A raíz de escándalo surgido por el descubrimiento de las actividades de espionaje realizado por la empresa privada Bussines Track, y sus vinculaciones con miembros de la Marina de Guerra de Perú. Se detectaron actividades de interferencia de comunicaciones telefónicas y electrónicas tanto a empresarios peruanos, miembros de las Fuerzas Armadas de Chile y Ecuador y hasta la propia presidenta de Argentina Cristina Fernández. Uno de los principales implicados denunciados por las actividades de espionaje peruano a Chile, es el ex agregado naval de la Marina de Guerra del Perú acreditado en la misma embajada peruana en Santiago de Chile, durante los años 1997 a 1999. Luego de estar desarrollando una trayectoria en Inteligencia Naval desde 1979. Una vez terminada su misión en la embajada peruana en Santiago, ingreso directamente al staff de la Dirección de Inteligencia Naval de la Marina peruana. Me refiero al Capitan de Navio Elias Ponce. Chile con justa y lógica razón debe preguntarse si desde la Agregaduría de Defensa y Militar de Perú en Chile, radicada en la misma embajada peruana, el funcionario militar a cargo Coronel Jorge Vargas Ortiz, el Agregado de Defensa Adjunto de Perú en Chile Capitán de Fragata Percy Antonio Ramírez Rodríguez, el Agregado Naval de Perú en Chile Capitán de Navío Eduardo Cochella Maldonado o el Agregado de Defensa y Aéreo de Perú en Chile Coronel Charles Enrique Lambruschini Acuy están también desarrollando actividades de espionaje a las FFAA chilenas al igual que su antecesor.
En una entrevista a un periódico peruano, el congresista Oswaldo Luizar Obregón denuncio que la jueza a cargo de la investigación judicial no ha prestado la colaboración suficiente a la investigación del Legislativo. Más aún, ha entorpecido dicha investigación. La razón a juicio de los congresistas y citando informes de inteligencia, sería que en los audios incautados a Bussines Track, se encuentran comprometedoras conversaciones telefónicas y electrónicas que vinculan a no solo funcionarios del actual gobierno de Alan García, si no además a altos magistrados del poder judicial peruano, , congresistas, abogados, empresarios de alto nivel, todos ligrados a tratos ilegales con bandas de narcotráfico, espionaje industrial, interferencia y trafico de influencias a favor de delincuentes, bandas falsificadoras de dinero, vendetas personales y hasta venganzas personales domesticas. Todas vinculando y comprometiendo a lo mas alto de la estructura de gobierno, empresariado, agentes de la Ley, magistrados y poder judicial peruano.
Según el informe de inteligencia citado por Obregón, en el Perú actualmente la Marina de Guerra se encuentra vinculada vía funcionarios en servicio activo a tres empresas más dedicadas al barrido electrónico, interferencia de comunicaciones, interceptación y espionaje, tanto telefónico como a medios electrónicos. Las tres empresas detectadas están formadas por personal de la Marina de Guerra activos y retirados. Estableciéndose que la Marina de Guerra, como parte de una operación de inteligencia naval, comenzó a montar al menos cuatro a seis empresas de fachada, una de ellas al descubierto, destinadas primariamente a espiar a las FFAA ecuatorianas y chilenas. Luego en el andar de sus operaciones, decidieron vender esos mismos servicios a altos empresarios, y la madeja se comenzó a entramar como una gran red de espionaje a toda la estructura de elite peruana.
Los dineros recaudados ilícitamente por la Marina de Guerra de Perú que vende aún los servicios de espionaje al sector privado, parten desde los US$3.500 dólares, por un simple barrido electrónico.
Lo que demuestra que la sociedad peruana, y especialmente sus FFAA aún tienen un largo y difícil camino que recorrer, en lo que se refiere a la dignidad, profesionalismo, moralidad y apego al derecho y bien común.
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