BOLIVIA: EVO MORALES INTERVIENE EL PODER JUDICIAL Y PROVOCA QUIEBRE DEL ESTADO DE DERECHO

La suspensión indefinida del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, Eddy Fernández, y la resolución de la mayoría oficialista (que es la expresión de la voluntad de Evo Morales) en la Cámara de Diputados de llevar a juicio político a la magistrada Rosario Canedo han dejado en jaque al poder judicial y debilitado el sistema democrático del país, en vísperas de las elecciones del próximo 6 de diciembre

La vocal Canedo se declaró en huelga de hambre al término de la bochornosa sesión de la Cámara de Diputados del jueves de la pasada semana, después de que la mayoría oficialista decidiera entablar un juicio político en su contra por presunta prevaricación y delito económico contra el Estado, a juicio de observadores independientes, cargos fabricados por el aparato policial y de inteligencia del gobierno de Morales. Ayer, Canedo tuvo que ser ingresada en una clínica privada de La Paz tras sufrir un desmayo, posiblemente como consecuencia de los ocho días de ayuno en la sala de sesiones de los diputados, donde reivindicó insistentemente su derecho a la defensa y a la justicia los que fueron violados sistemáticamente por los parlamentarios.

QUIEBRE DEL SISTEMA JUDICIAL BOLIVIANO 

La Corte Suprema se ha quedado con seis vocales de los 12 que tenía y no podrá tener quórum para elegir a nuevos jueces el próximo diciembre, como tampoco podrá atender la sala civil que estaba hasta ahora a cargo de Canedo. El Tribunal Constitucional cerró sus puertas por restricciones presupuestarias hace poco más de cinco meses. Se calcula que cerca de 10.000 litigantes en la corte y otros 5.000 en el tribunal se verán perjudicados.

La mayoría oficialista en el Parlamento y el Ministerio de Transparencia han emprendido una dura campaña supuestamente contra la corrupción, aunque algunos advierten saña en varios de sus verdaderos "objetivos", como son los casos de Fernández -tiene acumulados otros tres posibles juicios políticos que se presentarán en cuanto se dilucide este primero- y de Canedo -fue sobreseído anteriormente por el Senado; ahora se enfrenta a otro proceso-.

El presidente de la Corte Suprema está acusado por retraso de la justicia en varios juicios políticos contra ex altos cargos, entre ellos el del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio en octubre de 2003, y que ahora se encuentra en fase de testimonios de cargo.

Irónicamente, también hay un retraso de la justicia en el Parlamento, en el caso contra el presidente del máximo tribunal de justicia. Ya hace casi ocho semanas que un Tribunal de Sentencia, formado por senadores suplentes, no puede resolver las recusaciones contra todos los titulares, oficialistas y de la oposición, que fueron presentadas por los acusadores y por la defensa, lo que paralizó la acción del Senado en el proceso judicial.

Además de la inexperiencia de los suplentes en estas lides, los senadores sustitutos del oficialista partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS)  tenía órdenes del más alto nivel para evitar que el Tribunal de Sentencia contase con el número necesario de vocales para cumplir con la tarea asignada. Así lo denunció la senadora suplente del opositor Poder Democrático y Social (Podemos) Tomasa Yarhui, tras una fortuita confusión de voz en una conversación telefónica. Yarhui fue confundida con una militante del MAS por su interlocutora, que le advirtió que "son instrucciones del jefe que no hagamos quórum. Dile a la [senadora] Ortega que se salga" de la reunión, en la que se intentaba aclarar la situación.

Esta declaración, que fue grabada por Yarhui y difundida por medios locales, desató una ola de críticas contra el poder ejecutivo por su abierta injerencia en el Parlamento y contra los senadores suplentes del MAS por olvidar la independencia de poderes. La senadora indígena Yarhui incluso comenzó a recibir amenazas anónimas por teléfono.

El presidente de la Corte Suprema permanecerá suspendido probablemente hasta que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional -que se elegirá el 6 de diciembre-  defina su suerte, tal vez después del primer trimestre de 2010. Líderes políticos y profesionales de la justicia han expresado su temor de que la posibilidad de una presunta "muerte civil" a la que los dos magistrados pueden haber sido condenados por sus adversarios, se haga una realidad durante los cambios que se avecinan en las instituciones democráticas: nuevo Gobierno y nuevos parlamentarios.

En la Cámara de Diputados en La Paz, la vocal Canedo ha luchado contra las molestias derivadas de la privación de alimentos como, así como contra el acoso del oficialismo, que se tradujo en trabas para que le llegase ropa de abrigo, intentos de restringir el acceso de la prensa y prohibición de visitantes, como el propio presidente de la Corte Suprema, que es el tercer hombre en importancia del Estado boliviano. A todo esto se añade la circulación de rumores sobre su expulsión y supuestos plazos perentorios de los movimientos sociales para que abandone el hemiciclo bajo amenazas.

Y, por último, a todo ello se suma la desafiante huelga de un diputado del MAS, suspendida ayer y declarada, según sus palabras, contra la impunidad y por el patrimonio del Estado.

Canedo protesta por la conculcación de sus más elementales derechos ciudadanos. Se queja de que "no se han producido pruebas en la etapa preliminar. No se ha recibido mi declaración, como tampoco la del presunto denunciante, el magistrado Julio Ortiz Linares, que firmó conmigo el auto supremo", causa del proceso. Tampoco, añade, se atendieron otras medidas previas presentadas ante la comisión de diputados que veía el asunto.

Las autoridades oficialistas de la superintendencia de entidades bancarias y financieras, que apoyan el juicio, no mencionaron que en diciembre de 2008 Ortiz Linares firmó con Canedo el fallo a favor de los accionistas del Banco Sur (1994), que quebró, y lo liberaron del juicio por haber denunciado el caso, aun cuando ella esgrime la inexistencia de esa declaración en su contra y la no aplicación del fallo al no haber cancelación de montos.

La magistrada lamentó la "actuación arbitraria, dolosa, premeditada y diabólica" de la comisión de diputados que propuso la resolución acusatoria en su contra y consideró que la situación refleja "terrorismo de Estado y abuso de poder", y concluyó que no puede "pedir respeto a las leyes a una dictadura".

Una representación de Derechos Humanos de la ONU la visitó en la Cámara de Diputados para tener antecedentes de su drástica medida. Por su parte, los hijos de la vocal de la Corte Suprema anunciaron el envío de documentos del caso al juez español Baltasar Garzón para que constate las graves violaciones del Estado de derecho que se están produciendo en Bolivia.