El 16 de julio un noticiero de televisión del estado de Michoacán recibió una llamada de un narcotraficante conocido como la 'Tuta', un portavoz de la 'Familia', el tenebroso cartel de la droga que opera en ese estado mexicano desde hace unos años. En un lenguaje atropellado que por momentos era imposible de entender, la 'Tuta' exhortó al gobierno a negociar con ellos un pacto nacional con el poderoso argumento de que eran un mal necesario que nunca se iba a acabar. "¡Si yo fallezco! -dijo la 'Tuta'-, pues ponen otro en mi lugar… y así se va a ir -exclamó en tono airado-. Por eso queremos llegar a un consenso, a un pacto nacional. No sé cómo, ¡pero hay que ponernos las pilas!… este es un mensaje para el presidente Felipe Calderón, a quien respetamos y admiramos...", subrayó. Y tras reafirmar que su pelea no era con el Presidente ni con el Ejército, sino con el jefe de la Policía federal (Genaro García Luna) a quien acusó de estar aliado con los otros carteles para acabarlos, se despidió con un "Dios nos bendiga".El día que llegué a México con el propósito de hacer un reportaje sobre la "guerra contra el narco" -así le dicen en México-, declarada por el gobierno de Calderón desde 2006, el impacto de esta llamada seguía latente. El episodio mediático había sido reproducido por todos los medios mexicanos manteniendo en vilo a la teleaudiencia como sólo lo logran en México las telenovelas de Televisa. A esta trama se le sumó otra aun más truculenta con la respuesta dada por el secretario de la gobernación, Gómez Mont, quien en representación del gobierno de Calderón salió a retarlos en el tono propio de los machos mexicanos: "¡Los estamos esperando! -les dijo-. ¡Métanse con la autoridad y no con los ciudadanos!... esta es una invitación que les hacemos".La respuesta gubernamental, lejos de calmar los ánimos, aumentó la sensación de desconcierto que se sentía en el ambiente. "Desde cuando se inició la ofensiva contra el narco, esta es la primera vez que los carteles mexicanos demuestran una osadía y un poder de intimidación nunca antes vistos", dice Joaquín Ibarz, decano de los corresponsales extranjeros en México.
Sin embargo, para una periodista colombiana como yo, que le tocó vivir en carne propia la época del narcoterrorismo, este tipo de episodios parece calcado de otros que ya vivimos los colombianos hace 25 años, cuando los extraditables, al mando de Pablo Escobar, llamaban a las emisoras colombianas a dejar más o menos el mismo mensaje intimidatorio que dejó sembrado la 'Tuta' en la televisión mexicana.
En ese entonces los carteles colombianos no habían asesinado ministros ni procuradores, ni candidatos, ni directores de periódicos; tampoco habían volado aviones ni puesto bombas en los centros comerciales, y su violencia permanecía contenida, circunscrita a sus peleas internas por el control de nuevas rutas y el acceso a nuevos mercados, como hoy parece estar sucediendo con los carteles mexicanos, según lo aseguran las autoridades mexicanas; eran épocas en que los colombianos aún podíamos viajar por el mundo sin necesidad de visas y nos indignaba cuando un país nos la imponía como de hecho ya les empieza a pasar a los mexicanos, a quienes Canadá, su socio comercial del Norte, les acaba de imponer la visa para entrar a ese país.
Ingenuidad
En resumen, eran épocas en las que se desconocía el tamaño del desafío que representaban los carteles de la droga y se pensaba que tras el descubrimiento del laboratorio de Tranquilandia, y con Escobar convertido en prófugo de la justicia, el cartel de Medellín había quedado herido de muerte, como ingenuamente alcanzó a decírmelo el ministro de justicia, Rodrigo Lara, semanas antes de que Pablo Escobar lo asesinó. "Con lo de Tranquilandia, los fregamos", fueron sus palabras.
