La Corte Suprema de Justicia en Bolivia se encuentra virtualmente descabezada, tras continuas acciones del Ejecutivo que llevaron a que 5 de sus 12 miembros se encuentren renunciantes y el presidente del tribunal esté actualmente suspendido.
Así lo manifestó el periodista y abogado Roberto Méndez, del diario El Día, de Bolivia, en conversación telefónica con ABC Color de Paraguay, quien afirmò que el gobierno de Evo Morales tiene la intención de asegurarse el control del Poder Judicial con “una Corte Suprema a su medida”.
Méndez recuerda que a lo largo del actual gobierno, se llevaron a cabo reiteradas acciones, por parte del Ejecutivo, en contra de diferentes ministros de la Corte.
Acusando a varios de ellos de “retardo de justicia”, “con o sin razón”, según expresa Méndez, logró que cinco de los 12 miembros de la Corte Suprema abandonaran sus cargos.
El máximo tribunal quedó así con siete miembros, la cantidad mínima para hacer quórum y poder funcionar.
El gobierno de Morales accionó luego, también por “retardo de justicia”, en contra del presidente mismo del supremo tribunal, en una causa que, dirimida ante el Senado, resultó favorable al ministro de la Corte.
No obstante, apenas sobreseído, el gobierno inició otra acción en contra del mismo. Mientras duran los procedimientos de dichas acusaciones, el ministro se halla suspendido, por lo que, “la Corte Suprema se encuentra operativamente paralizada”, resaltó Méndez.
Con la nueva Constitución boliviana, vigente desde 2009, los ministros de la Corte deberán ser elegidos por voto popular.
El proceso para implementar esta nueva disposición, y renovar a todos los miembros de ese tribunal, podría durar alrededor de un año.
El gobierno ha planteado la posibilidad de aprobar una “ley corta” que permitiría el nombramiento inmediato de los ministros de la Corte, mientras dura el proceso electoral.
El partido de gobierno controla actualmente la mayoría absoluta en la Asamblea Plurinacional (Parlamento), por lo que se da por sentado que la propuesta gubernamental sea aprobada en la legislatura.
De este modo, afirma Méndez, “Morales estaría violentando su propia Constitución, que no prevé una medida en ese sentido”.
La actual Constitución fue aprobada en Bolivia por el sector oficialista, sin la presencia de los opositores, en un polémico procedimiento, cuando los grupos pro gubernamentales decidieron cambiar la sede oficial de las reuniones de la Asamblea Constituyente.
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