En marzo pasado, un informe del Departamento de Estado norteamericano confirmó un episodio hasta hoy desconocido de la guerra de Bush contra el terrorismo islámico. Con autorización oficial, la CIA practicó seguimientos, escuchas telefónicas y fotografías a árabes residentes en Iquique, Chile. Pero la colaboración se acabó cuando la agencia intentó secuestrar a un ciudadano libanés vinculado a Hezbollah y la policía civil chilena se negó a ser parte en el secuestro.
Por Luis Narváez y Javier Rebolledo / La Nación Domingo
Con indignación reaccionó la alta funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Chile, cuando se enteró de que el grupo de agentes de la Policía de Investigaciones se había negado a cumplir una misión que para ella y la CIA era fundamental: secuestrar en Iquique al ciudadano libanés con negocios en la Zona Franca, Arafat Ismail.
M. T. (este medio reserva el nombre completo a fin de resguardar su seguridad) había llegado a Chile días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas y al Pentágono.
En la memoria de los estadounidenses, y del mundo entero, estaba aún presente la traumática imagen del desplome del World Trade Center. Los servicios de seguridad norteamericanos redoblaron sus labores de inteligencia en zonas consideradas "sensibles", es decir, donde se sospechaba que Al Qaeda, ponía en peligro sus intereses. Ante los ojos de las autoridades de Washington, Chile y la región de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina eran unos de los principales focos de preocupación, porque allí se había detectado una la red de financiamiento que pudo haber participado en la planificación de los atentados del 11-S.
Pero, debieron transcurrir cinco años y medio para el de 30 de marzo de 2007, el Departamento de Estado norteamericano publicara un extenso informe, donde comunica detalladamente al Congreso de su país las actividades realizadas en todo el mundo a partir del 11/S de 2001, especialmente las de los últimos años.
Sobre Chile, Condoleezza Rice destaca que "funcionarios (chilenos) monitorearon posibles vínculos entre extremistas de la Zona de Libre Comercio de Iquique (Zofri) y los del área de la Triple Frontera, cuando aumentan los lazos comerciales entre ambas áreas".
Destaca, además, la cooperación desde un comienzo con Estados Unidos una vez firmados los convenios sobre la lucha antiterrorista tras los ataques en Nueva York y Washington. En la práctica, esto derivó en un intercambio no sólo a nivel policial, sino en la creación de un sistema que facilitó la intervención, en toda Sudamérica, de los organismos de inteligencia de EEUU, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, (CIA).
Y así fue como esa fresca mañana de marzo de 2002 un equipo de agentes encubiertos de la CIA en Iquique preparaba la que sería una de las acciones más audaces en la región. Los cinco personajes esperaban las órdenes del líder del grupo, una mujer robusta e impecablemente vestida, que se movilizaba en un vehículo con patente roja: era M. T.. Para el común de la gente, ella sólo cumplía labores diplomáticas, pero en verdad era la jefa de la CIA en Chile.
La relación con los hombres de Bin Laden
La agente estadounidense tenía una carpeta con las actividades de árabes, residentes en Iquique, que mantenían un creciente flujo comercial con la región de la Triple Frontera.
En el papel Assad Ahmad Barakat figuraba como uno de los principales sospechosos a cargo de construir una compleja trama financiera entre sociedades comerciales ubicadas en la Triple Frontera e Iquique. Así lo entendió la prensa internacional que, a partir de 2001, ya lo mencionaba como uno de los principales financistas de Al Qaeda.
Pero la información que tenía M. T. involucraba a uno de los más cercanos colaboradores de Barakat: Arafat Ismail, un ciudadano libanés residente en Iquique, que según ella estaba directamente relacionado con los mujaidines de Osama Bin Laden. Este personaje había arribado al aeropuerto de Iquique el 17 de junio de 2001.
Tales eran las sospechas sobre Barakat e Ismail, que cinco meses antes de la llegada de la jefa de la CIA, y del 11-S, el grupo de cinco agentes de la repartición de inteligencia, ya escudriñaba en Iquique cualquier acción sospechosa.
La Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), que en ese entonces dirigía el prefecto Luis Henríquez también tenía informes que apuntaban hacia Ismail. Según los antecedentes -a los que LND tuvo acceso- Ismail mantenía una casilla en el mismo banco estadounidense desde donde sacaba dinero Mohamed Atta, el mismo que el 11 de septiembre de 2001 piloteó uno de los aviones que impactó en el World Trade Center. En otras palabras, había serias sospechas de que Ismail formara parte de la célula que participó en los atentados en EEUU.
Tras meses de monitoreo de los agentes de la CIA, apoyados por los detectives de inteligencia de Investigaciones, llevaron a que la diplomática tomara una decisión radical para terminar con aquella red.
El plan que tenían los estadounidenses parecía simple. Harían todos los arreglos para que ingresara un avión de transporte indetectable a los radares. Aterrizaría a poca distancia de Iquique, en pleno desierto. Los policías chilenos debían cumplir con el trabajo operativo: apresar al libanés y transportarlo hasta el lugar. Ahí terminaba su labor. Si bien los estadounidenses no comentaron donde lo llevarían, señalaron que necesitaban urgentemente someterlo a un interrogatorio. Aunque nunca se conversó de manera explícita, los agentes de la policía civil sabían que su destino sería la cárcel de Guantánamo o algún centro clandestino.
Lo que sí se encargaron de asegurar los integrantes de la CIA es que Chile no se vería involucrado, ni siquiera de forma indirecta, en la operación. Se informaría oficialmente que Ismail había sido apresado dentro de las fronteras de Estados Unidos.
Como argumento a su favor, los estadounidenses contaban que cuando Arafat Ismail ingresó a Chile, entregó como domicilio privado el mismo departamento de calle Arturo Prat en que había fijado su residencia Barakat.
La presión que ejercieron los agentes de la CIA fue extremadamente fuerte. Al arduo trabajo de los seguimientos, escuchas telefónicas, fotografías y análisis a las empresas de los ciudadanos de origen libanés en Chile, ahora se sumaba la voluntad expresa de la inteligencia estadounidense de cometer una acción que, para los chilenos, era absolutamente ilegal y contraria al Estado de Derecho.
Financiamiento a Hezbollah
A través de un oficio secreto del 7 de noviembre de 2001, el entonces director de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, solicitó al Ministerio del Interior que aplicara la Ley 18.314 de Seguridad del Estado, lo que daría paso al nombramiento de un ministro en visita. En esa ocasión, Mery adjuntó una minuta secreta, firmada por el jefe de la Jipol, Luis Henríquez, donde se detallaba una serie de antecedentes recopilados por la inteligencia de Paraguay y la CIA. Ésta daba cuenta de la relación de un grupo de ciudadanos libaneses con pasaporte paraguayo, que habrían estado vinculados al atentado de la AMIA en Buenos Aires en 1994. Según la policía civil, los libaneses efectuaban un fluido intercambio comercial y constantes viajes a la ciudad de Iquique, que a simple vista no llamaban la atención a nadie.
El 9 de noviembre, el Ministerio del Interior aprobó el requerimiento de Mery y la corte nombró como ministro en visita a Juan Muñoz Pardo.
Apenas cuatro días más tarde, el juez citó a declarar en la causa al propio Henríquez. En su testimonio, el jefe policial señaló: "En el mes de mayo del presente (2001) recibí la petición de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica de activar planes de búsqueda de información relativa a verificar el comportamiento sospechoso en materia comercial de ciertos ciudadanos libaneses que tenían negocios en Ciudad del Este, en Paraguay, y residencia en Foz de Iguazú, Brasil. En atención a que se había interceptado información en el Medio Oriente de que se iba a producir un grave atentado a los intereses de Estados Unidos en alguna parte del mundo".
