Venezuela se ha dejado ver en dos visiones distintas tras las últimas detenciones de un ex gobernador y el presidente de Globovisión; la oposición critica "la penalización de la libertad de expresión", mientras que factores del Gobierno alegan que no están "reprimiendo"
Las detenciones en pocos días del ex gobernador Oswaldo Álvarez Paz y el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga avivaron el debate sobre las libertades y la democracia en Venezuela, donde los adeptos del presidente Hugo Chávez niegan que se esté persiguiendo a las voces opositoras.
"Opinar en Venezuela es un delito castigado con la privación de libertad. Rechazamos todo lo que coarte la libertad de expresión en el país y la cacería de brujas contra quienes asumen conductas de disidencia", dijo el diputado opositor Juan José Molina. El lunes fue detenido en Caracas Oswaldo Álvarez Paz, un ex gobernador opositor que opinó en televisión que Venezuela se ha convertido en un centro de operaciones que facilita el narcotráfico. El jueves, el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga, fue arrestado por unas declaraciones pronunciadas en la isla de Aruba (Antillas holandesas), e imputado por los supuestos delitos de ofensa hacia Chávez y difusión de información falsa.
"No son sucesos aislados, todo se relaciona con la intención de buscar la autocensura, la intimidación y el miedo a expresarse libremente", lamentaron en una nota de prensa varios ex gobernadores venezolanos.
En ambas detenciones la petición de investigar estas declaraciones emanaron de la Asamblea Nacional (Parlamento), dominada por el oficialismo y que será renovada el próximo septiembre. "La libertad de poderes es inexistente y la Asamblea Nacional está siendo usada por el Ejecutivo para legitimar acciones antidemocráticas. Es el brazo ejecutor de la persecución de los ciudadanos. Estamos angustiados porque se perdió la racionalidad democrática", recalcó Molina.
Diferentes líderes opositores venezolanos consideraron que estos hechos tienen que ver con un "debilitamiento" del gobierno de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre.
Según consultoras fiables, la popularidad de Chávez se ha reducido varios puntos desde enero.
El gobierno "sabe que los ciudadanos responsabilizan al presidente de los apagones, la inseguridad, los cortes de agua y por eso creen que con estos actos de amedrentamiento lograrán silenciar a la dirigencia democrática", estimó el presidente del partido Copei, Luis Ignacio Planas.
"Estas actuaciones del oficialismo lo que demuestran es que ya se saben en minoría y arremeten contra los demócratas, para generar un clima de desesperanza y lograr que los ciudadanos no salgan a votar", señaló un comunicado del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).
Más allá de las fronteras de Venezuela estos arrestos fueron recibidos con una seria inquietud.
En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por "la falta de independencia del poder judicial" y "la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas".
Además, el miércoles, el departamento de Estado norteamericano se mostró "seriamente preocupado" por la detención de Alvarez Paz, calificada como "el último ejemplo del continuado ataque del gobierno a la libertad de expresión".
Estas declaraciones merecieron que el gobierno venezolano emitiera el jueves en la noche una nota de protesta hacia Estados Unidos por "injerencia".
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