En un mundo perfecto lo mejor sería no tener bases norteamericanas en suelo colombiano. Mejor aun, no tener ni ayuda militar ni la presencia de un solo soldado norteamericano en el Colombia. Pero en el mundo real la democracia colombiana está fuertemente amenazada por el narcotráfico, la guerrilla, fuerzas politcas de izquierda fronterizas y los grupos criminales, y el Estado no tiene suficiente capacidad para enfrentar solo este desafío
Frente a estos poderosos enemigos, que han dejado un baño de sangre en las últimas décadas, Estados Unidos ha sido un aliado incondicional del gobierno colombiano. La ayuda militar lleva más de 10 años y suma la nada despreciable cantidad de 6.000 millones de dólares. Y aunque ha sido crucial para arrinconar a las Farc y desarticular muchos carteles de la droga, los problemas siguen latentes. Con la desaparición de la base militar de Estados Unidos en Manta, Ecuador, y el inminente declive de los recursos del Plan Colombia, el gobierno colombiano vio la oportunidad de fortalecer esa alianza militar para tratar de desterrar, de una vez por todas, las amenazas externas e internas que azotan el país. Por eso inició en febrero recien pasado una negociación confidencial en Washington, según la cual Estados Unidos podrá usar siete bases militares en Colombia, a cambio de incrementar el apoyo a las operaciones que el país desarrolle contra narcotraficantes y guerrilleros. El acuerdo, que aún no se ha firmado ni acabado de discutir, tiene a Colombia en medio de una tormenta diplomática regional que obligó al presidente Álvaro Uribe a hacer una gira relámpago por Suramérica, para explicarles a los Presidentes de la región los alcances del mismo. A rajatabla, el país gana con el acuerdo capacidades de inteligencia que son cruciales en este momento. La información en tiempo real que recibirá le servirá para asestar golpes definitivos a los grupos armados. Pero no todo es dicha. El acuerdo plantea tres problemas nada despreciables. Uno es la letra pequeña de su contenido. Dos, la percepción que hay en Latino America sobre la presencia de EEUU, y los errores de comunicación por parte del gobierno de Uribe que se han cometido. Y tres, el debate geoestratégico, cuyo protagonista es Brasil como potencia emergente.
Sobre el acuerdo es difícil profundizar, puesto que no se conoce a cabalidad el texto. Dentro de una semana se realizará en Washington la sexta ronda de conversaciones y se espera avanzar, pero no finiquitar todos los puntos de discordia que son técnicos y puntuales. Sin embargo, los temas gruesos ya están acordados.
En primer lugar, que las bases no serán norteamericanas, sino colombianas. Los comandantes serán colombianos, la seguridad sobre ellas tambien y no habrá un sólo centímetro vedado para los colombianos. Esa es una diferencia con otras bases, como la de Manta, que eran realmente espacio de EEUU.
En segundo lugar, queda claro que no se cambiarán las reglas de juego que ya existen para el Plan Colombia. Esto es, que no se excederán los 600 militares y 800 contratistas que hay autorizados, y que éstos no participarán directamente en operaciones.
Un tercer punto es el número de bases que serán usadas. En realidad, a Estados Unidos sólo le interesa una: la de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca. En términos estrictos, esta era la que los EEUU buscaban como reemplazo de Manta, porque les permite cubrir el Pacífico, especialmente para la interdicción de avionetas y barcos del narcotráfico. De hecho, es la única para cuya adecuación ya el Congreso de Estados Unidos aprobó 42 millones de dólares -permanencia de aviones, equipos y personal militar- y la única que aparece como estratégica en los planes del Pentágono. En realidad, EEUU hubiesen preferido una base más cerca del Pacífico, como Cali. Pero allí la base aérea está en medio de la ciudad, lo cual la hacía inviable. A su vez, para Colombia el monitoreo del Pacífico es crucial. Con información proporcionada gracias a los equipos de inteligencia electronica de los norteamericanos, solo este año se han decomisado más 17 semisumergibles en las aguas del Pacífico, todos llenos de cocaína que va rumbo a Estados Unidos, por México y Centroamérica. Sin esta información no se habría capturado ni uno solo, pues Colombia no posee la tecnología para hacer interdicción en aguas continentales, donde actúan a su anchas y con un increíble ingenio de los carteles del narcotráfico.