Esa incapacidad de leer lo que estaba a punto de sucedernos en aquellas épocas también se palpa en México. Las autoridades mexicanas con las que hablé están tan confiadas en que van ganando la guerra, como lo estaba Rodrigo Lara hace 25 años. Y, según sus estimativos, tras dos años de una exitosa ofensiva, los carteles mexicanos están tan mermados en su capacidad para delinquir, que es imposible pensar en un escalamiento de la guerra como el que se dio en Colombia.
La estrategia de la guerra contra el narco diseñada por el presidente Calderón ha recaído en dos cabezas principales. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encargado de la Policía Federal, un hombre poco amigo de salir en los medios, y el procurador general de México, Eduardo Medina Mora, que ejerce las mismas funciones de un fiscal general.
Medina Mora me recibe en su búnker, un inmenso edificio situado en la imponente avenida Reforma y lo primero que me dice es que su país ha logrado en estos dos años asestar los golpes más certeros a las estructuras de los carteles. "Nuestro objetivo no es acabar con ellos -aclara-, sino fragmentarlos para reducir su poder como de hecho pasó en Colombia con Pablo Escobar y Rodríguez Gacha".
Ese objetivo -según él- se ha venido cumpliendo en estos dos años y medio. Se ha batido récord en el número de capturas, -157 de 2006 a 2008-, de incautación de armas -47.150 armas de largo alcance, "suficientes para armar a un ejército de un país suramericano", en palabras del licenciado Nájera, portavoz de la Procuraduría- y lo propio ha sucedido con los cargamentos de droga incautados y las extradiciones. Esta ofensiva, según palabras del Procurador, ha desgastado las estructuras del crimen organizado y es la culpable del recrudecimiento de la guerra entre carteles registrado en estos dos últimos años. "La llamada intimidatoria de la 'Tuta' a una estación de televisión es una expresión de fuerza, pero no de fortaleza -me dice-. Están muy golpeados". Y con una gran confianza asegura que su país entró a esta guerra "mucho antes de que el narcotráfico se tomara los estrados del poder, como infortunadamente sí ocurrió en Colombia".
Según cifras de la Procuraduría, desde cuando el presidente Calderón desató la ofensiva contra los carteles mexicanos se han registrado en "el ejecutómetro" -así se le dice en México- cerca de 14.000 asesinatos. Y aunque la cifra es mayor en "el ejecutómetro" colombiano -16.000 homicidios anuales-, sí supera a la registrada durante ese mismo tiempo en países como Irak.
El 90 por ciento de esas muertes violentas es de delincuentes fallecidos en enfrentamientos entre ellos y sólo el 10 por ciento es de policías muertos. Estas sangrientas disputas, en las que muchos de los asesinados han sido ejecutados con tiros de gracia, cuando no decapitados con machete -en México la mafia aún no ha entrado en la era de la motosierra-, son causadas por la guerra que se ha desatado por el control de dos campos estratégicos: las rutas para el envío de cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos, y las 'plazas', que son utilizadas para expender droga dentro de México, mercado que ha ido creciendo a una velocidad mayor que el de Colombia.
Le pregunto al Procurador cuáles son las lecciones que le ha dejado el caso colombiano. "Una que se la aprendí de mi amigo el general Óscar Naranjo -me responde-: la de que no debo menospreciar el poder corruptor del narcotráfico".
El optimismo del Procurador, sin embargo, no es compartido hoy por muchos analistas mexicanos expertos en el tema narco. Alberto Islas, un consultor y experto en drogas, afirma que si bien es cierto que los carteles mexicanos no han todavía golpeado con su violencia la población civil ni le han decretado una guerra al gobierno mexicano, como sucedió en Colombia, "ya se empiezan a advertir síntomas preocupantes de que eso puede estar cambiando".
