Estado, Luis Rosadilla, aunque García recordó su pedido, rechazado por el oficialismo en la pasada administración para constituir una comisión investigadora a raíz de la compra de lanchas Boston Whaller para Haití a  más del doble de lo que hubiesen costado comercialmente adquiridas a un minorista de Montevideo, sin justificación aparente.

La indagatoria continúa ahora, también hacia el lado de los proveedores, en tanto el clima contagia al resto de las Fuerzas Armadas, determinando que la Fuerza Aérea apruebe muy probablemente la destitución de un controlador de tránsito aéreo de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, por falsificar viáticos.

LA ARMADA TAMBIEN DESFILA POR TRIBUNALES

Oficiales varios y gran parte de los proveedores navales del último sexenio desfilarán por los estrados judiciales esta semana debido al escándalo relacionado en los últimos días por diversas denuncias de corrupción en la Armada Nacional del Uruguay. El caso ha sido calificado por el Poder Legislativo uruguayo como grave, y mayoritariamente, los dirigentes opositores parecen apoyar la iniciativa judicial y ministerial de investigar a fondo las controvertidas finanzas de la Armada y en particular los fondos provenientes de la ONU destinados a las diversas organizaciones militares uruguayas.

Si bien se investigan las tres Fuerzas, se ha resuelto cerrar de momento, el expediente destinado al Ejército (de contabilidad más compleja) así como se mantendrán abiertas las opciones en relación a la Fuerza Aérea.

Según declaró el ex Ministro de Defensa Yamandú Fau, quien, aparentemente ya no tendría mayores problemas judiciales, los uniformados durante gobiernos anteriores eran reticentes a un manejo centralizado de los fondos ONU y al acceder la izquierda al poder, rapidamente aceptaron esta tesis, en lo que veladamente podría significar una alusión sutil a un posible acatamiento de ciertas medidas para minimizar una previsible hostilidad histórico política tradicional hacia los militares por parte del actual oficialismo, en este o el anterior período.

Llama la atención el silencio de la ex ministra de Defensa, que ocupó la cartera por un mayor lapso en los gobiernos del Frente Amplio, Azucena Berrutti, la que meses atrás se mostró bastante desfavorable a seguir hurgando en la temática de Derechos Humanos por hechos acaecidos durante la pasada dictadura, al contrario que sus correligionarios más radicales, que volvieron a plebiscitar el tema ya saldado electoralmente en 1989, con resultados igualmente desfavorables.