Entonces ¿por qué son siete? Las otras seis bases fueron solicitadas por el propio gobierno colombiano. En algunas de ellas -como Apiay y Larandia- en la práctica ya cuentan con presencia estadounidense hace ya tiempo. Otras del Ejército -como Tolemaida- y la Armada -como Cartagena- serán usadas sólo en caso de necesidad. En el fondo, muchas fueron incluidas porque las Fuerzas Armadas de Colombia aspiran a recibir apoyo para mejorarlas en su infraestructura y capacidades logisticas.
Frente a estos poderosos enemigos, que han dejado un baño de sangre en las últimas décadas, Estados Unidos ha sido un aliado incondicional del gobierno colombiano. La ayuda militar lleva más de 10 años y suma la nada despreciable cantidad de 6.000 millones de dólares. Y aunque ha sido crucial para arrinconar a las Farc y desarticular muchos carteles de la droga, los problemas siguen latentes. Con la desaparición de la base militar de Estados Unidos en Manta, Ecuador, y el inminente declive de los recursos del Plan Colombia, el gobierno colombiano vio la oportunidad de fortalecer esa alianza militar para tratar de desterrar, de una vez por todas, las amenazas externas e internas que azotan el país. Por eso inició en febrero recien pasado una negociación confidencial en Washington, según la cual Estados Unidos podrá usar siete bases militares en Colombia, a cambio de incrementar el apoyo a las operaciones que el país desarrolle contra narcotraficantes y guerrilleros. El acuerdo, que aún no se ha firmado ni acabado de discutir, tiene a Colombia en medio de una tormenta diplomática regional que obligó al presidente Álvaro Uribe a hacer una gira relámpago por Suramérica, para explicarles a los Presidentes de la región los alcances del mismo. A rajatabla, el país gana con el acuerdo capacidades de inteligencia que son cruciales en este momento. La información en tiempo real que recibirá le servirá para asestar golpes definitivos a los grupos armados. Pero no todo es dicha. El acuerdo plantea tres problemas nada despreciables. Uno es la letra pequeña de su contenido. Dos, la percepción que hay en Latino America sobre la presencia de EEUU, y los errores de comunicación por parte del gobierno de Uribe que se han cometido. Y tres, el debate geoestratégico, cuyo protagonista es Brasil como potencia emergente.
Sobre el acuerdo es difícil profundizar, puesto que no se conoce a cabalidad el texto. Dentro de una semana se realizará en Washington la sexta ronda de conversaciones y se espera avanzar, pero no finiquitar todos los puntos de discordia que son técnicos y puntuales. Sin embargo, los temas gruesos ya están acordados.
En primer lugar, que las bases no serán norteamericanas, sino colombianas. Los comandantes serán colombianos, la seguridad sobre ellas tambien y no habrá un sólo centímetro vedado para los colombianos. Esa es una diferencia con otras bases, como la de Manta, que eran realmente espacio de EEUU.
En segundo lugar, queda claro que no se cambiarán las reglas de juego que ya existen para el Plan Colombia. Esto es, que no se excederán los 600 militares y 800 contratistas que hay autorizados, y que éstos no participarán directamente en operaciones.
Un tercer punto es el número de bases que serán usadas. En realidad, a Estados Unidos sólo le interesa una: la de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca. En términos estrictos, esta era la que los EEUU buscaban como reemplazo de Manta, porque les permite cubrir el Pacífico, especialmente para la interdicción de avionetas y barcos del narcotráfico. De hecho, es la única para cuya adecuación ya el Congreso de Estados Unidos aprobó 42 millones de dólares -permanencia de aviones, equipos y personal militar- y la única que aparece como estratégica en los planes del Pentágono. En realidad, EEUU hubiesen preferido una base más cerca del Pacífico, como Cali. Pero allí la base aérea está en medio de la ciudad, lo cual la hacía inviable. A su vez, para Colombia el monitoreo del Pacífico es crucial. Con información proporcionada gracias a los equipos de inteligencia electronica de los norteamericanos, solo este año se han decomisado más 17 semisumergibles en las aguas del Pacífico, todos llenos de cocaína que va rumbo a Estados Unidos, por México y Centroamérica. Sin esta información no se habría capturado ni uno solo, pues Colombia no posee la tecnología para hacer interdicción en aguas continentales, donde actúan a su anchas y con un increíble ingenio de los carteles del narcotráfico.
