Informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados de Chile creada para dilucidar las responsabilidades políticas tras la tragedia del terremoto del 27 de febrero pasado, fue objeto de presiones por parte de la ex-presidenta Michelle Bachelet para ser excluida de responsabilidades en dicho informe, según declaro el presidente de dicha comisión, el diputado Jorge Ulloa. Quien afinaba ayer en la sede del Congreso en Santiago los últimos detalles del informe de la comisión investigadora de la Cámara.
En el video que se muestra a continuación, fue clave para la comisión investigadora para determinar la falta de capacidades para enfrentar emergencias y crisis de la ex-presidenta Michelle Bachelet. Donde en todo momento se le ve dubitativa, insegura e incapaz de tomar decisiones.
Eran casi la una de la tarde y faltaba una hora y media para la sesión en que los diputados votarían las conclusiones finales del documento. En ese instante, sonó su teléfono celular del diputado Ulloa. Al otro lado de la línea, la ex Presidenta Michelle Bachelet le solicitó al parlamentario que, en su calidad de presidente de la instancia, "le garantizara" que no se hiciera una "utilización política" del resultado de la votación.
Eran casi la una de la tarde y faltaba una hora y media para la sesión en que los diputados votarían las conclusiones finales del documento. En ese instante, sonó su teléfono celular del diputado Ulloa. Al otro lado de la línea, la ex Presidenta Michelle Bachelet le solicitó al parlamentario que, en su calidad de presidente de la instancia, "le garantizara" que no se hiciera una "utilización política" del resultado de la votación.
La conversación duró cerca de diez minutos. La ex Mandataria le manifestó a Ulloa "su malestar" por las definiciones de los diputados, quienes presentaron la semana pasada un borrador de conclusiones en que centralizan en ella las responsabilidades, además de otras seis ex autoridades de su gobierno.
La preocupación de Bachelet era evidente, pues se anticipaba a que el documento sería aprobado, pues la Alianza contaba con la mayoría de los votos.
Los detalles del diálogo fueron compartidos por Ulloa a sus pares, justo antes del inicio de la sesión en que fue aprobado el informe de la Alianza por siete votos a favor y seis en contra.
La de ayer, en todo caso, no era la primera vez que el diputado UDI conversaba con la ex Presidenta durante el funcionamiento de la comisión: a Ulloa, como presidente de la instancia, le correspondió gestionar personalmente que Bachelet respondiera el cuestionario solicitado por los diputados, ya que Bachelet se nego rotundamente a asistir a la comisión investigadora en persona y solo se limito a responder las preguntas vía un set de ellas que debió serle enviado por escrito.
Los diputados de la comisión concordaron una serie de apreciaciones respecto de la versión original del informe que "cuestiona" el proceder de Bachelet y "censura" la demora en la decisión de decretar un Estado de excepción, tras verificar la ocurrencia de saqueos, en el informe final consignan que esta situación se "posterga inexcusablemente y sin razón explicable".
En otros acápites respecto del ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dice que actuó con "desidia, sin capacidad de liderazgo y al margen de la catástrofe". El informe califica su desempeño como "completamente ineficiente".
Anoche, tras una actividad Bachelet abordó el tema. "No conozco los informes, por lo tanto no voy a pronunciarme sobre ellos. Sólo espero que aquí haya habido seriedad, visión de Estado y visión de país, y que eso haya primado", dijo.
El informe final, que debe ser votado ahora en sala, consignará las conclusiones paralelas redactadas por la Concertación como voto de minoría. Diputados de oposición, como el DC Ricardo Rincón, anunciaron que buscarán impugnar el texto.
''La Concertación no aceptó que hubo un retraso en la dictación de la norma que fijaba el Estado de Excepción, que permitía el control de las FFAA y del orden público". Facultad que Bachelet había quitado a los institutos armados en caso de desastre y emergencia nacional pocos días antes del terremoto, relegándolas, según su decreto, a solo "proporcionar transporte y medios" a las autoridades civiles.
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