El ingeniero Angel Cadelli, ex vicepresidente del Astillero Río Santiago, prestó declaración testimonial en la causa judicial sobre presuntos sobornos que habría recibido la Armada argentina para firmar un contrato de compra del diseño de buques patrulleros al consorcio alemán Ferrostaal. En la audiencia reiteró que la propuesta que presentó para construir los buques era de 100 millones de dólares menos a la que negociaba la Armada con los alemanes y que a pesar de eso nunca fue tenida en cuenta.
Participaron del procedimiento judicial dos abogados de la empresa germana y un letrado de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina, además de dos funcionarios del juzgado federal a cargo del magistrado Ariel Lijo, que tiene a cargo la investigación del caso.
La causa se inició cuando La Capital publicó el 10 de junio pasado el testimonio de un testigo arrepentido de identidad reservada, un alto ex ejecutivo de Ferrostaal, con sede central en Essen, Alemania, que reveló en Munich cómo fue el circuito de un soborno de 218.750 euros que habrían recibido funcionarios de la Armada para viabilizar el contrato de los planos de los barcos.
El Ministerio de Defensa denunció penalmente a ocho militares, funcionarios y empresarios argentinos y alemanes por cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional y pidió ser querellante en esa causa, situación procesal que aún no fue resuelta por el juez Lijo. El fiscal consideró que había mérito para iniciar la investigación y los imputó a todos los denunciados por esos probables delitos.
También, y en forma paralela, se inició otra investigación judicial, que lleva adelante el magistrado Norberto Oyarbide, por sospechas de una licitación digitada a favor de la misma empresa Ferrostaal para proveer de motores a la fragata Libertad, buque escuela de la Armada. En esta otra causa, siete altos oficiales de esa fuerza fueron imputados por administración fraudulenta, estafa y negociación incompatible con la función pública.
Entre ambas causas, la de la compra del diseño de los buques patrulleros y la de los motores de la fragata Libertad, hay 14 personas acusadas de diversos ilícitos.
Cotización más baja. Durante las tres horas y media de declaración testimonial en los tribunales porteños de Comodoro Py el ingeniero Cadelli, hoy en funciones no directivas en el Astillero Río Santiago, ubicado en Ensenada y de propiedad de la provincia de Buenos Aires, volvió a detallar la cotización que había hecho para construir en 2006 cuatro unidades del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM). “Por el diario La Capital nos enteramos de que Ferrostaal negociaba con la Armada un contrato de entre 230 y 250 millones de euros para hacer los barcos, cuando nosotros habíamos cotizado 100 millones de dólares menos por el mismo trabajo”, le dijo ayer Cadelli a este diario.
Cadelli se refería a la revelación de un testigo alemán arrepentido que dio esa cifra en su testimonio ante los fiscales de Munich, que también investigan a Ferrostaal por casos similares de corrupción en varios países. “Nadie ha salido a desmentir el valor de 230 a 250 millones de euros por el contrato. Ni la Armada, ni Ferrostaal, por lo que le otorgamos veracidad”, dijo Cadelli.
En realidad, ese contrato millonario con la empresa Ferrostaal nunca llegó a materializarse, pero sí otro menor por unos 3,5 millones de euros, para lo cual los alemanes le habrían pagado a los negociadores argentinos entre el 6 y 6,5 por ciento en sobornos.
Los trabajadores del astillero estatal enviaron sendas cartas a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la ministra de Defensa Nilda Garré para reclamar se adjudique a Río Santiago la construcción de los buques, por los cuales la Armada ya pagó 3.230.000 euros al astillero chileno Asmar para el desarrollo conjunto de los barcos, que todavía no comenzaron a construirse. Ese desembolso comenzó en 2007 y mientras la Armada nacional todavía no tiene ninguno en servicio, Chile ya cuenta con dos en operaciones, el “Piloto Pardo” y el “ Comandante Toro”, además de otros dos en construcción.
Estas naves se utilizan para patrullar las aguas jurisdiccionales y evitar la pesca ilegal, entre otras funciones. Su diseño está basado en los patrulleros alemanes BGS (Bundesgrenzenschutz) que el astillero Fassmer construyó para la marina alemana.
El juez Lijo espera que la Fiscalía de Munich le remita, vía exhorto diplomático, una copia oficial de la declaración del testigo arrepentido, para avanzar en la investigación de la causa judicial.
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