En el curso de su reciente visita al Paraguay, el infatuado secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, tuvo la descortesía y el poco tacto de destratar al país anfitrión y a sus ciudadanos, a quienes de manera solapada acusó de haber caído víctimas de alguna suerte de paranoia; una perturbación originada, según él, en el hecho de ser aquí donde “se le presta más atención a Hugo Chávez en el continente”, lo cual resulta sintomático de un posible trastorno, puesto que él “en pocas partes escucha hablar” del faccioso presidente caribeño.
Editorial ABC Color
Los infortunados comentarios del presumido burócrata internacional son, en realidad, propios de un empleado de los gobiernos de turno de la región; de allí que se dedique casi con exclusividad a deshacerse en elogios a los presidentes de cada país que visita, sin tener la más mínima consideración sobre la suerte de los pueblos ni sobre la vigencia de la institucionalidad democrática en ellos, la cual, como se lee todos los días, es permanentemente atropellada en la atribulada República de Venezuela.
En verdad, no es que los paraguayos nos ocupemos demasiado de Chávez, sino que es el doctor José Miguel Insulza quien no les dedica toda la atención que debiera (ni parece importarle) a las calamidades y atropellos en sus derechos que padecen indefensos ciudadanos venezolanos por parte de su egocéntrico y autoritario presidente.
Los paraguayos no inventamos ninguno de los excesos cometidos por Hugo Chávez. El es quien cercenó la libertad de expresión de su pueblo clausurando docenas de radios privadas y canales de televisión, hecho que ha sido certificado y condenado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Afortunadamente, dicha comisión es un órgano autónomo de la OEA, y no depende del secretario general de la misma; de lo contrario, seguiría su genuflexa conducta.
Es de recordar que por haber tímidamente criticado al cuestionado presidente de Venezuela cuando este decidió clausurar Radio Caracas Televisión (RCTV), el mismísimo titular de la OEA fue tratado de “insulso y pendejo” por Chávez, ofensa indigna que Insulza tuvo a bien “pasar por alto” con tal de obtener el voto del régimen de Caracas para conseguir su reelección a mediados del presente año. Sin embargo, logrado ya su objetivo, muchos tenían la ilusión de creer que el Secretario General por fin cumpliría con sus obligaciones y exigiría el respeto de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela. Vana suposición, porque el empleado de ayer siguió optando por la actitud sumisa y subordinada.
El primer artículo de la Carta Democrática Interamericana establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Hugo Chávez incumple abiertamente este mandato continental, no solamente limitando de forma severa la vigencia de la libertad de expresión, sino también persiguiendo, encarcelando o forzando a optar por el exilio a muchos de sus adversarios políticos, entre quienes se destaca incluso un ex candidato a la Presidencia de la República, Manuel Rosales, actualmente asilado en Perú, donde buscó refugio.
Muchos gobiernos de la región y del mundo, así como organismos internacionales que actúan con seriedad y respeto por su propia reputación, han denunciado a lo largo de estos casi 12 años que Hugo Chávez lleva en el poder los abusos por él cometidos. No es Paraguay ni somos los paraguayos, que lo sepa el irrespetuoso Secretario General de la OEA, los que inventamos las amenazas belicosas del arbitrario mandatario venezolano, los que denunciamos su indisimulado apoyo a los guerrilleros colombianos, los que acusamos su grave injerencia en los asuntos de otros Estados de la región.
En todo caso, de lo que puede “acusarse” a los paraguayos es de defender cabal y convencidamente nuestro sistema de vida basado en el respeto por la libertad y la democracia; de ser celosos defensores de un régimen sustentado en la pluralidad y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales para todas las ciudadanas y ciudadanos sin distingo de banderías o ideologías políticas; de evitar a toda costa cualquier retroceso que nos conduzca de nuevo a la oscuridad de la tiranía que nos tocó soportar estoicamente –con sangre, sudor y lágrimas– durante más de tres décadas ininterrumpidas.
Por lo tanto, se trata de la salvaguarda de cuestiones esenciales del régimen republicano, con la cual el doctor Insulza debiera mostrarse sumamente comprometido, al menos si le interesara dar cumplimiento a los mandatos que para él se derivan de la propia normativa interamericana. No obstante, tanto sus manifestaciones como sus actos lo ubican en el peligroso y pusilánime terreno al que lo conduce su torcida interpretación de la neutralidad, una conducta propia de un Poncio Pilatos.
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