El matrimonio Kirchner-Fernández viene actuando de la misma manera no con uno, sino con tres presidentes de Chile. Sin embargo, esta vez dañó el centro de la relación bilateral y la hizo retroceder en más de 20 años.
*Ascanio Cavallo
La Presidenta Cristina Fernández puede haber cometido un grueso error de cálculo al negar la entrega a Chile de Galvarino Apablaza, sospechoso de participar en el asesinato del senador Jaime Guzmán. Por cautelar esos dos o tres puntos de la izquierda radical para la proyectada reelección de su marido, podía perder dos o tres puntos de la centroizquierda, que ve el caso como un contrasentido en la política de justicia frente a la violencia.
El primer indicio es el inesperado revuelo que la decisión produjo en Argentina, la división que creó en el Congreso (y dentro del propio peronismo) y el enojo de buena parte de la opinión pública. El segundo son las explicaciones que la Presidenta ha tenido que ofrecer vía Twitter. Si pensó, como suele hacer el matrimonio Kirchner, que los actos de política exterior pasan piola, por ahora se le han ido de las manos.
El hecho de fondo, sin embargo, es que Fernández dañó esta vez el centro de la relación bilateral -la confianza mutua- y la hizo retroceder en más de 20 años. Poner en duda la justicia de uno u otro país significa poner en duda todo el resto. ¿Qué sentido tienen los intercambios comerciales, las inversiones, las migraciones, las maniobras conjuntas, el Tratado de Maipú, si uno cree que el estado de derecho del otro no es capaz de ser justo?
Otra pésima idea ha sido la de encubrir la decisión presidencial detrás de un organismo "autónomo", algo que no cree nadie ni a uno ni a otro lado de los Andes. Cualquiera sea la competencia profesional de los miembros del Conare, produjeron el peor de los reportes que sea posible imaginar. En lugar de ceñirse a argumentos de Derecho -que podría haberlos-, revolvieron, con pobre calidad lingüística, una mazamorra de argumentos psicológicos, familiares y emocionales que ofende, no ya la inteligencia jurídica del gobierno de Sebastián Piñera, sino cualquier inteligencia. Tanto, que el mismo reporte es el que le permitirá ahora a la UDI, y eventualmente al gobierno, presentar un abanico de reclamaciones ante organismos internacionales.
Entre ellos hay uno más importante de lo que parece: la Unión Interparlamentaria Mundial, cuya Comisión de Derechos Humanos se preocupa especialmente de las violencias ejercidas contra congresistas. En 1976, el senador uruguayo Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz fueron asesinados en Buenos Aires por una trenza de militares argentinos y uruguayos. En febrero de 2009, el gobierno de la Presidenta Fernández anunció a los cuatro vientos el enjuiciamiento del general Jorge Oliver Rovere como autor material de estos crímenes. En la Unión se pregunta en estos días cómo hará la Presidenta para explicar que el asesinato de Michelini es peor que el de Guzmán.
El reporte de la Conare es derogatorio no sólo para el gobierno chileno. También para Apablaza. Presentar a un comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se preciaba de ser la punta de lanza de la resistencia contra una dictadura feroz, como un sujeto asustadizo, que duerme mal y les teme a los pasos y a los gritos cercanos, como un hombre regresado a los cucos de la infancia, es casi denigrante. El Conare ha expulsado al "Comandante Salvador" del panteón del Che, Allende, Miguel Enríquez y, desde luego, Manuel Rodríguez, y no es difícil imaginar la decepción de quienes participaron en el FPMR frente a la descripción de sus jefes, ya no como combatientes, sino como una patota de pelafustanes traumatizados.
Otra cosa es la persona de Apablaza. El tiene derecho a desconfiar de la justicia chilena. Tiene derecho a procurar refugio, aunque el del Conare argentino sea tan poco heroico. Tiene derecho a estar con su familia. Tiene derecho a opinar que la democracia bajo la cual se cometieron los delitos de los que es sospechoso no era tan democracia. Incluso, tiene derecho a declararse inocente de tales delitos, y en ese caso su silencio sería otra más de esas infatuaciones militares que pueblan la historia universal de la derrota.
Pero el Conare no tiene derecho a interpretar esas circunstancias, y no lo tiene el gobierno argentino para refrendar tal interpretación sin dañar la relación bilateral. ¿Por qué no puede Chile saber la verdad del asesinato de Guzmán? ¿Por qué la Casa Rosada debe contribuir a su ocultamiento? La verdad, la simple verdad de los hechos, ¿cuándo dejó de ser revolucionaria?
El matrimonio Kirchner-Fernández viene actuando de la misma manera no con uno, sino con tres presidentes de Chile -Lagos, Bachelet, Piñera-, y no sólo con el caso Apablaza, sino con muchos otros temas. En el trasfondo se respira el aire avispado de quien cree que, bah, nada es tan importante, un par de abrazos (el embajador chileno con el argentino), una postergación de cita (los ministros, un mes más) y unos mensajes privados, y ya está. A propósito: ¿Qué hace el ministro Julio de Vido en la mina San José? ¿Piensa la Presidenta Fernández colgarse de la epopeya minera para simular que el agravio no ha sido tal? ¿Aparecerá De Vido, el hostigador oficial de los callados inversionistas chilenos y de todas partes, como el Golborne argentino en la televisión de Buenos Aires?
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