Los altos precios del metal rojo han acumulado entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones en excedentes originados por la Ley Reservada del Cobre destinada a financiar las adquisiciones de armas y otros suministros de las Fuerzas Armadas.
*Francisca Skoknic, CIPER Chile
Los principales beneficiados con ese dinero son bancos locales que reciben cuantiosos depósitos a plazos a través de licitaciones vía e-mail. El sistema lo administra una mesa de dinero operada por el Consejo Superior de Defensa Nacional, entidad cuestionada por su falta de experiencia en gestión financiera. El ministro de Defensa, Jaime Ravinet, niega que existan riesgos, pero anuncia cambios para aumentar la rentabilidad.
De las normas secretas que aún existen en Chile, la Ley Reservada del Cobre es sin duda la más importante. A través de ella se captura un 10 % de las ventas del cobre chileno, se financian las compras de armamento y suministros para las Fuerzas Armadas y, por el secretismo que rodea este tipo de adquisiciones, hay un punto del que poco o nada se ha hablado: la administración de los cuantiosos excedentes que se han acumulado desde que el cobre iniciara su escalada alcista.
Desde 2005, cuando el gobierno del Presidente Ricardo Lagos decidió repatriarlos, estos fondos han beneficiado principalmente a un selecto grupo de bancos locales, los que captan ese dinero en depósitos a plazo que son licitados vía e-mail. Para el 2009, por ejemplo, el Banco de Chile podía recibir hasta $300 mil millones (unos US$ 680 millones a diciembre de ese año).
Puede que el adjetivo cuantioso se quede corto a la hora de dimensionar los montos. Aunque la reserva de la ley impide conocer la cantidad exacta, la cifra revelada por fuentes que han tenido acceso a ella oscila entre los US$ 2.500 y US$ 3.000 millones. Esto aún después del terremoto, cuando el gobierno acordó con las Fuerzas Armadas el retiro de US$ 1.200 millones, la mitad de los cuales se gastarían en reparar daños sufridos por infraestructura castrense y el resto en la reconstrucción general.
El manejo de estos recursos es responsabilidad del Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena), ente asesor presidencial que, en palabras de distintas autoridades que conocen su funcionamiento, opera una verdadera mesa de dinero donde se decide la forma en que se invierten los excedentes de la Ley Reservada del Cobre. Las mismas fuentes alertan sobre el riesgo de que el manejo no esté en manos especializadas ni bajo una supervisión al nivel que exige la magnitud de esos recursos del Estado.
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