Estos síntomas a los que se refiere Islas son los siguientes: el 15 de septiembre del año pasado, el temible cartel de los Zetas, creado por miembros del cuerpo elite del Ejército, arrojó unas granadas sobre la gente que había salido a la plaza a festejar el día de la Independencia en Morelia. En el atentado murieron ocho civiles. Al mes, los mismos Zetas atacaron el consulado de Estados Unidos y la estación de Televisa en Monterrey y en julio de este año, en retaliación por la captura de uno de sus lugartenientes, el cartel de la Familia se ensañó contra la Policía Federal de una manera jamás vista: durante cinco días seguidos atacó sus instalaciones. El saldo final de muertos fue de 20 agentes federales ejecutados. Sus cuerpos torturados aparecieron en una foto que le dio la vuelta al mundo y que ellos mismos subieron en YouTube. Y aunque las autoridades mexicanas han descartado de plano la tesis de un atentado a cargo del crimen organizado en el accidente aéreo en el que perdió la vida el subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, mano derecha de Calderón, lo que sí es cierto es que meses antes de su fallecimiento, las autoridades mexicanas develaron un plan para asesinarlo. Y hace unas semanas no más, la Policía federal capturó un sicario que al parecer iba a atentar contra el presidente Calderón.
Enrique Krauze, el intelectual mexicano director de Letras Libres, intuye el tamaño del desafío cuando afirma que su país está pasando por "un período de negación en el que los mexicanos se están levantando por las mañanas diciendo: 'esto no me está pasando a mí'". El periodista mexicano Raimundo Riva Palacios va más allá al afirmar que el gobierno de Calderón "peca de ingenuo porque en el fondo no hay un diseño estratégico de la lucha contra el narcotráfico". ?
Las dificultades
Los problemas de diseño estratégico que señala Riva Palacios tienen que ver con una serie de vulnerabilidades que se derivan de la naturaleza del Estado y de la cultura mexicana, que en concepto de varios analistas, son muy bien aprovechadas por el crimen organizado; de la misma forma que en Colombia la imposibilidad de contar con un Estado que ejerciera control en todo el territorio nacional, unido a la cultura de la ilegalidad, permitió que el negocio ilegal de la cocaína se instalara en Colombia y no en otro país andino.
México es un país federal y dentro de su extenso territorio hay cerca de 1.640 cuerpos de policía con su propia autonomía. La mayoría de los agentes no tiene preparación y no se comportan como un cuerpo profesional. Después de varios intentos infructuosos por unificarlos, un proyecto de ley que acaba de ser aprobado logró ponerlos bajo dos techos: la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría.
La imposibilidad de tener una policía nacional como la que hay en Colombia no es el problema más grave. El más perturbador es el grado de corrupción de las policías municipales. "En México la mayoría de los policías que son asesinados es porque no les hicieron bien la vuelta a los narcos y no porque se hayan enfrentado con ellos", me dijo un ex agente de policía que trabajó de manera encubierta por muchos años en Sinaloa. Según la DEA, de los 420.000 policías municipales que hay en todo el país, cerca de 80 por ciento son cómplices del narcotráfico o trabajan para algún cartel. "Cuando los narcos colombianos comenzaron a hacer negocios con los carteles mexicanos, los colombianos entraron con una desventaja porque prácticamente los mexicanos estaban manejando una franquicia de la Policía", afirmó un profesor colombiano experto en drogas.
A este escenario hay que sumarle la presencia activa del Ejército, fuerza que ha sido llamada a participar en la guerra contra las drogas en vista de los graves problemas de corrupción detectados en la Policía. Sin embargo, sus incursiones en Chihuahua y en Michoacán han ocasionado tal número de denuncias en el tema de los derechos humanos, que Estados Unidos aún no ha desembolsado el dinero aprobado en la Iniciativa Mérida, que es la versión mexicana del Plan Colombia.
Pero además, a pesar de que México es una de las economías emergentes más importantes del mundo, es un país menos desarrollado que Colombia en materia de ordenamiento institucional. En México no existe, por ejemplo, una tarjeta de identidad; como tampoco existe un sistema de medición institucional que permita al Estado o a las autoridades evaluar esta guerra. Hasta hace poco "los ejecutómetros" provenían de los conteos de muertos hechos por los diversos corresponsales que tiene en el país el periódico El Universal. En esas circunstancias, como bien lo afirma Alberto Islas, "es imposible poder hacer un diagnóstico confiable que le permita a México diseñar una estrategia de lucha contra el narcotráfico que pueda sostener en el tiempo".
