A las 17.15, el arzobispo de la iglesia católica Ricardo Ezzati comenzó a pasearse, solo e intranquilo, por los pasillos de la casa pastoral Betania de Concepción, donde ayer se efectuaron las conversaciones entre el gobierno y los 33 mapuches en huelga para una solución al ayuno que hoy suma 79 días.
El prelado de Concepción acababa de señalarles a los representantes de los comuneros que una negativa al ofrecimiento del Ejecutivo -de retirar las querellas por ley antiterrorista para desactivar el movimiento- pondría fin a este proceso de conversaciones, en que él oficiaba como mediador.
Pese a que había un documento de acuerdo de cuatro puntos listo para ser firmado, 30 minutos después el vocero de los mapuches detenidos en Angol, Rodrigo Curipán, comunicaba oficialmente que la huelga de hambre se mantenía en pie y que, debido a que no les bastaba el ofrecimiento del Ejecutivo, emplazaban al Ministerio Público y al Congreso a sumarse a las conversaciones, en busca de asegurar igual disposición de esos poderes del Estado.
"No me corresponde a mí constituirme como facilitador de diálogo con otros poderes, eso sería una arrogancia de parte mía. Mi etapa en este sentido concluyó. No depende de mí si sigo en esto, porque fui facilitador del diálogo entre el Poder Ejecutivo y los comuneros en donde ya se les presento lo que solicitaban", dijo Ezzati, tras el encuentro que se prolongó tres horas.
El fracaso en las conversaciones se produce tras una confrontación de posturas entre los comuneros mapuches de la VIII Región y los de Temuco, siendo este último el mas duro.
"Lamentablemente, las posiciones no fueron uniformes dentro de todos los representantes (mapuches) y eso indudablemente que influye a la hora final de un acuerdo", afirmó el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, quien ha representado al gobierno.
Alvarado insistió en que resultaría inconstitucional inmiscuirse en otro poder del Estado, por lo que las nuevas demandas de los comuneros escapaban al ámbito del gobierno.
Al respecto, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, dijo ayer que la recalificación de las querellas "es un problema que excede con creces lo que es un proceso penal".
Horas después, en Canal 13, señaló que "ha habido víctimas, de los ataques perpetrados por los comuneros, que nosotros tenemos la obligación constitucional de representar".
División de comuneros
Mientras los representantes de los comuneros de Concepción y Lebu eran proclives a firmar un acuerdo, voceros de Angol y Temuco insistieron en que el Ejecutivo les garantizara interceder ante la fiscalía para recalificar los delitos.
Rodrigo Curipán, Erick Millán y el lonco de Angol, Víctor Queipul -quien tiene a su hijo y un hermano detenidos- son los representantes más reacios a la suscripción de un acuerdo. En tanto, los voceros de Concepción, Natividad Llanquileo y Pamela Pessoa (pareja del líder de la CAM, Héctor Llaitul), eran proclives al término de la huelga.
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