El teatro Teresa Carreño, en Caracas, estaba abarrotado el pasado día 13. Hugo Chávez convocó a los delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en un acto en el que se mezclaron partido, Gobierno y Estado. Entre las 2.500 personas que vitorearon al presidente se encontraba Xabier Arruti Imaz, de 55 años, delegado chavista en Chichiribiche y ex director general de la alcaldía del municipio de Monseñor Iturriza en el Estado de Falcón, uno de los primeros vascos vinculados al entorno de ETA que recaló en este país. Ahora, Arruti, dueño del restaurante playero Txalupa, se ha convertido en uno de los activistas políticos más fieles a Chávez. "Soy militante de base, me ha elegido la base desde el primer congreso constituyente", asegura orgulloso.
El descubrimiento de que miembros de ETA han dado cursos de explosivos hasta 2008 a terroristas colombianos de las FARC en, al menos, seis campos venezolanos ha puesto el foco en un país que acoge a etarras desde los años ochenta, pero que, según señalan varios informes reservados de inteligencia dirigidos al Gobierno español, se ha convertido desde que gobierna Hugo Chávez en la mayor reserva de refugiados y huidos etarras de Suramérica. Según estos informes, existen, comprobados, unos 60 miembros de ETA que residen en Venezuela; otros siguen en la clandestinidad desde que la justicia española pidió su extradición por un largo rosario de asesinatos. Y los miembros de un tercer grupo no se ocultan, pero llevan a cabo labores encubiertas que abarcan financiación, la acogida a nuevos fugados y el entrenamiento armado. En este último grupo se encuentra Arturo Cubillas, de 46 años, responsable de ETA en Venezuela, organizador de los cursos de explosivos en la selva venezolana y funcionario de seguridad en el Gobierno de Hugo Chávez.
La colaboración de los servicios secretos venezolanos en el control y seguimiento de la comunidad etarra es nula desde hace una década. "Estamos casi ciegos", se queja un mando de la lucha contra ETA en el exterior. "Trabajamos como podemos, conocemos algunas cosas de esta gente, pero sabemos mucho menos de lo que deberíamos saber. La aparición en Francia de José Lorenzo Ayestarán -uno de los que tienen delitos de sangre- ha sido una sorpresa. Nadie nos avisó de su fuga. Se pierde la pista de gente de la que necesitaríamos una información constante. Parecerá que están dormidos, pero no podemos olvidar que algunos son auténticos killers (asesinos)", añade la misma fuente. Ayestarán, de 52 años, colgó su delantal y cuchillo de pescadero en Sucre para volver a las armas. "Su caso es una excepción", alega Xabier Arruti, el delegado chavista. Marino Alvarado, de 50 años, abogado venezolano de Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, los dos únicos etarras junto a José Ramón Foruria que entregó Chávez a España sin proceso de extradición, explica el hostigamiento y control al que estaba sometida la comunidad etarra antes del chavismo: "Había un acoso policial constante. Les detenían y vigilaban a todos". Un miembro de la comunidad vasca en Venezuela que atendió a varios detenidos en estos controles rutinarios y pide el anonimato agrega: "Les obligaban a ir constantemente a la sede de la Disip [policía política]. Tenían que hacer presentaciones periódicas, les interrogaban sobre sus actividades y cuando venía de visita alguna personalidad política española les detenían durante varios días. Luego les soltaban. Yo les asistí muchas veces. Con Chávez se relajó mucho, se acabó el control, eso es una evidencia que no se puede negar".
El caso del etarra Arturo Cubillas Fontán, cuyo nombre aparece en el computador intervenido a Raúl Reyes, dirigente de las FARC muerto en un bombardeo del Ejército colombiano, es un ejemplo inquietante del trato que el Gobierno de Hugo Chávez da a los etarras residentes en Venezuela. Cubillas pasó de manejar los pucheros de la Casa Vasca, donde celebraba el Gudari Eguna [día del soldado vasco], y los fogones de su restaurante Oker, el nombre de su comando, a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras en 2005; y desde 2007 es jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inte), un organismo que ha confiscado 40.000 fincas supuestamente improductivas.