Otro factor inquietante es que México se enfrenta a unos carteles mucho más poderosos que lo que llegaron a ser el de Cali y el de Medellín. Los carteles mexicanos generan cerca de 19.000 millones de dólares anuales, cifra que excede de lejos la que dio hace poco el narcoparamilitar Mancuso cuando dijo que en los inicios de 2000, la cifra era de 7.000 millones de dólares anuales. A diferencia de los carteles colombianos, que siempre se han mantenido en el negocio de la cocaína -aunque ahora han ido incursionando en el tráfico de personas-, los mexicanos han sabido diversificar su oferta al ampliar su portafolio de servicios. Además de haberse adueñado de las rutas para la entrada de la cocaína a Estados Unidos, se han convertido en productores de drogas sintéticas -en México se produce la mitad de las anfetaminas que se consumen en Estados Unidos-, en productores y exportadores de marihuana -las hectáreas cultivadas se duplicaron en los últimos ocho años, lo mismo que la producción de heroína, que pasó de tres a 24 toneladas en los últimos seis años-. Tal será su poderío, que por primera vez un narco mexicano -no colombiano-, el 'Chapo' Guzmán, aparece en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo de la revista Forbes.
Acuerdos tácitos
Al igual que sucede con los capos colombianos, los mexicanos también ejercen un control social y político sobre su zona de influencia y en muchos estados son el poder paralelo que ha venido a ocupar el vacío de un Estado incapaz de solucionar las mínimas necesidades de la población. Y aunque el presidente Calderón ha descartado cualquier posibilidad de negociación con los carteles, las historias de cómo algunos gobernadores de los Estados han establecido acuerdos tácitos con los narcos como los que se dieron bajo el PRI, con el propósito de mantener un orden y reducir los muertos, empiezan a aparecer en informes periodísticos como los que hizo hace poco José De Córdoba en el Wall Street Journal.
La gran paradoja es que este poder que hoy detentan los carteles mexicanos se debe en cierta medida a los éxitos en la lucha contra el narco que Colombia obtuvo en la época de los 90, cuando se desmantelaron los carteles de Medellín y Cali. (Aunque también otros factores políticos, como la salida del PRI del poder y la firma del TLC con Estados Unidos, contribuyeron a crear cierta anarquía política y a transformar las mafias, que antes vivían del contrabando en la frontera, en los carteles de droga de hoy).
Con el derrumbamiento de los carteles de Medellín y Cali, los nuevos capos colombianos, acaso menos experimentados y más cortos de efectivo, tuvieron que ingeniárselas para buscar nuevas rutas y nuevos socios sin la capacidad que tenían sus antecesores de imponer sus términos, por lo que terminaron pagándoles parte de la carga en especie, hecho que catapultó el consumo interno.
Pronto dejaron de ser simples cobradores del impuesto que se les imponía a los narcos colombianos por el paso de la cocaína a través del territorio mexicano y pasaron a adueñarse de la ruta del Pacífico, por donde, según datos suministrados por la autoridades mexicanas, ingresa el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos.
Siguiendo esta cadena de 'éxitos', la apertura de la ruta del Pacífico se debe también a otra victoria conseguida en los 90 por parte de las autoridades norteamericanas y colombianas: el cierre de la ruta por el Caribe, utilizada hasta ese momento por los narcos colombianos para entrar la mayoría de la cocaína a Estados Unidos.
Las posibilidades de que los carteles mexicanos terminen por someter a los carteles colombianos aumenta cada día. Ya se le han decomisado extensas tierras y propiedades al cartel de Sinaloa en el Valle del Cauca. Y la posibilidad de que los narcos mexicanos terminen cultivando hoja de coca -¿tal vez en el sur del país - no es del todo imposible. ¿Pueden los carteles mexicanos convertirse en cultivadores de la hoja de coca, le pregunté al procurador Medina Mora. "Imposible -me respondió-. Primero, no hay grandes extensiones de tierra para hacerlo, y segundo, México es un desierto y en el desierto no se cultiva nada." La seguridad con que me respondió me hizo recordar la que se le veía al general Maza cuando se le preguntaba lo mismo y nos respondía diciendo más o menos lo mismo: que en Colombia el cultivo de la hoja de coca no tenía futuro porque la hoja que se producía en Colombia era de muy baja calidad.
