Algunas de las principales iniciativas legislativas que suponen el cimiento de la política de seguridad ciudadana con el que el Gobierno colombiano busca consolidar los alcances de seguridad nacional en las ciudades.
La política de seguridad ciudadana que el Gobierno presentará la primera semana de octubre tiene su columna vertebral en un paquete legislativo que busca fortalecer la acción judicial de las autoridades frente a la criminalidad urbana.
Según el Gobierno, ese paquete legislativo será un “ingrediente más” dentro de la consolidación de la política de seguridad nacional, que tuvo una gran ofensiva en el sector rural en los ocho años del anterior gobierno.
Estará acompañado de otras disposiciones como el aumento de la fuerza en la Policía que, según el Gobierno, será de unos 45.000 nuevos agentes en las ciudades, y la creación de una consejería para la seguridad nacional y otra para la convivencia ciudadana.
La revista colombiana Semana.com conoció un borrador de las iniciativas legislativas que son objeto de estudio por parte del Consejo de Política Criminal (integrado por el Presidente de la República, los ministros de Interior y Defensa, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Icbf, y Congreso de la República). Se trata de 60 propuestas para ajustar el Código penal y de procedimiento penal, y la Ley de infancia y adolescencia.
Las iniciativas que este Consejo estudia consisten en la creación de nuevos tipos penales y el aumento de penas para algunos delitos ya existentes. Según el Gobierno, la intención es actualizar la legislación colombiana “a los desafíos de criminalidad en la ciudades”.
Según el borrador, estos serían los ajustes a los códigos y leyes para enfrentar la criminalidad en las ciudades.
Nuevos delitos
- Conformación y colaboración con organizaciones criminales.
- Apología de la rebelión.
- Usurpación fraudulenta de bienes inmuebles. Esta propuesta busca sancionar con cárcel aquellos establecimientos que tienen una razón jurídica y son utilizados, por ejemplo, para actividades vinculadas con el narcotráfico o la extorsión.
- Venta ilegal de medicamentos.
Aumento de penas
- Las propuestas incluyen el aumento de penas para delitos de porte y tenencia de armas de uso privativo de la fuerza pública.
- Se estudia sanción penal al consumo de la dosis mínima de droga, ya que en la reforma constitucional aprobada en el 2009 no es claro si la sanción es de tipo penal o se trata de una contravención al Código de Policía.
A propósito del Código de Policía, el Gobierno, a manera de complemento, pretende radicar en el Congreso una actualización de este código como complemento a la política de seguridad ciudadana.
Reformas al procedimiento penal
- Ampliar los términos del recurso ‘habeas corpus’, que actualmente es de 36 horas, y que es invocada cuando consideran que la privación de la libertad es ilegal. El Ministerio de Defensa y la Fiscalía defienden la tesis de ampliar los términos de detención con el propósito que la policía judicial y la Fiscalía tengan mayor tiempo de acción para presentar sus pruebas ante los jueces de garantías.
- Creación de jueces de garantías nacionales, algunos de carácter “ambulante”, con el propósito de que no sean los jueces locales los que tengan que decidir medidas de aseguramiento. Esta decisión adaptaría una medida del Gobierno pasado cuando declaró la emergencia judicial.
Reforma a la Ley de infancia
- Se estudia la propuesta de elevar de 21, a 25 o 30 años, el límite de edad de sanción para menores de edad infractores.
- Se contempla la posibilidad de facultar a los jueces de menores para que determinen si a los jóvenes infractores se les puede imputar delitos, mediante la realización de un perfil de conducta criminal.
El diseño
Durante la primera reunión del Consejo de Política Criminal, se descartó la propuesta del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, de sancionar penalmente a quienes paguen extorsiones. Sin embargo, sí se hará una labor pedagógica de persuasión.
En las próximas dos semanas se diseñará la iniciativa que será presentada ante el Congreso de la República. Uno de los miembros del Consejo de Política Criminal, senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), dijo que las discusiones sobre estas iniciativas se concentran en si vulneran convenios o tratados internacionales suscritos por Colombia, en materia de Derechos Humanos y legislación internacional.
“Hay algunas de las propuestas presentadas para estructurar los mecanismos jurídicos que se podrían enfrentar a esos tratados”, dijo Motoa.
El propósito del Gobierno es presentar esta herramientas en la primera semana de octubre, con el fin de acompañar la política de seguridad urbana que contempla adoptar modelos de fuerza y acción territorial contra las bandas criminales, y que han sido recogidos de las experiencias que le presentaron al Gobierno las autoridades municipales y departamentales del país.
Inteligencia, el otro componente
El presidente Juan Manuel Santos explicó que la nueva Política de Seguridad Ciudadana será un complemento de la Seguridad Democrática y que "va a ser implacable con el crimen y sus causas".
El Mandatario explicó que la inteligencia va a jugar un papel determinante al declarase un "convencido del poder de la inteligencia en la lucha contra el crimen”.
“El espíritu de esta ley fue fortalecer los controles, definir los propósitos y dirigir los esfuerzos de las diferentes agencias de inteligencia del Estado. Como Presidente le he dado instrucciones precisas a la comunidad de inteligencia para que de manera pronta y oportuna dé cumplimiento a los controles que impone la ley”, dijo Santos.
El Presidente explicó que en primer lugar se va a instrumentar el Centro de Protección de Datos que garantizará que los procesos de recolección, almacenamiento, producción y difusión de la información de inteligencia y contrainteligencia.
Tambièn se formulará, por parte de la Junta de Inteligencia Conjunta, el Plan Nacional de Inteligencia que defina claramente los objetivos de esta actividad, “que será el marco dentro del cual se llevarán a cabo los esfuerzos de inteligencia”.
Finalmente, el Jefe de Estado indicó que le ha solicitado a la Junta de Inteligencia que se reúna prontamente con la Comisión Parlamentaria de Seguimiento a la Actividad de Inteligencia, para que ponga en conocimiento de sus seis miembros la información que requieran para que puedan adelantar su labor de supervisión y control.
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