El proyecto de Ley de Comunicación que analiza la Asamblea Nacional ha recibido observaciones de parte de varias entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En diciembre del año pasado el director de Unesco-Quito, Edouard Matoko, envió al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), un documento con 122 páginas en el que se detallaron 22 observaciones al proyecto de ley.
El organismo advirtió que el proyecto contiene aspectos no alineados con los estándares e instrumentos internacionales.
A la Unesco le preocupa las facultades e integración del Consejo de Comunicación, pues a su criterio, el proyecto en estudio otorga “una enorme concentración de poderes para un solo organismo estatal que no tiene una independencia clara del Gobierno, y con facultades muy amplias, discrecionales y laxas que podrán convertirse en restricciones a derechos fundamentales”.
Agrega que se otorgan más poderes al Consejo que lo que el propio articulado define como finalidad del mismo.
Además, se cuestiona la integración del Consejo y se apunta que debe expresarse la independencia política y jerárquica del Gobierno en materia de decisiones.
Los asuntos más inadecuados, según la Unesco, se refieren a la expedición de un registro habilitante para el funcionamiento de medios y su posible cancelación, inclusive de medios escritos, y la evaluación y eventual sanción por considerar que periodistas, medios o personas a través de los medios difundieron información que no sea considerada veraz.
La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, también hizo reparos al proyecto en diciembre.
Entre los temas que le causan preocupación están el de la censura previa, la imposición del título de comunicador social como requisito para ejercer el periodismo, el sistema de registro de medios y régimen de sanciones, la posible intervención en contenidos, y garantizar la reserva de la fuente.
La Relatoría volvió a señalar en abril de este año, en un comunicado al presidente Rafael Correa, que si se aprueba el texto actual de la ley de comunicación se afectarían las libertades de prensa y de expresión.
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