En la guerra contra el narcotráfico sólo se puede ganar batallas pírricas porque estamos ante un negocio ilegal que se ha globalizado. Y a lo único que se puede aspirar es a minimizar su impacto interno, que es lo que está tratando de hacer Colombia y lo que pretende México. Ese parece ser un consenso entre los expertos. Pero para el profesor colombiano Francisco Thoumi, la mejor forma de hacerlo no es capturar, ni extraditar, sino subsanar las vulnerabilidades que afectan a esos Estados: "En el caso de Colombia, la gran vulnerabilidad es que no existe una cultura de la legalidad. Y en el caso de México, es posible que ese país esté pagando las consecuencias de haber institucionalizado la corrupción".
Sin embargo, para una periodista colombiana como yo, que le tocó vivir en carne propia la época del narcoterrorismo, este tipo de episodios parece calcado de otros que ya vivimos los colombianos hace 25 años, cuando los extraditables, al mando de Pablo Escobar, llamaban a las emisoras colombianas a dejar más o menos el mismo mensaje intimidatorio que dejó sembrado la 'Tuta' en la televisión mexicana.
En ese entonces los carteles colombianos no habían asesinado ministros ni procuradores, ni candidatos, ni directores de periódicos; tampoco habían volado aviones ni puesto bombas en los centros comerciales, y su violencia permanecía contenida, circunscrita a sus peleas internas por el control de nuevas rutas y el acceso a nuevos mercados, como hoy parece estar sucediendo con los carteles mexicanos, según lo aseguran las autoridades mexicanas; eran épocas en que los colombianos aún podíamos viajar por el mundo sin necesidad de visas y nos indignaba cuando un país nos la imponía como de hecho ya les empieza a pasar a los mexicanos, a quienes Canadá, su socio comercial del Norte, les acaba de imponer la visa para entrar a ese país.
Ingenuidad
En resumen, eran épocas en las que se desconocía el tamaño del desafío que representaban los carteles de la droga y se pensaba que tras el descubrimiento del laboratorio de Tranquilandia, y con Escobar convertido en prófugo de la justicia, el cartel de Medellín había quedado herido de muerte, como ingenuamente alcanzó a decírmelo el ministro de justicia, Rodrigo Lara, semanas antes de que Pablo Escobar lo asesinó. "Con lo de Tranquilandia, los fregamos", fueron sus palabras.
Esa incapacidad de leer lo que estaba a punto de sucedernos en aquellas épocas también se palpa en México. Las autoridades mexicanas con las que hablé están tan confiadas en que van ganando la guerra, como lo estaba Rodrigo Lara hace 25 años. Y, según sus estimativos, tras dos años de una exitosa ofensiva, los carteles mexicanos están tan mermados en su capacidad para delinquir, que es imposible pensar en un escalamiento de la guerra como el que se dio en Colombia.
La estrategia de la guerra contra el narco diseñada por el presidente Calderón ha recaído en dos cabezas principales. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encargado de la Policía Federal, un hombre poco amigo de salir en los medios, y el procurador general de México, Eduardo Medina Mora, que ejerce las mismas funciones de un fiscal general.
Medina Mora me recibe en su búnker, un inmenso edificio situado en la imponente avenida Reforma y lo primero que me dice es que su país ha logrado en estos dos años asestar los golpes más certeros a las estructuras de los carteles. "Nuestro objetivo no es acabar con ellos -aclara-, sino fragmentarlos para reducir su poder como de hecho pasó en Colombia con Pablo Escobar y Rodríguez Gacha".
