Los indígenas radicalizaron su oposición al gobierno ecuatoriano el miércoles, al convocar a una protesta nacional contra un proyecto de ley sobre el manejo del agua, tras el sitio la víspera del Congreso en Quito, con enfrentamientos que dejaron varios heridos y detenidos.
Un policía observa una piedra lanzada el martes contra el edificio del Congreso durante las protestas de los indígenas en Quito, Ecuador. getty images
``Las tres confederaciones importantes del movimiento [aborigen] hemos convocado a una movilización nacional'', anunció el miércoles el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Marlon Santi, y advirtió que no tolerarán ``que las leyes se hagan a espaldas del pueblo''. ``Vamos a radicalizar la movilización'', dijo a su vez el presidente de la Ecuarunari (que agrupa a los indígenas de la sierra andina), Delfín Tenesaca.
Los nativos intensificaron las protestas el martes cercando el Legislativo --dominado por el oficialismo-- e impidiendo la salida de los congresistas que trataban en segundo y último debate la iniciativa del socialista Rafael Correa. El titular de la Asamblea, Fernando Cordero, levantó en la noche la sesión, lo que desató un choque entre los miles de manifestantes --muchos de ellos armados con palos-- y la policía, que logró desalojarlos empleando gas lacrimógeno. Varias personas resultaron lesionadas, según ambas partes, que se culparon mutuamente por el inicio de las agresiones. Cordero anunció que la sesión continuará el jueves, ante lo cual los indígenas se declararon en ``vigilia hasta que los nudos críticos sean resueltos'', según Tenesaca. El vicepresidente de la Ecuarunari, Luis Contento, insistió en que las comunidades se mantendrán en Quito ``hasta las últimas consecuencias'' y que si no hay un giro en la ley ``se van a radicalizar las medidas'' a nivel nacional. ``Si eso tiene que llevar a mayores [protestas], no podemos hacer nada'', alertó.
El presidente de la Conaie confirmó que las protestas también dejaron cinco detenidos en la provincia andina de Azuay (sur) y anotó que el reclamo es ``para todos los ecuatorianos''. Los aborígenes, que se consideran 35 por ciento de la población de 14.2 millones, exigen la creación de una autoridad colegiada para normar el uso del agua, un ``mínimo vital gratis'' y un fondo para conservar los páramos.
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