Además, señaló al juez que, luego de los atentados del 11 de septiembre, se dio cuenta de que la información que manejaban los estadounidenses era veraz. "Por lo tanto, extremamos nuestros servicios en esa zona, ya que en el correr de los días empezaron a aparecer informaciones en los países de Brasil y Paraguay, que indicaban las sospechas de que muchos de los ciudadanos que allí residen, enviaban importantes sumas de dinero, mencionando incluso millones de dólares a Hezbollah para financiar acciones terroristas en distintas partes del mundo, del cual no podría descartarse Chile", indicó Henríquez.
Aunque no lo declaró judicialmente -para mantener la mayor discreción en Iquique-, la policía civil decidió crear el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAET), una unidad de elite que respondía exclusivamente a Henríquez. Su misión se concentró en investigar a los ciudadanos libaneses que migraban constantemente a la ciudad, mezclarse con el entorno, seguir sus pasos y, también, reclutar informantes que permitieran desbaratar otra operación terrorista o entregar más datos sobre los responsables del 11/S.
Dicha unidad logró recabar una información aún más preocupante. Con los datos entregada por el Departamento de Control de Fronteras, analizaron los viajes de ciudadanos de origen libanés desde julio de 2001, detectando que cada mes llegaban y salían del país un promedio de tres individuos de esa nacionalidad: los lunes, miércoles y viernes. "Es dable señalar que el día viernes 7 de septiembre de 2001, hicieron abandono del país 11 ciudadanos de origen libanés y, desde ese día hasta el 19 de septiembre no se registró movimiento migratorio de personas del Medio Oriente a Iquique, reanudándose estos el 19 de septiembre", señala uno de los informes secretos.
LND se reunió con el ex jefe de la Jipol en un café de Ñuñoa, Santiago de Chile. Con el instinto policial intacto y pasados varios años de su retiro, Henríquez narró algunos pasajes de la investigación conjunta con la CIA. "Al principio creímos que era Hezbollah, pero luego nos fuimos dando cuenta de que las personas a las que seguíamos correspondían a Al Qaeda", señala. Era importante determinar si la célula investigada pertenecía o no a Hezbollah, puesto que está organización no debiera mantener vínculos con Al Qaeda. Ambas representan corrientes opuestas del Islam: la primera es shiita; la segunda, sunita.
Aunque Luís Henríquez declinó referirse a los planes de secuestro de Arafat Ismail, confirmó que hubo un momento en que las relaciones con M. T., la jefa de la CIA en Chile, se deterioraron gravemente.
Ahmed Barakat y la triple frontera
Recién comenzada la investigación judicial en Chile, el principal sospechoso era Barakat, ya que en ese momento se encontraba prófugo de la justicia paraguaya, procesado por los cargos de asociación criminal, apología del delito y evasión tributaria.
El informe secreto que el propio Henríquez entregó a Nelson Mery y que sirvió de base para que se nombrara un ministro en visita por posibles acciones terroristas, señala que "según la Secretaría de Prevención del Terrorismo de Paraguay, Barakat es jefe militar de Hezbollah en la triple frontera. De acuerdo a los antecedentes que maneja investigaciones, ingresó a Chile el 25 de junio de 2001, momento en que realizó los trámites para concretar su solicitud de residencia, registrando como domicilio particular Avenida Arturo Prat número 2748, departamento 11", Iquique.
De ahí en adelante las informaciones obtenidas por la policía chilena se combinaron con las de la CIA. Con una asombrosa habilidad, que llamó la atención de los estadounidenses, algunos de los detectives chilenos lograron infiltrarse dentro de la red de ciudadanos libaneses sospechosos de formar parte de la trama financiera del terrorismo islámico. Posteriormente, incluso lograron que un descendiente de árabes residente en Iquique, que trabajaba en las empresas relacionadas con Barakat, se transformara en informante pagado.
Con estos antecedentes, más la compleja trama de empresas que habían constituido los libaneses en Iquique, el 7 de noviembre de 2001 el ministro Muñoz dictó una orden de arraigo sobre doce ciudadanos libaneses residentes en nuestro país.
A cuenta del Tío Sam
Como las indagaciones se concentraban exclusivamente en Iquique, Muñoz entregó el caso a Jaime Chamorro, ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Eran los últimos días de noviembre del 2001.