Ese objetivo -según él- se ha venido cumpliendo en estos dos años y medio. Se ha batido récord en el número de capturas, -157 de 2006 a 2008-, de incautación de armas -47.150 armas de largo alcance, "suficientes para armar a un ejército de un país suramericano", en palabras del licenciado Nájera, portavoz de la Procuraduría- y lo propio ha sucedido con los cargamentos de droga incautados y las extradiciones. Esta ofensiva, según palabras del Procurador, ha desgastado las estructuras del crimen organizado y es la culpable del recrudecimiento de la guerra entre carteles registrado en estos dos últimos años. "La llamada intimidatoria de la 'Tuta' a una estación de televisión es una expresión de fuerza, pero no de fortaleza -me dice-. Están muy golpeados". Y con una gran confianza asegura que su país entró a esta guerra "mucho antes de que el narcotráfico se tomara los estrados del poder, como infortunadamente sí ocurrió en Colombia".
Según cifras de la Procuraduría, desde cuando el presidente Calderón desató la ofensiva contra los carteles mexicanos se han registrado en "el ejecutómetro" -así se le dice en México- cerca de 14.000 asesinatos. Y aunque la cifra es mayor en "el ejecutómetro" colombiano -16.000 homicidios anuales-, sí supera a la registrada durante ese mismo tiempo en países como Irak.
El 90 por ciento de esas muertes violentas es de delincuentes fallecidos en enfrentamientos entre ellos y sólo el 10 por ciento es de policías muertos. Estas sangrientas disputas, en las que muchos de los asesinados han sido ejecutados con tiros de gracia, cuando no decapitados con machete -en México la mafia aún no ha entrado en la era de la motosierra-, son causadas por la guerra que se ha desatado por el control de dos campos estratégicos: las rutas para el envío de cocaína proveniente de Colombia hacia Estados Unidos, y las 'plazas', que son utilizadas para expender droga dentro de México, mercado que ha ido creciendo a una velocidad mayor que el de Colombia.
Le pregunto al Procurador cuáles son las lecciones que le ha dejado el caso colombiano. "Una que se la aprendí de mi amigo el general Óscar Naranjo -me responde-: la de que no debo menospreciar el poder corruptor del narcotráfico".
El optimismo del Procurador, sin embargo, no es compartido hoy por muchos analistas mexicanos expertos en el tema narco. Alberto Islas, un consultor y experto en drogas, afirma que si bien es cierto que los carteles mexicanos no han todavía golpeado con su violencia la población civil ni le han decretado una guerra al gobierno mexicano, como sucedió en Colombia, "ya se empiezan a advertir síntomas preocupantes de que eso puede estar cambiando".
Estos síntomas a los que se refiere Islas son los siguientes: el 15 de septiembre del año pasado, el temible cartel de los Zetas, creado por miembros del cuerpo elite del Ejército, arrojó unas granadas sobre la gente que había salido a la plaza a festejar el día de la Independencia en Morelia. En el atentado murieron ocho civiles. Al mes, los mismos Zetas atacaron el consulado de Estados Unidos y la estación de Televisa en Monterrey y en julio de este año, en retaliación por la captura de uno de sus lugartenientes, el cartel de la Familia se ensañó contra la Policía Federal de una manera jamás vista: durante cinco días seguidos atacó sus instalaciones. El saldo final de muertos fue de 20 agentes federales ejecutados. Sus cuerpos torturados aparecieron en una foto que le dio la vuelta al mundo y que ellos mismos subieron en YouTube. Y aunque las autoridades mexicanas han descartado de plano la tesis de un atentado a cargo del crimen organizado en el accidente aéreo en el que perdió la vida el subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, mano derecha de Calderón, lo que sí es cierto es que meses antes de su fallecimiento, las autoridades mexicanas develaron un plan para asesinarlo. Y hace unas semanas no más, la Policía federal capturó un sicario que al parecer iba a atentar contra el presidente Calderón.
Enrique Krauze, el intelectual mexicano director de Letras Libres, intuye el tamaño del desafío cuando afirma que su país está pasando por "un período de negación en el que los mexicanos se están levantando por las mañanas diciendo: 'esto no me está pasando a mí'". El periodista mexicano Raimundo Riva Palacios va más allá al afirmar que el gobierno de Calderón "peca de ingenuo porque en el fondo no hay un diseño estratégico de la lucha contra el narcotráfico". ?
