Las acciones de los clanes originarios han ocupado en las últimas semanas la atención del Gobierno. Los quechuas acusados de asesinar a cuatro policías se resisten a ser investigados y enviarán una misión a La Paz para negociar con las autoridades
La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) prepara una marcha de más de 1.400 kilómetros contra el Gobierno de Evo Morales, tras romper el diálogo sobre el desarrollo de las autonomías indígenas, informó su presidente, Adolfo Chávez.
Dirigentes de la Cidob se reunieron el fin de semana con el ministro de Autonomías, Carlos Romero, pero no lograron un acuerdo y anunciaron que la marcha comenzará este jueves en Trinidad, capital del departamento de Beni, hasta llegar a La Paz. Según Chávez, el Gobierno ha "incumplido" un convenio firmado en mayo pasado, cuando fue suspendida una primera marcha, y ha reducido el poder de las autonomías indígenas para convertirlas "en un simbolismo". Concretamente, el presidente de la Cidob denunció que con la propuesta del Gobierno las autonomías indígenas no percibirán recursos económicos del Estado. Además, los indígenas exigen que en la votación de los estatutos autonómicos sólo participen los indígenas y no toda la población del territorio, como dice el Gobierno. "Quieren minimizar el poder de la autonomía indígena", concluyó Chávez, que también acusa a Morales de querer desconocer el mandato constitucional que obliga a consultar a los pueblos originarios la explotación de los recursos de sus territorios.
A su vez, el Ministerio de Autonomías calificó en un comunicado las peticiones de la Cidob de "inconstitucionales" y dijo que no se pueden negociar.
Romero aseguró que la decisión de los indígenas orientales responde a intereses políticos y culpó a algunas ONG de promover una ruptura entre originarios y Morales.
Los indígenas de la Cidob no son los únicos críticos de Morales. Los pueblos del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure, en el centro del país, rechazan la construcción de una carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, atravesando esa reserva natural.
Afirman que esta ruta, financiada por Brasil, será la "carretera de la coca", ya que "colonizarán" la reserva de cultivadores de esa hoja.
Más problemas
Al tiempo, el Gobierno boliviano sigue haciendo frente al caso del linchamientos de cuatro policías a manos de indígenas quechuas en una zona rural de Oruro. Ayer, el diputado de la fuerza opositora Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro, junto a su colega Elizabeth Reyes, presentaron en la ciudad de Sucre, sede del Poder Judicial, una demanda por el presunto delito de incumplimiento de deberes y omisión para atender el caso, contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, el comandante nacional de policía, general Oscar Nina, y a los dos jefes policiales de Potosí y Oruro.
Los "ayllus guerreros" o clanes indígenas del norte del departamento de Potosí han impedido a los investigadores y a fiscales entrar al pueblo de Uncía, donde se cometieron los crímenes, para iniciar las investigaciones y dar con los asesinos.
Según la prensa, dirigentes de los "ayllus" anunciaron que llegarán a La Paz para presentar al Gobierno un documento en el que piden un cambio total de los agentes en la región y ratifican la prohibición de entrada a Uncía de fiscales e investigadores.
Demandas y resistencia
La demanda de los diputados Navarro y Reyes también pide identificar a los autores del crimen contra los policías. Los "ayllus" justifican su acción en el marco de la aplicación de la "justicia comunitaria", reconocida por la Constitución que promulgó Morales el año pasado. La justicia indígena ha sido incorporada a la nueva Constitución, que la define como la aplicación de valores y costumbres para resolver litigios en comunidades rurales, pero no reconoce la pena de muerte. Las familias de los agentes asesinados también demandarán a los "ayllus" por el crimen.
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