La solicitud afecta al almirante MGP Antonio Ibárcena Amico ex-Comandante General de la Marina de Guerra del Perú durante el segundo período presidencial de Alberto Fujimori, su esposa Marcela Dworzak y uno de sus hijos Marco Antonio Ibárcena Dworzak, ya solicitado anteriormente por la justicia peruana por el presunto delito de complicidad en enriquecimiento ilícito, ya que se le descubrió un depósito por un millón 47 mil 241 dólares en el Banco Internacional Prudencial Bache de Luxemburgo a nombre de la empresa Southland Securities Inc, cuyo beneficiario es su propio padre. Todos con residencia actual en la comuna de Vitacura en Santiago.
Almirante MGP Antonio Ibárcena Amico ex-Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, en circulo rojo
Quienes estarían involucrados en una red de corrupción de compra de material bélico con cuentas en paraísos fiscales, donde no sólo estaba involucrado Vladimiro Montesinos, sino también otros militares en servicio activo en las filas castrences peruanas y empresarios de la misma nacionalidad e incluso el conocido traficante de armamento, Moshe Rothschild.
La petición de la fiscalía peruana ingresó la semana pasada a la Corte Suprema de Chile.
Desde que Alberto Fujimori dejó el poder huyendo a Japón y su principal adlater, el jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos fue encontrado en Venezuela en 2001, la Fiscalía peruana ha usado todos los recursos investigativos a su alcance para desentramar la red de lavado de dinero que ambos construyeron en distintos países del mundo.
El Ministerio Público del Perú ha buscado y probado que bajo la figura de las triangulaciones a través de Panamá, Europa, África, Estados Unidos y los paraísos fiscales se movieron unos US$ 600 millones producto de tráfico de armas y sobornos que fueron blanqueados en al menos unas 70 cuentas distintas.
Por esta razón la fiscalía busca en Chile a una de las operadoras de esta “red mafiosa fujimontesinista”, como la denominan los medios peruanos.
El organismo perseguidor penal peruano envió una solicitud de extradición a Chile para que la justicia detenga y envíe a Perú a Marcela Dworzak, a fin de que responda en una investigación abierta por el delito de blanqueo de capitales luego que le detectaran US$ 2 millones en una cuenta en Panamá a nombre de la Fundación Estelamar, de la que es su principal ejecutiva y representante legal.
Suerte en el juego
Esta no es la primera vez que la fiscalía peruana solicita la extradición de uno de sus ciudadanos radicados en Chile con vínculos con el lavado de activos de la era Fujimori. El año pasado la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema, rechazó enviar a su país de origen a Marco Antonio Ibárcena Dworzak, hijo del ex militar y la requerida, por los mismos ilícitos.
Fuentes allegadas al caso indicaron que hasta ahora no se descarta que esos mismos dineros hayan sido invertidos en Chile, por lo que el Ministerio Público bien podría iniciar una indagatoria.
De esta manera el máximo tribunal confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el entonces ministro Milton Juica (hoy presidente de la entidad), quien argumentó que no se dieron los presupuestos de incriminación, es decir, Ibárcena Dworzak no podía ser el encubridor de sus padres por el vínculo consanguíneo.
Ibárcena Dworzak, actualmente vive en un acomodado sector de la comuna de Vitacura -donde también viviría su madre-, previa residencia en Estados Unidos.
El ahora hombre de negocios y ex comandante de la MGP siempre ha sostenido su inocencia. De hecho, mantiene una página web donde explica la falta de debido proceso de que ha sido objeto en su país de origen.
En síntesis, asegura que la Fiscalía olvidó tomar en cuenta que su familia poseía activos heredados y que ninguno de esos dineros proviene de actividades ilícitas, "porque su mujer tenía mucha suerte en los juegos de casino", según publicó el diario peruano La República.
El pedido de extradición que ingresó la semana pasada a la Corte Suprema chilena debe ser derivado a un ministro de la instancia, quien deberá ver si ordena la detención de Marcela Dworzak o bien la mantiene en libertad e inicia la investigación para determinar si las imputaciones permiten acreditar los delitos por los cuales es requerida.
El ex presidente Alberto Fujimori fue extraditado en 2007 desde Chile, luego de un largo proceso por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.
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