Las dificultades
Los problemas de diseño estratégico que señala Riva Palacios tienen que ver con una serie de vulnerabilidades que se derivan de la naturaleza del Estado y de la cultura mexicana, que en concepto de varios analistas, son muy bien aprovechadas por el crimen organizado; de la misma forma que en Colombia la imposibilidad de contar con un Estado que ejerciera control en todo el territorio nacional, unido a la cultura de la ilegalidad, permitió que el negocio ilegal de la cocaína se instalara en Colombia y no en otro país andino.
México es un país federal y dentro de su extenso territorio hay cerca de 1.640 cuerpos de policía con su propia autonomía. La mayoría de los agentes no tiene preparación y no se comportan como un cuerpo profesional. Después de varios intentos infructuosos por unificarlos, un proyecto de ley que acaba de ser aprobado logró ponerlos bajo dos techos: la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría.
La imposibilidad de tener una policía nacional como la que hay en Colombia no es el problema más grave. El más perturbador es el grado de corrupción de las policías municipales. "En México la mayoría de los policías que son asesinados es porque no les hicieron bien la vuelta a los narcos y no porque se hayan enfrentado con ellos", me dijo un ex agente de policía que trabajó de manera encubierta por muchos años en Sinaloa. Según la DEA, de los 420.000 policías municipales que hay en todo el país, cerca de 80 por ciento son cómplices del narcotráfico o trabajan para algún cartel. "Cuando los narcos colombianos comenzaron a hacer negocios con los carteles mexicanos, los colombianos entraron con una desventaja porque prácticamente los mexicanos estaban manejando una franquicia de la Policía", afirmó un profesor colombiano experto en drogas.
A este escenario hay que sumarle la presencia activa del Ejército, fuerza que ha sido llamada a participar en la guerra contra las drogas en vista de los graves problemas de corrupción detectados en la Policía. Sin embargo, sus incursiones en Chihuahua y en Michoacán han ocasionado tal número de denuncias en el tema de los derechos humanos, que Estados Unidos aún no ha desembolsado el dinero aprobado en la Iniciativa Mérida, que es la versión mexicana del Plan Colombia.
Pero además, a pesar de que México es una de las economías emergentes más importantes del mundo, es un país menos desarrollado que Colombia en materia de ordenamiento institucional. En México no existe, por ejemplo, una tarjeta de identidad; como tampoco existe un sistema de medición institucional que permita al Estado o a las autoridades evaluar esta guerra. Hasta hace poco "los ejecutómetros" provenían de los conteos de muertos hechos por los diversos corresponsales que tiene en el país el periódico El Universal. En esas circunstancias, como bien lo afirma Alberto Islas, "es imposible poder hacer un diagnóstico confiable que le permita a México diseñar una estrategia de lucha contra el narcotráfico que pueda sostener en el tiempo".
Otro factor inquietante es que México se enfrenta a unos carteles mucho más poderosos que lo que llegaron a ser el de Cali y el de Medellín. Los carteles mexicanos generan cerca de 19.000 millones de dólares anuales, cifra que excede de lejos la que dio hace poco el narcoparamilitar Mancuso cuando dijo que en los inicios de 2000, la cifra era de 7.000 millones de dólares anuales. A diferencia de los carteles colombianos, que siempre se han mantenido en el negocio de la cocaína -aunque ahora han ido incursionando en el tráfico de personas-, los mexicanos han sabido diversificar su oferta al ampliar su portafolio de servicios. Además de haberse adueñado de las rutas para la entrada de la cocaína a Estados Unidos, se han convertido en productores de drogas sintéticas -en México se produce la mitad de las anfetaminas que se consumen en Estados Unidos-, en productores y exportadores de marihuana -las hectáreas cultivadas se duplicaron en los últimos ocho años, lo mismo que la producción de heroína, que pasó de tres a 24 toneladas en los últimos seis años-. Tal será su poderío, que por primera vez un narco mexicano -no colombiano-, el 'Chapo' Guzmán, aparece en la lista de los 10 hombres más ricos del mundo de la revista Forbes.