El auto del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional y la orden de detención que ha dictado contra Cubillas y otros miembros de ETA y las FARC no ha sorprendido a personas próximas a la colonia etarra. "Arturo no ha sido bien visto aquí, entre la comunidad vasca. Es un tipo muy peleón, de los que dice en público cosas que no se deben decir y que nos incomodaban. Es una persona imprudente. Éste es un caso de individualidad, un hombre mal encajado. Cuando se llega aquí se firma un documento en el que te comprometes a no hacer ningún tipo de actividad política o relacionada con tu pasado", señala una persona que ha tratado de cerca al etarra.
Los puestos de Cubillas en el Gobierno de Chávez sorprendieron hasta a sus más allegados. "Un cargo tan público, de cierta importancia, de los que sale publicado en la Gaceta Oficial es algo muy frontal y descarado porque al mismo tiempo no se esconde", comenta uno de sus amigos vascos. Goizeder Odriozola, la mujer venezolana de Cubillas, dejó también los fogones cuando Chávez llegó al poder y ha ocupado seis altos cargos en la Administración. En la actualidad es directora de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además, es asesora personal de Elías Jaua, el vicepresidente ejecutivo de la República. "Ella tiene todo el derecho a ocupar esos cargos, pero él es un imprudente. No le he visto voluntad alguna de pasar desapercibido. De lo único que se ha cuidado hasta ahora es de que no haya otra foto de él, además de esa policial en la que parece tener 16 años. Ahora puede perjudicar a otros", critica otro de sus conocidos.
El pasado lunes, antes de que se hiciera pública la orden de detención dictada por la Audiencia Nacional, Cubillas seguía en su despacho del Inte en Caracas. Un miembro de la Guardia Nacional acompañó al periodista hasta la Oficina de Atención al Campesino y un agente de seguridad confirmó su presencia. "El señor Cubillas está en camino y le recibirá ahora mismo, por favor escriba aquí sus datos". Al comprobar que el visitante era periodista, Cubillas dejó de existir para el Inte. "Hermano, el jefe de seguridad es otra persona. No conocemos al señor Cubillas", comunicó al visitante otro agente diferente.
Una larga cola de personas aguardaba en la recepción del instituto agrario. Entre ellos, Orlando Licon, de 65 años, un hombre delgado y enjuto que sostenía con firmeza una carpeta repleta de documentos. "Me han confiscado 3.000 hectáreas de tierras productivas en el Estado de Cojedes. No me han pagado nada. Van con brigadas de choque, ponen una bandera y una foto de Chávez y dicen que la tierra es suya. Lo hacen por la fuerza y con el apoyo de la Guardia Nacional. Tengo documentos que acreditan la propiedad de mi familia desde 1715". Rodeado de hombres armados de la Guardia Nacional, el etarra Arturo Cubillas acude a confiscar tierras en los Estados llaneros de Guárico y Barinas, según señalan testigos presenciales. Los pucheros y la venta de libros de la editorial Txalaparta son historia en la vida venezolana de Cubillas desde que llegó Chávez, el presidente que esta semana reconoció haber recibido en el palacio de Miraflores "en secreto y por la puerta de atrás" a Raúl Reyes, el fallecido jefe de la guerrilla colombiana de las FARC.
Dos personas vinculadas a las fuerzas de seguridad venezolanas que piden el anonimato aseguran que Cubillas mantiene una relación estrecha por razón de su cargo con mandos de la Guardia Nacional y de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM). "Les he visto muchas veces echar tragos juntos. Ha asistido a reuniones de seguridad. No le puedo decir más, me juego mucho", asegura uno de ellos. Un chófer de las FARC interrogado por policías españoles en Bogotá (Colombia), identificado en su declaración con el apodo de Patxo, declaró lo siguiente: "Recibieron (los dos etarras que acaban de dar un curso de explosivos en Venezuela) una llamada de un tal Fontán. Los dos bajaron del coche y saludaron efusivamente a Arturo Cubillas. También aguardaba un varón con vestimenta civil que llevaba un chaleco con el escudo de la DIM y un grupo de personas armadas que, a juzgar por su conversación, parecían militares venezolanos que prestaban escolta y seguridad al resto del grupo".
