Ricardo Trotti
¿Tiene un presidente los mismos derechos que un ciudadano para expresar sus opiniones y argumentos? Claro que sí. ¿Y para decir lo que se le antoja, burlarse o insultar a otros? Por supuesto que no.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y corriente. Así como sus acciones están limitadas -no puede declarar la guerra o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso- también lo están sus palabras. Pero no lo sienten así muchos presidentes latinoamericanos, demostrándolo con sus constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones. Estas actitudes provocan en algunos cierta autocensura, en otros una retórica vengativa, a la vez que pueden estimular violencia. Uno de esos presidentes es Rafael Correa, quien en su última alocución semanal, y tras ser criticado por burlarse de los medios de comunicación y desacreditar a los periodistas en su espacio sabatino, "La libertad de expresión ya es de todos", retó a los ecuatorianos a que le escriban a info@elciudadano.gov.ec, para saber si "tiene algo de malo" emitir su informe semanal a la ciudadanía. Correa desvirtuó la pregunta y cometió dos errores. Primero, la crítica no era sobre el espacio y el hecho de informar, sino sobre sus adjetivados insultos contra quienes dan noticias y opiniones que no le favorecen. Segundo, un mandatario no tiene la potestad de elegir si dar o no información, sino la obligación legal y moral de hacerlo. Hablar u opinar no es necesariamente informar. Correa, Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Evo Morales y, entre otros, Daniel Ortega, quienes prefieren hablar en cadenas nacionales, espacios propios de medios privados y estatales, mítines políticos y actos públicos o través de spots y publicidades, lo que generan no es información, sino comunicación de una sola vía. Pura propaganda. El acto de informar dentro de la administración gubernamental democrática, tiene otros ingredientes esenciales, como la transparencia que garantiza y obliga una ley de acceso a la información pública, la argumentación que se fragua en el debate de las ideas con la oposición y el cuestionamiento que se alcanza en conferencias de prensa y entrevistas periodísticas. Aspectos estos, muy ausentes en los gobiernos mencionados. Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y transparencia. El presidente Chávez inauguró hace 10 años este estilo discursivo de gobernar, en el que usa como arma a la retórica para atacar y degradar a cualquier tipo de adversario. Esa arenga, además de conseguir titulares, tiene dos riesgos, desalienta el debate por la autocensura que genera en el desacreditado, mientras que instiga a los partidarios a la violencia. Sus declaraciones recientes sobre Honduras, infiriendo insurrección, guerra civil y militarización, prueban que sus palabras tienen la intención de profundizar, más que de solucionar la crisis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre periodistas y el Estado venezolano, falló que los funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y "constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión". La Corte señaló que las restricciones a los dichos de los funcionarios, deben ser mayores en situaciones de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse. Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La polarización extrema que hoy se vive en Latinoamérica, no se debe tanto a la diferencia entre modelos políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores de barricada.
En materia de libertad de expresión, por su envergadura pública y debido a las consecuencias que sus pronunciamientos pueden acarrear, un presidente tiene más restricciones y responsabilidades que una persona normal y corriente. Así como sus acciones están limitadas -no puede declarar la guerra o irse de viaje al extranjero sin la aprobación del Congreso- también lo están sus palabras. Pero no lo sienten así muchos presidentes latinoamericanos, demostrándolo con sus constantes dichos sarcásticos, desafiantes y burlones. Estas actitudes provocan en algunos cierta autocensura, en otros una retórica vengativa, a la vez que pueden estimular violencia. Uno de esos presidentes es Rafael Correa, quien en su última alocución semanal, y tras ser criticado por burlarse de los medios de comunicación y desacreditar a los periodistas en su espacio sabatino, "La libertad de expresión ya es de todos", retó a los ecuatorianos a que le escriban a info@elciudadano.gov.ec, para saber si "tiene algo de malo" emitir su informe semanal a la ciudadanía. Correa desvirtuó la pregunta y cometió dos errores. Primero, la crítica no era sobre el espacio y el hecho de informar, sino sobre sus adjetivados insultos contra quienes dan noticias y opiniones que no le favorecen. Segundo, un mandatario no tiene la potestad de elegir si dar o no información, sino la obligación legal y moral de hacerlo. Hablar u opinar no es necesariamente informar. Correa, Hugo Chávez, Cristina de Kirchner, Evo Morales y, entre otros, Daniel Ortega, quienes prefieren hablar en cadenas nacionales, espacios propios de medios privados y estatales, mítines políticos y actos públicos o través de spots y publicidades, lo que generan no es información, sino comunicación de una sola vía. Pura propaganda. El acto de informar dentro de la administración gubernamental democrática, tiene otros ingredientes esenciales, como la transparencia que garantiza y obliga una ley de acceso a la información pública, la argumentación que se fragua en el debate de las ideas con la oposición y el cuestionamiento que se alcanza en conferencias de prensa y entrevistas periodísticas. Aspectos estos, muy ausentes en los gobiernos mencionados. Evidenciado por sus prédicas contra quienes los critican, muchos presidentes no admiten que como funcionarios renuncian a privilegios de privacidad, asumen restricciones y deben estar más expuestos a la crítica y a la fiscalización pública. Da la impresión que manejan la función pública como patrones de estancia, creyendo que se les dio un país en usufructo, cuando lo único que legitiman las elecciones es la gerencia temporal de los bienes del Estado, actividad que infiere tres valores: eficiencia, honestidad y transparencia. El presidente Chávez inauguró hace 10 años este estilo discursivo de gobernar, en el que usa como arma a la retórica para atacar y degradar a cualquier tipo de adversario. Esa arenga, además de conseguir titulares, tiene dos riesgos, desalienta el debate por la autocensura que genera en el desacreditado, mientras que instiga a los partidarios a la violencia. Sus declaraciones recientes sobre Honduras, infiriendo insurrección, guerra civil y militarización, prueban que sus palabras tienen la intención de profundizar, más que de solucionar la crisis. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias disputas entre periodistas y el Estado venezolano, falló que los funcionarios públicos tienen mayores responsabilidades en cuanto a sus pronunciamientos, ya que los dichos hostiles pueden exacerbar la intolerancia y animadversión, y "constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión". La Corte señaló que las restricciones a los dichos de los funcionarios, deben ser mayores en situaciones de conflictividad social, ante el peligro de que los riesgos puedan potenciarse. Lamentablemente, estos fallos no fueron acatados ni aprendidos. La polarización extrema que hoy se vive en Latinoamérica, no se debe tanto a la diferencia entre modelos políticos, sino al antagonismo de las palabras, dichas por presidentes irresponsables que no se comportan a la altura de su investidura, sino más bien, como agitadores de barricada.
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