Acuerdos tácitos
Al igual que sucede con los capos colombianos, los mexicanos también ejercen un control social y político sobre su zona de influencia y en muchos estados son el poder paralelo que ha venido a ocupar el vacío de un Estado incapaz de solucionar las mínimas necesidades de la población. Y aunque el presidente Calderón ha descartado cualquier posibilidad de negociación con los carteles, las historias de cómo algunos gobernadores de los Estados han establecido acuerdos tácitos con los narcos como los que se dieron bajo el PRI, con el propósito de mantener un orden y reducir los muertos, empiezan a aparecer en informes periodísticos como los que hizo hace poco José De Córdoba en el Wall Street Journal.
La gran paradoja es que este poder que hoy detentan los carteles mexicanos se debe en cierta medida a los éxitos en la lucha contra el narco que Colombia obtuvo en la época de los 90, cuando se desmantelaron los carteles de Medellín y Cali. (Aunque también otros factores políticos, como la salida del PRI del poder y la firma del TLC con Estados Unidos, contribuyeron a crear cierta anarquía política y a transformar las mafias, que antes vivían del contrabando en la frontera, en los carteles de droga de hoy).
Con el derrumbamiento de los carteles de Medellín y Cali, los nuevos capos colombianos, acaso menos experimentados y más cortos de efectivo, tuvieron que ingeniárselas para buscar nuevas rutas y nuevos socios sin la capacidad que tenían sus antecesores de imponer sus términos, por lo que terminaron pagándoles parte de la carga en especie, hecho que catapultó el consumo interno.
Pronto dejaron de ser simples cobradores del impuesto que se les imponía a los narcos colombianos por el paso de la cocaína a través del territorio mexicano y pasaron a adueñarse de la ruta del Pacífico, por donde, según datos suministrados por la autoridades mexicanas, ingresa el 90 por ciento de la cocaína que se consume en Estados Unidos.
Siguiendo esta cadena de 'éxitos', la apertura de la ruta del Pacífico se debe también a otra victoria conseguida en los 90 por parte de las autoridades norteamericanas y colombianas: el cierre de la ruta por el Caribe, utilizada hasta ese momento por los narcos colombianos para entrar la mayoría de la cocaína a Estados Unidos.
Las posibilidades de que los carteles mexicanos terminen por someter a los carteles colombianos aumenta cada día. Ya se le han decomisado extensas tierras y propiedades al cartel de Sinaloa en el Valle del Cauca. Y la posibilidad de que los narcos mexicanos terminen cultivando hoja de coca -¿tal vez en el sur del país - no es del todo imposible. ¿Pueden los carteles mexicanos convertirse en cultivadores de la hoja de coca, le pregunté al procurador Medina Mora. "Imposible -me respondió-. Primero, no hay grandes extensiones de tierra para hacerlo, y segundo, México es un desierto y en el desierto no se cultiva nada." La seguridad con que me respondió me hizo recordar la que se le veía al general Maza cuando se le preguntaba lo mismo y nos respondía diciendo más o menos lo mismo: que en Colombia el cultivo de la hoja de coca no tenía futuro porque la hoja que se producía en Colombia era de muy baja calidad.
En la guerra contra el narcotráfico sólo se puede ganar batallas pírricas porque estamos ante un negocio ilegal que se ha globalizado. Y a lo único que se puede aspirar es a minimizar su impacto interno, que es lo que está tratando de hacer Colombia y lo que pretende México. Ese parece ser un consenso entre los expertos. Pero para el profesor colombiano Francisco Thoumi, la mejor forma de hacerlo no es capturar, ni extraditar, sino subsanar las vulnerabilidades que afectan a esos Estados: "En el caso de Colombia, la gran vulnerabilidad es que no existe una cultura de la legalidad. Y en el caso de México, es posible que ese país esté pagando las consecuencias de haber institucionalizado la corrupción".
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