Con un costo inicial de 125 millones de dólares en el primer trienio, la norma legislativa busca subsanar el virtual estancamiento en los ingresos de personal a la Marina de las últimas cuatro décadas. El incremento exponencial que ha tenido en ese tiempo la prospección de hidrocarburos, así como el ingreso de armas y drogas vía fluvial, exige un efectivo mucho mayor en la Fuerza, así como el aumento de la superficie marítima exclusiva y el del número de buques mercantes registrados con bandera brasileña.
Asimismo, la constitución de una nueva flota de submarinos convencionales y nucleares, así como de patrulleros oceánicos y helicópteros medianos, exige crecientes recursos humanos. De esta manera, hacia el 2030 se espera contar con unos 11.000 oficiales, 70.000 subalternos y 4.000 alumnos
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