Entonces ¿por qué son siete? Las otras seis bases fueron solicitadas por el propio gobierno colombiano. En algunas de ellas -como Apiay y Larandia- en la práctica ya cuentan con presencia estadounidense hace ya tiempo. Otras del Ejército -como Tolemaida- y la Armada -como Cartagena- serán usadas sólo en caso de necesidad. En el fondo, muchas fueron incluidas porque las Fuerzas Armadas de Colombia aspiran a recibir apoyo para mejorarlas en su infraestructura y capacidades logisticas.
Hay, sin embargo, aspectos que son críticos en el acuerdo: el tipo de operaciones que se podrá hacer desde ellas, los mecanismos para autorizarlas y el asunto no menos de la soberanía. En el acuerdo está claramente establecido que no se permitirán operaciones militares sobre terceros países, aunque sí puede haberlas por fuera del territorio colombiano, esto es, en aguas internacionales. En Colombia, la Constitución prohíbe el tránsito de tropas extranjeras y ese ha sido un criterio de manejo del acuerdo que en teoría descartaría cualquier operación hostil, aun en contexto de guerra o de ayuda humanitaria que implique tropas. No obstante, se sabe que tanto los aviones Awac como los C-17 tienen alcances continentales que preocupan a los vecinos, especialmente a la Venezuela de Hugo Chávez, por un eventual espionaje. Pero estos aviones ya estaban en Manta y han actuado desde hace años en la región sin problemas. El acuerdo contempla específicamente la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Es obvio que algunos de los vecinos, como Venezuela, se preocupen con esta definición, cuando acaban de ser señalados por la agencia norteamericana contra las drogas, DEA, como santuarios del narcotráfico, y por los más influyentes periódicos de Estados Unidos -el New York Times y el Washington Post- como protectores de las Farc y ser un verdadero narco estado. El acuerdo de las bases también es taxativo en que toda operación debe ser autorizada por ambas partes y que Colombia podrá decir que no si considera que alguna solicitud del Pentágono viola su soberanía o la ley. Pero dejar tan abierto este mecanismo genera bastante inquietud, pues las fiebres coyunturales pueden moldear a los protagonistas de cada momento. Baste recordar que hace 10 años el Plan Colombia se aprobó exclusivamente para la lucha contra las drogas, y en 2002, después del ataque del 11 de septiembre, se autorizó que sus recursos fueran usados en la lucha contrainsurgente. Algo que era impensable en el pasado. Finalmente, el asunto de la soberanía, en particular el de la inmunidad de los soldados norteamericanos, es el que está sin terminar de acordar entre los dos países. Colombia logró corregir aspectos que desde el Plan Colombia son aberrantes, como la inmunidad de la que gozan los contratistas civiles. También que se le garantice que tribunales de EEUU harán juicios ejemplares a sus hombres en caso de que delinquen en Colombia, y que la inmunidad pueda levantarse cuando haya lugar. Pero Estados Unidos tiene otras fórmulas. Propone que tribunales norteamericanos puedan constituirse y actuar en estas bases. Colombia las rechaza de plano porque eso sí constituiría una cesión de territorio. Por última, con los acuerdos fundamentales no cambia mucho lo que ha habido en Colombia en la última década, ni cambia mucho lo que el Pentágono hacía desde Manta. Se va hacer lo mismo que se hacía antes, pero con más recursos.Cuestión de percepción
El segundo gran problema que ha habido alrededor del escándalo hecho por los países sudamericanos, alrededor del tema de las bases tiene que ver con un tema de percepción y comunicación. Percepción porque el concepto de bases que tiene el gobierno colombiano es muy distinto al que tienen los demás países de la región. Para Colombia, en estricto rigor, no es una base militar norteamericana en territorio colombiano, sino que se trata de una cooperación militar extranjera que utiliza bases colombianas. Para los vecinos se trata de bases militares de EEUU en territorio colombiano con proyección tactica en el resto de la región, es decir, una especie de cabeza de playa del engranaje militar de EEUU en Latinoamérica. Mientras para Colombia y Estados Unidos se trata de un pacto entre amigos, que les brinda una plataforma de inteligencia crucial para luchar contra el narcotráfico, amenazas externas y los actores armados internos, para los