Venezuela se ha convertido en un imán para etarras en apuros. La última evidencia la protagonizó Andoni Zengotitabengoa, detenido en Lisboa (Portugal) cuando pretendía volar a Caracas. Los informes policiales alertan del trasvase de etarras desde México, donde llegaron a residir 80, a Venezuela. La fiscalía de la Audiencia Nacional que dirige Javier Zaragoza impulsó en 2006 la extradición de varios refugiados que dirigían la trama financiera y muchos huyeron hacia el cálido y seguro refugio venezolano. "El amparo de Chávez y la determinación de México les empujaron hacia Venezuela", afirma una fuente diplomática española. De pronto, y como por arte de magia, aparecieron en Francia los veteranos José Luis Eziolaza, Dienteputo, y Juan Cruz Maiztegui. Venían huyendo de México y recalaron en el comité ejecutivo de ETA, una organización diezmada y compuesta de alevines inexpertos que rompen hasta la regla más sagrada en la historia criminal de la banda: no matar en Francia. Lo hicieron en París la pasada semana.
Los veteranos de ETA en Venezuela, la mayoría con edades comprendidas entre los 45 y 55 años, preocupan a los servicios de inteligencia españoles. De los siete etarras cuya extradición pidió España y denegó Chávez, cinco están desaparecidos, aunque viven en Venezuela, según señalan fuentes policiales españolas; Uno, José Lorenzo Ayestarán, de 52 años, acaba de ser detenido en Francia cuando se había reintegrado en la banda y preparaba un secuestro; el último, Luis María Olalde Quintela, fue el único que se presentó ante la fiscalía venezolana, enfermo y arrastrando su cuerpo en una silla de ruedas. Entre los siete suman 40 asesinatos, según la documentación aportada por la Justicia española, unos historiales escalofriantes que no impresionaron a los jueces venezolanos. Desde que gobierna Chávez (1999), España ha solicitado a Venezuela la extradición de 21 personas, siete de ellas miembros de ETA, pero ninguna ha sido detenida ni entregada, según asegura un portavoz del Ministerio de Justicia español.
¿Detendrá la policía venezolana a Cubillas como solicita el juez Velasco? Iris Varela, diputada del PSUV por Táchira, en la frontera en Colombia, contesta así: "ETA no es una organización terrorista, son luchadores de un pueblo que luchan por su independencia". ¿Y los 1.000 asesinatos que han cometido?, le pregunta el periodista en los jardines de la Asamblea Nacional. "A mí no me constan", responde. "El que se siente comprometido por un ideal tiene derecho a utilizar las armas. ¿Cómo se ha conseguido la independencia de muchos países? Yo se lo digo: luchando. La Constitución de Venezuela prohíbe la extradición de venezolanos y estas personas lo son", arguye mientras exhibe un ejemplar de la carta de derechos de Venezuela.
La Coordinadora Simón Bolivar representa a los sectores más duros del chavismo, acoge en sus actos a representantes del colectivo etarra y ha invitado a Caracas a centenares de miembros de la izquierda radical abertzale, encabezados por el dirigente de Askapena Iñaki Gil de San Vicente, cuya imagen apareció en el ordenador de Raúl Reyes en una fotografía en la que acompañaba al fallecido jefe de las FARC. San Vicente, que forma parte de varias asociaciones radicales chavistas, no ha respondido sobre sus relaciones con las FARC. Ahora, la coordinadora chavista prepara actos de apoyo a Cubillas. Juan Contreras, su director y amigo del enlace de ETA, es claro: "No permitiremos que se entregue a nadie"
Xabier Arruti, el delegado chavista en Chichiribiche, esgrime que los primeros etarras llegaron en los ochenta gracias a un acuerdo entre Felipe González y Carlos Andrés Pérez y afirma que ahora no hay apoyo a los terroristas. "Yo no soy militante de ETA, tengo el estatuto de refugiado de ACNUR y un documento de 1986 del Ministerio de Justicia en el que se dice que no tengo causas pendientes". En 1980 una nota oficial del Gobierno Civil de Vizcaya le vinculó con el comando Amaya de ETA.
El etarra Sebastián Etxaniz trabajaba como camarero en su restaurante playero de Tucacas hasta que fue detenido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó el pasado diciembre a Venezuela que abone a Etxaniz y a Galarza la indemnización de 325.000 euros que el Gobierno de Chávez les concedió en 2002 y más tarde retiró cuando los entregó a España. "Siguen reclamando el cumplimiento del acuerdo", asegura su abogado Marino Alvarado, director de la ONG venezolana Provea.
Los canales de televisión del Gobierno inauguraron esta semana un nuevo anuncio propagandístico. Se titula: "Contra la manipulación informativa" y en pantalla aparece una foto fija de la fachada de la Audiencia Nacional en Madrid.
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