Así como el Gobierno difícilmente planificará y administrará bien los intereses del país si sigue manteniendo funcionarios ineficientes y corruptos, tampoco podrá avanzar de manera eficiente si no impone como política la meritocracia en el aparato estatal.
Sin embargo, ambos problemas continúan. Allí están los últimos escándalos que han comprometido incluso a ciertos miembros de la cúpula aprista. Y también la postergada reforma del Estado que, entre otras consecuencias, ha ocasionado que el Gobierno no sepa de manera cabal con cuántos empleados cuenta en planilla, es decir los pagados por la caja fiscal.
Esta información, proporcionada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), explica sin duda muchas cosas. En principio, los vacíos de una carrera pública que en realidad no existe y que ha sido reemplazada en los hechos por un conjunto de malas prácticas, sustentadas todas en la falta de un escalafón simplificado que propicia el nepotismo, el clientelismo político, las recomendaciones, tarjetazos o la reubicación y recontratación de personal con antecedentes cuestionables.
Ante esto, el Ministerio de Economía y Finanzas no debería postergar más la entrega de la partida que ha solicitado Servir, un millón de dólares, a fin de adquirir el software que necesita para elaborar un registro nacional de la burocracia que precise quién es quién en la administración pública, cuál es su récord profesional y, sobre todo, cuáles sus capacidades reales.
La falta de un registro tiene graves repercusiones. Contribuye a que el Estado siga siendo lo que los políticos han criticado por décadas: una estructura elefantiásica, que absorbe el presupuesto, traba la marcha económica con engorrosos trámites, es fuente de corrupción y tiende a servir a los intereses partidarios del gobierno de turno más que al ciudadano que paga sus impuestos y exige el respeto a sus derechos.
Sin un registro de funcionarios se traba también el justo reconocimiento salarial y no salarial de aquellos trabajadores dedicados y sobresalientes que existen en el aparato estatal; y del mismo modo se reducen las posibilidades de atraer a los mejores profesionales y cuadros que, en los últimos cuatro años, abandonaron la administración pública para recalar explicablemente en el sector privado en busca de mejores propuestas laborales.
Pero, además, como ha explicado la presidenta ejecutiva de Servir, Nuria Esparch Fernández, perjudica la capacitación del personal que, por lo menos en el caso de los equipos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), había venido otorgándose prácticamente a ciegas.
Es positivo, por ello, que Servir haya avanzado en este terreno, en la evaluación de los empleados públicos que trabajan en el SNIP en 27 sectores del Estado, como ministerios, gobiernos regionales y algunas municipalidades provinciales y distritales. No obstante, estos esfuerzos debieran articularse de manera global, con una reforma del aparato estatal que sigue pendiente y que era necesario aplicar con base en un eficiente planeamiento estratégico que involucrara a todos los sectores, con metas y ejes concretos; un ámbito en el que este Gobierno no ha hecho prácticamente nada, con las consecuencias que eso implica.
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