La refundación del sistema judicial, parte fundamental de la revolución emprendida por el presidente boliviano, Evo Morales, ha hecho sonar las alarmas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que afirman que el nuevo paquete legislativo que prepara el Gobierno vulnera los tratados internacionales y no garantiza el derecho fundamental a un juicio justo.
El Gobierno boliviano ha restado importancia a la petición de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), que ha reclamado que se modifique la nueva legislación que prepara el Parlamento para enmarcarla en el contexto de los tratados internacionales vinculantes suscritos por el Estado, con el fin de proteger los derechos básicos del ciudadano y la independencia del Poder Judicial.
"Aquí no se está aprobando una ley contra ningún ex presidente; lo que sí está en debate es una nueva ley de juicio de responsabilidades", afirmó Morales en una conferencia de prensa en La Paz y, aseguró que HRW es un "instrumento gran defensor del imperio norteamericano, que va a acusar de cualquier tema a los Gobiernos que buscan transformaciones en Bolivia". Morales explicó que la Asamblea Legislativa Plurinacional trabaja en la modificación de una ley del siglo XIX que regula los juicios políticos a funcionarios de alto rango, que ya fue revisada en dos oportunidades en los últimos 10 años.
La organización HRW ha solicitado al Gobierno que modifique dos nuevas leyes y un proyecto que vulneran normas reconocidas por el derecho internacional, entre ellas, el estar presente durante el juicio, el derecho de apelar cualquier fallo y la aplicación de la ley a partir de su promulgación, sin retroactividad.
La preocupación de HRW está centrada en el anunciado juicio contra los ex presidentes Jorge Quiroga (2001-2002), Carlos Mesa (2003-2005), Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) y el vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997) por presuntos delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y el uso supuestamente injustificado de "gastos reservados" con que todos los anteriores Gobiernos bolivianos contaron como respaldo económico.
El proceso judicial contra los ex gobernantes está pendiente ahora de la autorización que la Asamblea Legislativa debe aprobar, por dos tercios de los votos del Congreso, para que el Ministerio Público formule la imputación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El ex presidente Rodríguez Veltzé, que entregó el mando a Morales en enero de 2006, señaló que el documento de HRW se suma a varios otros pronunciamientos, tanto del exterior como locales, "que alertan sobre un paquete de legislación penal aprobado a título de 'emergencias' judiciales, que es regresivo en materia de respeto a los derechos humanos, particularmente en materia de las garantías universales al debido proceso y parece estar orientado más bien a fortalecer la estrategia de judicializar la política".
El documento de HRW recuerda al Gobierno boliviano que el derecho internacional prohíbe la aplicación retroactiva de disposiciones penales. Rodríguez Veltzé, obligado a dejar la presidencia de la Corte Suprema para asumir el mando de la nación en la peor crisis democrática en 2005, afirmó que "no se puede sancionar conductas que en el pasado no eran delitos y hoy, a título de lucha contra la corrupción, por ejemplo, se pretenda sancionar. Al contrario, en materia penal, el criterio es inverso, más bien la ley prevé que en el juzgamiento se debe aplicar la ley más favorable al acusado".
El vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, el primer aimara que llegó a ese cargo acompañando a Gonzalo Sánchez de Lozada en su primera gestión presidencial, afirmó que "la legislación boliviana confunde procesos políticos con procesos penales. Es cierto que todos los ex mandatarios debemos rendir cuentas de nuestros actos ante la ley. Pero una cosa es un tratamiento político, como el impeachment (imputación) norteamericano, y otra cosa es el tratamiento penal de algunas infracciones legales".
Cárdenas destacó que los trámites realizados hasta ahora, en el proceso que se impulsa desde el Parlamento, "hasta ahora fueron clandestinos, sin comunicarnos ni preguntarnos y supeditados al interés político partidario y al afán de venganza y represalia del Gobierno actual de Evo Morales", y, con ello, dificultar la presentación de descargos y aclaraciones desde las primeras fases del proceso. "Con la presentación oportuna de tales documentos e informaciones, se puede ahorrar tiempo y energía y afrentas innecesarias a la dignidad de acusados injustamente", afirmó Cárdenas.
El mayoritario grupo parlamentario del Movimiento Al Socialismo (MAS) que ahora trabaja contrarreloj para aprobar otras cinco leyes en un lapso de dos semanas mantuvo silencio respecto a la petición pública de HRW de que se garantice la independencia del Poder Judicial y se adapte la nueva legislación a los tratados internacionales que tienen carácter vinculante para el Estado boliviano.
"La ley anticorrupción es de vital importancia para los bolivianos para combatir este mal que ha afectado por tanto tiempo" a la sociedad y a la función pública, afirma el constitucionalista José Antonio Rivera, quien, sin embargo, muestra reparos, porque "sus normas contravienen estándares básicos" que rompen la armonía con tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dejan en el desamparo a los bolivianos.
El Gobierno boliviano ha logrado en un lustro la desarticulación de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y otros órganos del Poder Judicial, y en los últimos meses el reemplazo de la mayor parte de los magistrados por vocales designados por el presidente Morales. Morales dijo que aspira a contar con el Poder Judicial para completar su revolución en Bolivia.
La Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de aprobar, con la mayoría de dos tercios del gobernante MAS, leyes transitorias que le permitan ganar tiempo en relación con los plazos perentorios fijados en la Constitución Política del Estado, en su afán de apurar los cambios y transformaciones que busca el Gobierno del presidente Morales.
Las nuevas disposiciones han eliminado, por ejemplo, el derecho a juez natural (el magistrado territorial determinado por ley según el lugar donde sucedió el hecho o reside el ciudadano) reclamado con vehemencia por los magistrados de Santa Cruz, que vieron escaparse de sus manos los procesos contra líderes y ciudadanos de la región que fueron acusados de presuntos vínculos con el terrorismo, obligados todos a viajar a La Paz para declarar ante un fiscal de ese distrito. Es el caso también del ex gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, que pronto cumplirá 20 meses en prisión y sin juicio en la sede de Gobierno.
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