países de la región se trata de un espionaje, anclado en Colombia, que vulnera la seguridad nacional de cada país. Un gesto hostil. A esto se suma que el gobierno colombiano se equivocó en su estrategia de comunicación. Primero negó cualquier posibilidad de que hubiese bases en Colombia. Luego, cuando el acuerdo se filtró a la prensa, hizo una audiencia pública que sembró aún más dudas, porque no había documento sobre el cual discutir, y el acuerdo ni siquiera está firmado. La información ha sido inexacta y fragmentaria. Primero se dijo que eran tres bases; después, cinco, y luego siete. Finalmente, el propio Presiente Alvaro Uribe ha tenido que ir de país en país, evitar sentarse en el banquillode los acusados en una reunión como la de Unasur, donde iba a ser visto como una especie de traidor
La geopolítica
El último problema es el pulso de poder en la región que tiene un solo nombre: Brasil. Todo el mundo esperaba que Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa salieran con un discurso antiimperialista y que señalaran a Colombia como el aguafiestas de las corrientes progresistas del continente. Y aunque el gobierno colombiano no esperaba propiamente aplausos de Brasil, tampoco esperaba una reacción tan adversa. El canciller Celso Amorin dijo primero que las bases "crean una situación nueva"; luego, que "los tres lanzacohetes de Venezuela encontrados a las Farc eran insignificantes al lado del asunto de las bases", y por último, dijo con algo de ironía que "el hecho de que uno sea paranoico no quiere decir que no lo estén persiguiendo", parafraseando el Manual del pesimista. En realidad, Brasil esperaba que con el fin de Manta, la presencia norteamericana menguara en la región. Mientras tanto este país, considerado una potencia emergente, ha fortalecido su aparato militar sin precedentes. Busca un submarino nuclear y comprar varias decenas de cazabombarderos de última generación. Además, en 2005 el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva aprobó una política de defensa con ambiciones regionales, que parte de la hipótesis de proteger la Amazonía, para lo que busca construir alianzas militares en Suramérica. Las bases de Colombia son, como dijo Amorin, algo que no esperaban y que, saben muy bien, cambia el equilibrio de la región. Ni en Brasil, ni en casi ningún país se cree que todo el despliegue de EEUU será exclusivamente para el conflicto interno de Colombia. Es obvio que Estados Unidos tiene intereses geopolíticos globales. Así quedó consignado en un documento del Comando de Movilidad Aérea del Pentágono de este año titulado Global en Route Strategy, en el que llaman la atención dos datos. El primero, que los norteamericanos quieren cambiar el modelo de bases (más de cien en todo el mundo) que desplegaron durante la Guerra Fría, y cuyo concepto es fijo e inmóvil. Ahora buscan modelos más flexibles, basados en la cooperación con los gobiernos locales más que en tener hombres y aparatos en tierra. Lo otro que queda claro en este documento es que desean monitorear las rutas que van hacia África. Textualmente, la base de Palanquero aparece como parte de ese modelo de control de rutas de narcotráfico en Sudamérica. La palabra clave en todo esto es disuasión. Es obvio que Colombia, además de fortalecer su lucha interna, también busca disuadir a los vecinos que son laxos y extremadamente permisivos con las Farc para que no sigan siéndolo. El tema de la guerrilla se ha convertido en fuente de conflicto permanente con Ecuador y Venezuela. Colombia no tiene cómo hacerle frente a la carrera armamentista de Venezuela, pero sí como enviar un mensaje disuasivo con el respaldo de Estados Unidos. Al tiempo, EEUU quieren disuadir a los gobiernos que están haciendo entusiastas acuerdos militares con Rusia, Irán o China. Y Brasil, a su tiempo, cómo líder en Unasur, quiere disuadir a la inefable potencia estadounidense de no seguir tomando a América Latina como su patio trasero. Por eso, aunque en el corto plazo, para Colombia casi nada cambia con las bases y este puede ser considerado de puertas para adentro, un escándalo menor, para otros países si hay un nuevo escenario. Y en el largo plazo nadie sabe cómo se configurará el rompecabezas. Lo que sí está claro es que las bases constituyen una ficha, o mejor dicho siete fichas, claves en todo el juego.
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