El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria considera, en una carta remitida al Gobierno venezolano, que el encarcelamiento de la jueza María de Lourdes Afiuni es "arbitrario", por lo que pide su liberación inmediata.
Jueza Maria Afiuni esposada es subida a un carro policial
Afiuni fue primeramente detenida y luego condenada, a raíz de la decisión tomada y comunicada por Hugo Chávez en publico mientras hablaba en su programa televisivo maratónico "Aló Presidente", pasando por sobre el sistema judicial. Sin investigación, sin orden previa. Comunicada la medida por televisión, la Jueza Afiuni fue inmediatamente detenida por orden directa de Chávez atropellando los más elementales principios de la separación de poderes en las democracias modernas. La Jueza había cometido el delito de resolver en derecho la libertad de un banquero acusado por el régimen venezolano.
"La privación de libertad de María Lourdes Afiuni es arbitraria" subraya la citada misiva, en la que precisa que su reclusión contraviene numerosos artículos de textos legales sobre derechos humanos.
Entre ellos, los artículos 3, 9, 10, 11, 12 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; los artículos 9,10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
"Los remedios adecuados, teniendo en cuenta el prolongado periodo de tiempo que ha estado privada de libertad, deben ser la liberación inmediata de la jueza, disponiéndose al mismo tiempo que reasuma el cargo de magistrada que ejercía hasta su arresto", resalta la carta.
Además, estima que tiene derecho a percibir los salarios que debería haber percibido durante el tiempo de "la separación forzada de su puesto", así como "alguna forma de reparación efectiva por los daños causados por la detención arbitraria".
La misiva remarca que, alternativamente, Afiuni tiene derecho a que un proceso de acuerdo a los estándares internacionales, y a gozar del "derecho humano a la libertad provisional".
La citada carta se aprobó el pasado 3 de septiembre, y se envió al Ejecutivo, después de que la detención de la jueza ya se hubiera declarado arbitraria un año antes por el mencionado grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
Y el pasado diciembre, tres expertos independientes de Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación por el arresto, y lo calificaron de "golpe del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la independencia de los magistrados y abogados en el país".
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