De inmediato, el nuevo juez se informó de los antecedentes recopilados y se puso a trabajar con los mismos agentes de la DAET, que ya llevaban varios meses pesquisando las actividades de los empresarios libaneses de la zona. Chamorro dispuso la incautación simultánea de varios locales y bodegas de la Zofri, y practicó interrogatorios a los libaneses con orden de arraigo, pero no logró comprobar ningún ilícito, por lo que decidió levantar la medida cautelar.
Sin embargo, la decisión judicial no significó en la práctica que los efectivos de la Policía de Investigaciones cortaran el trabajo con la CIA. De hecho, mientras los agentes norteamericanos se hacían pasar por empresarios y se alojaban en los hoteles más costosos de la zona, como el Terrado Suite, los policías chilenos también trabajaban con identidades falsas.
Según fuentes allegadas al caso, el organismo de inteligencia estadounidense aportaba mensualmente 20 millones de pesos chilenos para financiar los gastos de los agentes chilenos en el norte. Con eso tenían suficiente para pagar arriendos de tres departamentos -que superaban los 600 mil pesos al mes- y así resguardar las identidades que habían creado con el mayor cuidado.
Uno de los policías que actuó en ese grupo recuerda la buena relación que tenían con los agentes de la CIA. "Ellos traían todo tipo de material electrónico. Cuando necesitábamos saber lo que sucedía al interior de una casa, les avisábamos, ellos entraban en un segundo, instalaban los micrófonos y luego nos entregaban los aparatos de escucha. Todo eso lo regalaban, aunque a cambio ellos solicitaban las grabaciones de las conversaciones", señala. Otro funcionario de Investigaciones, que participó como asesor en aquella operación, asegura que "también regalaron a la policía computadores personales Sony de última generación, del tamaño de una agenda y extremadamente delgados. En ese tiempo nada de eso se veía en Chile. Dentro del trabajo de inteligencia, esto es normal y forma parte de la cooperación y el intercambio entre los organismos".
EL PLAN MAESTRO
A estas alturas, ya entrado marzo de 2002, los funcionarios de la CIA eran cada vez más insistentes respecto a la necesidad de apresar a Arafat Ismail. Un testigo ocular de una tensa conversación entre la diplomática y uno de los jefes del grupo de policías chilenos aseguró a LND que "se hizo una petición explícita para que el equipo chileno apresara al libanés en el menor tiempo posible".
Pero los detectives se ciñeron la Constitución chilena y se excusaron señalando que no tenían una orden judicial ni razones concretas para sospechar que Ismail había cometido un ilícito en territorio nacional. La misma fuente, relató que "la funcionaria dijo que lo único que teníamos que hacer era agarrarlo y llevarlo para que ellos lo sacaran en un avión".
Los policías chilenos insistieron en que llevar a cabo esa acción importaba una abierta violación a los derechos de Ismail, lo que, según las mismas fuentes, a la larga resultó determinante para evitar el secuestro.
"No sólo era una acción ilegal y contraria al Estado de Derecho. Si hubiésemos colaborado, habríamos puesto al país en riesgo máximo de recibir una represalia de alguno de los movimientos islámicos fundamentalistas, como ha ocurrido en otros países", asegura un alto jefe policial de la época.
Los antecedentes con que cuenta este medio indican que los funcionarios chilenos que se negaron a cumplir la misión especial de la CIA, dieron cuenta al director de la Jipol, Luis Henríquez. A los pocos días, Arafat Ismail dejó el país por su cuenta y, en octubre de ese año, la funcionaria de la embajada de EEUU en Chile y encargada de la CIA abandonó el país.
Durante la invasión de Estados Unidos a Irak, en 2003, el Presidente Ricardo Lagos cuestionó la urgencia de esa guerra y ordenó a su embajador en Naciones Unidas, Juan Gabriel Valdés, votar en contra de una acción militar contra Irak en el Consejo de Seguridad. La decisión del ex Mandatario no sólo fue asumida corriendo el riesgo de que la Casa Blanca decidiera echar pie atrás al TLC con nuestro país, que debía firmarse por esos días.
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