CUMBRE EUROPEA Y APOYO A HONDURAS

Decidir el apoyo o rechazo a la legitimidad del gobierno de Honduras constituye para nuestro país un acto de soberanía que no puede estar prisionero de lo que entienden por democracia la Unasur y el Alba

Juan Emilio Cheyre:Director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid; Magíster en Ciencia Política con mención en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Chile; Magíster en Planificación y Gestión Estratégica por la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Profesor asociado adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. General del Ejército y Comandante en Jefe del Ejército (marzo 2002-marzo 2006).

Han pasado casi seis meses desde que el pueblo hondureño, en el contexto de las anomalías de la crisis Zelaya-Micheletti, decidió en elecciones libres expresarse soberanamente a favor de Porfirio Lobo. Con este acto se rompía lo que en este medio caractericé como una situación de bloqueo que impedía resolver una situación política de gravedad.

Así, el proceso eleccionario permitió revertir el punto de no retorno generado por el quiebre que provocó el derrocamiento del Presidente Zelaya por las instituciones militares, siguiendo mandatos del senador Micheletti, posterior presidente de facto, y de otros poderes del Estado. También se desentrampó la serie de desaciertos ocurridos en las negociaciones internacionales, donde no estuvieron exentos de responsabilidad los países de la región y la OEA.

Con las elecciones se entró en el proceso de recuperación de la democracia, cuyo verdadero beneficiario es el pueblo de Honduras, que hasta ahora resultó y sigue resultando el principal perjudicado por la pérdida de legitimidad de sus autoridades políticas. Sin embargo, el apoyo para consolidar este proceso democrático, sin duda incipiente y atípico, ha provenido mayoritariamente de países europeos, organismos internacionales y sus vecinos (con la excepción de Nicaragua), y no de los Estados democráticos con mayor poder y legitimidad de la región.

El Presidente Lobo llego a la Cumbre Unión Europea-Centroamérica (aunque no irá a la cumbre UE-América Latina y el Caribe) con el reconocimiento -o la clara intención de hacerlo- de gobiernos democráticos como Alemania, Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, España, EEUU, Francia, Guatemala, Italia y otros, y de organismos como el FMI (que incluso comprometió apoyo financiero por US$ 160 millones).

Paradojalmente, el actor más relevante en la región, Brasil -cuyo Presidente tiene una reconocida voluntad integracionista y liderazgo-, llama a no dar un visto bueno anticipado, para evitar lo que denomina un reconocimiento precipitado. Su opinión influye en la Unasur, un pacto carente de contenido político e institucionalidad interna. Y se suma así a la abierta campaña del Alba, algunos de cuyos integrantes ostentan títulos de legitimidad que se alejan del paradigma democrático. La inacción, retraso y falta de consideración a la voluntad del pueblo hondureño que promueven ambos pactos, lejos de contribuir al proceso de normalización de dicho país, castiga sus esfuerzos por recuperar su institucionalidad.

En ese cuadro, Chile no ha jugado sus cartas. La evaluación del momento y forma de hacerlo resulta urgente y es de la mayor importancia. Decidir el apoyo o rechazo a la legitimidad del gobierno de Honduras constituye para nuestro país un acto de soberanía que no puede estar prisionero de lo que entienden por democracia la Unasur y el Alba. Para Chile, siguiendo los mejores valores de su política exterior, es obligación tener posición propia fundamentada en principios. Una independencia que ha exhibido incluso, en la ONU, enfrentando a EEUU en su pretensión de legitimar la invasión a Irak. En la disyuntiva entre quienes apuestan a fortalecer la democracia hondureña, con sus debilidades, y quienes parecen olvidar el bienestar del pueblo hondureño en un intento por castigar la ruptura institucional (que no fue culpa del Presidente actual), nuestro país aún tiene espacios para decidir en forma autónoma, asumiendo su rol de softpower y agente moderador de visiones confrontacionales en la región, alineado con sus incuestionables principios y actuar democráticos.