Siete de cada 10 lempiras correspondientes a la deuda interna contratada por el gobierno fue aportado ilegalmente con recursos generados con el sudor y el esfuerzo de los afiliados a los institutos de pensiones. El gobierno del ex presidente Manuel Zelaya disparó durante 40 meses, según datos oficiales, la deuda interna en unos 8,268 millones de lempiras, de los cuales unos 5,787.25 fueron aportados por los institutos de pensión para cancelar el gasto corriente del Poder Ejecutivo.
Las cifras oficiales indican que el 70 por ciento del saldo de la deuda interna fue cubierto con las aportaciones de los afiliados a los Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) y del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema).
Según información brindada por el Banco Central de Honduras (BCH), las tres instituciones aportan un 70 por ciento de la creciente deuda interna que, por algunos momentos, inyecta recursos, pero que se perfila como un importante desafío para las finanzas públicas.
COMO LA ESPUMA
Cuando el gobierno del ex presidente Zelaya asumió el poder de la nación recibió un saldo de deuda interna en 6,950 millones de lempiras, pero en abril del presente año contabilizó 15, 218.4 millones. Los datos fueron brindados por la Secretaría de Finanzas y fueron actualizados esta semana por el Banco Central de Honduras. El gobierno del presidente Zelaya aumento 8,268 millones de lempiras, o sea un 119 por ciento respecto al saldo contabilizado a diciembre de 2005.
El subcordinador del Foro Social de la Deuda Interna de Honduras (Fosdeh), Raf Flores, advirtió que el creciente peso de la deuda interna puede acumular en el mediano plazo un monto similar al de la deuda externa del país. El gobierno anterior optó por elevar los volúmenes de deuda interna debido a su poco interés para suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que le permitiera adquirir recursos frescos, de largo plazo, años de gracia y tasas de interés en condiciones concesionales.
En cambio se recurrió a los referidos institutos de pensiones, a la banca local y a los tenedores privados que cobran tasas de interés que oscilan entre un 8% y un 11%.
En el “informe de la deuda pública”, publicado al primer trimestre de 2009, se indica que un 35 por ciento de los 15,218.4 millones de deuda interna fueron contratados a un plazo inferior a los tres años, un monto de 37 por ciento corresponde a un plazo mayor a los tres años e inferior a los 5, y el 28 por ciento restante se suscribió a 5 años.
EL IMPACTO
La ministra de Finanzas, Gabriela Núñez, estima que entre julio y diciembre del presente año se vencerán unos 5,500 millones de lempiras en bonos que serán cobrados por sus tenedores. Estas personas naturales y jurídicas cobrarán el capital más los intereses de la inversión efectuada.
Para el coordinador del Fosdeh, Mauricio Díaz, será prioritario para las autoridades de finanzas renegociar una ampliación de estos bonos. Aun así, cree que el gobierno enfrentará momentos difíciles para honrar estos pagos porque el país fue impactado por los efectos negativos de la crisis financiera internacional que aún perjudica a su principal socio comercial, Estados Unidos, y a Europa. Estos efectos se suman a la crisis política que estalló en el país a finales de junio del presente año. “Creemos que no todos los tenedores de estos bonos negociarán una ampliación y el gobierno tendrá que pagar su obligación”, expresó Díaz.
Datos de la Secretaría de Finanzas revelan un agotamiento del gobierno de Zelaya al momento de amortizar el capital y cancelar los intereses del saldo de la deuda.
El Ejecutivo canceló durante 2006 y 2007 casi 2,800 millones de lempiras anuales por concepto de capital e intereses, pero en 2008 se limitó a pagar 985.8 millones. El gobierno canceló entre enero y abril del presente año unos 409.7 millones de lempiras. El empleado del BCH, Saúl Medina, explicó que los institutos de previsión invierten en la compra de bonos, pero también brindan créditos al gobierno para inyectarle liquidez. Según la Secretaría de Finanzas, un 95 por ciento de la deuda interna del país se contrata vía bonos.
DEDOS CRUZADOS
El jefe de Finanzas del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Fausto Alexis Nieto, expresó que durante el presente año no se vencerá ninguna emisión de bonos que compraron para el fortalecimiento presupuestario del gobierno. “Se vencerá durante el año 2010 una emisión por 640 millones de lempiras y durante el 2011, otra emisión por 300 millones”, expresó. El gobierno anterior, según el subcoordinador del Fosdeh, pagó al Inprema la aportación patronal de los docentes y otras deducciones con la emisión de bonos. Este problema generó una crisis en el sistema de previsión de los docentes, que les evitaba contratar nuevos créditos. La respuesta de la dirigencia de los profesores fue la paralización de las clases y manifestaciones callejeras. El gobierno se comprometió a diferir unos 1,421 millones de lempiras en el transcurso del año. Nieto indicó que el gobierno ha cumplido con este compromiso hasta el 30 de junio del presente año y se espera que así continúe la administración del presidente Micheletti.
TESORERÍA NACIONAL SIN LIQUIDEZ DE DINERO.
El coordinador del Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh), Mauricio Díaz, indicó que es casi un hecho que este gobierno deberá recurrir al endeudamiento interno para cumplir con su principal compromiso: “pagar sueldos y salarios de los burócratas”.
El presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), Roque Rivera, expresó que el gobierno puede acceder a créditos ofrecidos por la banca privada de Estados Unidos.
LA CASA PRESIDENCIAL CONTABA CON 300 "ASESORES"
La nueva administración del presidente interino Roberto Micheletti detectó unos 300 empleados que formaban parte del personal “fantasma” contratado en la gestión de Manuel Zelaya. El nuevo ministro del staff presidencial, Javier Valladares, confirmó que la sede del Ejecutivo gastaba 6 millones de lempiras en pagos a nombre de estos ciudadanos que no iban a laborar, pero sus sueldos se emitían. La planilla de la Casa Presidencial ascendía a 400 trabajadores, pero solo 100, entre empleados directos con oficinas y enlaces, son los que cumplían su labor efectivamente.
Otra anomalía es que la administración de Zelaya solo reportaba pagos de tres millones mensuales, cuando en lo que realidad cancelaba eran 9 millones. La diferencia de 6 millones corresponde a los “trabajadores fantasmas”. “Simplemente no cuadra, revisamos la planilla de 2008 y la que conseguimos revisando la documentación y vemos que hay una diferencia de tres veces lo que se publicaba que se pagaba y lo que no”, dijo Valladares.
También indicó que se revisarán cuántos de estos trabajadores cumplían con sus labores para dejarlos en sus cargos y cesantear a los que eran “paracaidistas”, dado el increible desorden administrativo y contable que adolecía la administración de Zelaya en la Casa de Gobierno. “Los trabajadores que no se han presentado en Casa de Gobierno, se les buscará en sus casas para que digan dónde tenían sus oficinas y determinar de que nacionalidad son”, refiriéndose de soslayo a informaciones que denuncian la existencia de asesores venezolanos, cubanos y nicaragüenses en el gobierno de Zelaya.
El funcionario indicó que se encontró una cantidad supernumeraria de asesores que ganaban entre 40 mil y 80 mil lempiras, por lo que se procederá a depurar el listado para quedarse con lo necesario.
Otro derroche cometido por Zelaya en la Casa Presidencial fue la contratación de aviones y helicópteros que despegaban en secreto, sin informar la ruta de vuelo, destino conocido, cargamento y pasajeros transportados. Aseguró Valladares.
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